Redacción
El Foro Nacional de Médicos en Ejercicio Privado (Fonmep) emitió este lunes una carta a los ministerios de Sanidad, Función Pública y a la Dirección General de Muface tras quedar desierta la licitación para prestar servicios en el bienio 2025-2026. Un motivo de “preocupación”, indican, pero también de oportunidad para diseñar un contrato público más justo con los profesionales sanitarios.
Según recoge la misiva, que “entre las condiciones del convenio a firmar, se incluyan, por un lado, contratos de prestación de servicios que respeten el equilibrio entre las partes, y por otro, que el incremento en la financiación del modelo tenga una obligada repercusión en los honorarios de los profesionales sanitarios”.
Los integrantes del foro, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme) y la Federación de Asociaciones Profesionales Médicas de carácter nacional, especificaron que dichos honorarios “deben de ser fijados en base a un ‘nomenclátor’ técnico-asistencial”.
De hacerlo, añaden, se podría establecer “un sistema que respetase el principio de seguridad -asistencial, jurídico y económico- tanto para los pacientes como para los profesionales y para las compañías y gestoras del sistema”. Así se respondería a la “exclusiva y excluyente función que desarrollan”; a su vez, insisten en la necesidad de una “subida obligada del IPC” para los honorarios, ya que “lleva más de 30 años sin aplicarse”.
Los integrantes del Foro abogan por un sistema que respete el principio de seguridad a todos los niveles para pacientes, profesionales y compañías que sostienen Muface
Sería una cuestión de justicia, argumentan, con unos profesionales que son “el pilar fundamental en la prestación de servicios de las compañías aseguradoras adjudicatarias”. Pero que, sin embargo, han sido sometidos a condiciones jurídicas y, especialmente económicas, “inadmisibles para su formación y responsabilidad que desvalorizan ese papel fundamental que desempeñan”.
Compromiso ético que no es razón para “el abuso”
Como defiende el foro, en dicha carta sobre Muface firmada por la Dra. María Isabel Moya, vicepresidenta primera del Cgcom y de la que se hizo eco el portal informativo de la Organización Médica Colegial, Médicos y Pacientes, el compromiso ético “en ningún caso” es razón “para el abuso” ni supone “ninguna excusa para que las condiciones retributivas y laborales sean óptimas”.
Y seguirán, escribe, anteponiendo “la asistencia sanitaria de calidad por encima de todo, incluso del propio interés legítimo” de los médicos que ejercen en el modelo de Muface. “Renunciando de manera forzosa a unos honorarios dignos, y en algunos casos llegando a dejar de percibirlos, en pro de su vocación para con los pacientes, que en este caso son los funcionarios y funcionarias públicas”, dejan claro los integrantes del Fonmep.
Para garantizar el cambio de esta situación en Muface, el foro ofrece su colaboración a las instituciones “en base a la experiencia como prestadores directos de la asistencia médica y a los conocimientos profesionales, todo ello bajo el único fin de ayudar, sumar y favorecer en todo aquello que se considere necesario”.
Finalmente, solicitan que Muface “tenga por recibido este escrito y acuerde conforme a lo solicitado, añadiendo cuanto sea procedente en Derecho”.
Un necesario cambio del modelo Muface
Asimismo, el órgano también reclama la necesidad de un modelo público-privado transparente y con mejores condiciones económicas. E inciden en que Muface “tiene una función de vital importancia en nuestro actual sistema sanitario en lo que respecta la atención de funcionarios públicos”.
Pero la financiación se antoja clave para “asegurar la prestación de servicios de calidad”. Y que, además, incluya “una total transparencia en la información económica, no solo ante los organismos públicos, sino también ante la sociedad, por tratarse de intereses públicos de la mayor relevancia como son la protección de la salud, la integridad y la vida de los ciudadanos”.
