Redacción
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este martes que las mutuas laborales puedan gestionar parte del proceso de incapacidad temporal de origen traumatológico en la población activa, siempre bajo la estricta supervisión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Durante una interpelación en el Senado, García ha subrayado que la competencia de emitir las bajas médicas seguirá en manos exclusivas de los profesionales sanitarios del SNS, en respuesta a una pregunta de la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, sobre el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Seguridad Social y las mutuas laborales para gestionar bajas relacionadas con traumatismos.
García ha señalado que, aunque Sanidad ha estado “puntualmente informado” sobre este acuerdo, no tiene competencia directa en la materia. Según García, el objetivo del acuerdo es dar estructura y estandarizar una práctica que ya estaba ocurriendo en algunas comunidades autónomas, pero sin una adecuada supervisión. “Lo que este acuerdo ha buscado es estructurar y estandarizar una práctica que ya se estaba llevando a cabo en algunas comunidades autónomas de manera más o menos irregular y sin suficiente supervisión”, indicó García.
El acuerdo, aprobado el pasado 18 de septiembre, establecerá un marco claro para que las mutuas laborales puedan realizar procedimientos diagnósticos y de rehabilitación en casos de incapacidad temporal de origen traumatológico, siempre y cuando cuenten con el consentimiento informado del médico y del paciente. García ha puntualizado que esta colaboración con las mutuas se limita a patologías traumatológicas y que estará sujeta a la supervisión del SNS, para garantizar el control y la transparencia en los procesos.
La ministra de Sanidad ha dejado claro que la competencia para decidir sobre las altas y bajas médicas “está exclusivamente en manos de los profesionales sanitarios del SNS”
No obstante, la ministra ha reiterado que la competencia para decidir sobre las altas y bajas médicas “está exclusivamente en manos de los profesionales sanitarios del SNS”, asegurando así que “la gestión de la incapacidad temporal siga en manos del SNS”.
Por su parte, Bideguren expresó su preocupación respecto a una posible privatización del sistema de salud, advirtiendo que el acuerdo podría llevar a un sistema sanitario a “dos velocidades”, con un servicio más rápido para la población laboral activa y otro para el resto. “Estos convenios son una intromisión del sistema público de salud y afectan al modelo de asistencia sanitaria, con el riesgo de crear un sistema de salud de dos velocidades”, advirtió la senadora.
García, en respuesta, mostró su apoyo a la inquietud de Bideguren sobre la privatización del sistema sanitario. “Comparto 100% su preocupación y la necesidad de fortalecer nuestro sistema público de salud sin ceder en sus principios de equidad y de justicia social”, aseguró la ministra, reiterando el compromiso del Gobierno con un sistema de salud universal, público y equitativo.
