P.M.S
El mutualismo administrativo es el mecanismo de cobertura del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, a través de Muface, Mugeju e Isfas, de los que cerca de 1,68 millones eligen la sanidad privada (cerca del 78% del total). “La financiación es pública y los beneficiarios eligen cada año recibir provisión pública o privada. En 2022 optaron por la sanidad privada el 73,2% del colectivo de Muface, el 78,7% de Mugeju y el 91,5% de Isfas”. Así lo pone de manifiesto el Observatorio del sector sanitario privado 2024, publicado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).
Muface es la mutualidad con mayor número de mutualistas (65,2% del total), seguido de Isfas (30,5%) y Mugeju (4,3%). “En el periodo 2018-2023, la tasa de crecimiento
compuesto del número de mutualistas es negativa, debido a que hay un cambio de elección en los tramos de asegurados de mayor edad“, indica el informe. En 2023 el volumen de primas de AA.PP. alcanzó un total de 1.701 millones de euros, inferior a los 1.733 millones de euros del año 2022. En el periodo entre 2018 y 2023, la tasa de crecimiento anual (CAGR) es de 1,33%. IDIS señala que se observa un aumento durante el año 2022 en el volumen de primas, impulsado por la entrada en vigor del nuevo convenio firmado entre las mutualidades y las entidades privadas para 2022-2024.
Los 1,68 millones de asegurados suponen un volumen de primas de 1.701 millones de euros
“El mutualismo administrativo en la sanidad privada aporta eficiencia a la sanidad pública, ya que el gasto per cápita de dicha población cubierta es inferior al gasto público per cápita“, recalca el documento. En 2023 la estimación del gasto público per cápita corresponde a 1.736 euros, frente a los 1.030 euros del mutualismo administrativo.
Según el informe, en 2023 la diferencia entre lo que cuesta al Sistema Nacional de Salud la elección que hace un funcionario entre sector público y compañía aseguradora privada para su asistencia médica es de 706 euros al año. “Si 1,68 millones de funcionarios eligen sanidad privada, esto equivale a un menor coste de 1.186 millones de euros para el sistema“, asegura. La Fundación IDIS afirma que entre 2018 y 2023, el gasto del SNS se ha incrementado en 508 euros por funcionario (+7,2% CAGR) y 145 euros en compañías (+3,1% CAGR).
En 2023 la estimación del gasto público per cápita corresponde a 1.736 euros, frente a los 1.030 euros del mutualismo administrativo
Concesiones administrativas
Las concesiones son otro de los modelos de colaboración entre el sector privado y el público. La Fundación IDIS resalta que permiten complementar la capacidad y recursos de la Administración Pública y que suponen una alternativa de gestión. “Este modelo de remuneración no solo permite repartir el esfuerzo financiero a lo largo del tiempo, sino que también facilita la planificación del gasto público futuro y permite un mayor control del gasto”, afirma el informe. El nivel de servicio prestado por el concesionario
varía en función del tipo de concesión, que puede ser desde la construcción de la
instalación, hasta la construcción y operación de los servicios (no clínicos o clínicos).
“Las concesiones administrativas que incluyen los servicios sanitarios introducen el uso de herramientas de gestión privada en hospitales públicos, pero manteniendo los mismos criterios y valores en los que se sustenta el sistema público, es decir, una sanidad gratuita y universal“, precisa el documento. Además, asegura que la eficiencia demostrada por este modelo y la satisfacción de los pacientes ha permitido que se extienda por diferentes comunidades autónomas. En 2023 en España había ocho hospitales operando bajo este modelo concesional, situados en La Comunidad Valenciana, La Rioja y la Comunidad de Madrid.
“En los últimos años, se han revertido algunos de los centros gestionados bajo este modelo (por ejemplo, hospital de Alcira y departamento de salud de Torrevieja entre otros), lo que según algunos informes ha provocado incremento del gasto público, de recursos humanos, listas de espera y una disminución de la satisfacción de los usuarios“, concluye el informe.
