Canarias advierte que cualquier iniciativa de Sanidad en recursos humanos debe ir acompañada de financiación

La consejera se ha mostrado escéptica con la medidas que pueda plantear el Ministerio para hacer frente al déficit de profesionales

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J.P.R.
La reforma del estatuto marco o la puesta en marcha de un plan nacional de recursos humanos requiere de financiación. Así lo entiende la consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, que ha participado en los desayunos sociosanitarios de Europa Press. “Todas las medidas que puedan venir son estupendas, pero todas deben venir acompañadas de un presupuesto, una ficha financiera, sin ficha financiera no hay realidad”, ha explicado Monzón.

La consejera se ha mostrado escéptica con la medidas que pueda plantear el Ministerio para hacer frente al déficit de profesionales. “No podemos venirnos arriba y de repente tomar unas medidas que no podemos afrontar económicamente a día de hoy en ninguna comunidad”, ha añadido. La consejera lanzó sobre la mesa unos cálculos que ponen en evidencia las tensiones presupestarias que sufren las tensiones presupuestarias. En la actualidad, Canarias destina a Sanidad 4.700 millones de euros, un 40% del presupuesto totald e la región. Solo a recursos humanos se dedican más de 2.000 millones de euros.

En materia de recursos humanos, Canarias trabaja en la estabilización de 12.500 profesionales

La intervención de la consejera se produce en un momento marcado por la estabilización de plantilla que está llevando a cabo el Servicio Canario de Salud. El Gobierno insular prevé estabilizar 12.500 plazas de profesionales sanitarios antes de que finalice este años. DE esta cifra 512 corresponden a especialistas médicos. El objetivo es lograr retener a 170 residentes de los cerca de 220 que finalizan este año su formación en el archipiélago. El resto de plazas están destinadas “a médicos que ya están en el sistema y que queremos que se queden. Se trata de que tengan calidad de vida para que puedan dar calidad de vida y también calidad en la atención asistencial”.

La consejera hizo también hincapié en atención primaria. Monzón incidió en que Canarias no sólo ha sido de las primeras comunidades autónomas en cubrir sus plazas de formación de MIR en primaria, sino que todos los MIR de este nivel asistencial que finalizaron este año su formación en la Gerencia de Tenerife y casi todos los de la Gerencia de Gran Canaria se incorporan ya a sus puestos de trabajo en los centros de salud y consultorios locales.

Una de las medidas que ha estado encima de la mesa especialmente desde la pandemia es la homologación de títulos de medicina extracomunitarios. Monzón advierte de que debe haber un criterio nacional y que en ningún caso la homologación debe corresponder a las comunidades autónomas.

Ley de Gestión Pública

La consejera de Sanidad se ha mostrado también escéptica con la Ley de Gestión Pública en la que trabaja el Ministerio de Sanidad. “No nos hacen falta tantas leyes. Deberíamos hacer una ley que realmente se cargue todas las leyes y hacer todo el sistema público mucho más accesible y fácil”.

Precisamente estos meses la consejera ha recibido críticas por reducir las listas de espera a tarvés de los conciertos con la sanidad privada. “Concertar no es privatizar. Se trata de usar todos los recursos públicos y privados. Hemos bajado el gasto en conciertos al 5,5%, cuando el año pasado, con el anterior Gobierno, era del 6,2%”. La consejera ha destacdo que esta reducciónd epresupuesto se ha conseguido a pesar de la actualización de la orden de precios que no se renovaba desde 2013.

Lo cierto es que Canarias en el último informe del Ministerio de Sanidad ha dejado de ser la comunidad autónoma con mayor demora. El tiempo de espera para intervenciones se sitúa en 127 días, un día menos que la media nacional. “Siempre va a haber lista de espera pero un tiempo factible es 90 días y creo que lo podemos alcanzar”, explicó.

Asistencia a la inmigración

Monzón ha lamentado la falta de ayudas desde el Gobierno central para la atención sanitaria de los inmigrantes. La región se ha visto obligada a crear equipos a pie de playa en todas las islas para atender a estas personas, ya que Cruz Roja no puede asumir en la actualidad esta situación. El coste asciende ya a 30 millones de euros. La consejera ha trasladado por carta su preocupación a la ministra de Sanidad pero de momento no ha recibido respuesta.

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