J. L. G.
El Ministerio de Sanidad ha emitido este lunes un informe en el que sugiere que el modelo Muface no es sostenible “ni siquiera con un aumento importante de la cápita” y estima el impacto (mínimo, especifica) que tendría el trasvase de mutualistas para el Sistema Nacional de Salud (SNS). De hecho, el documento sentencia: “El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.
El documento, elaborado desde la Secretaría de Estado de Sanidad, concluye que el modelo Muface “en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita”. La razón que ofrecen los técnicos es que “ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos” entre los funcionarios que más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso.
Otro de los aspectos que menciona el texto es la capacidad de la sanidad pública de absorber a los 1,5 millones de mutualistas y familiares que actualmente reciben asistencia sanitaria a través de Muface. “Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización de la provisión de dicha asistencia, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”.
El informe de Sanidad recoge que, de fracasar el nuevo intento de acuerdo en el concierto de Muface, la financiación se transfiera “de manera capitativa” a las autonomías para que la inviertan durante los tres primeros años en sus sistemas sanitarios
En el caso de que el Ministerio de Función Pública, competente sobre el futuro de Muface, no consiguiese hacer más atractiva la nueva oferta que está redactando actualmente para que las aseguradoras (Asisa, Adeslas y DKV son las actuales) acepten las condiciones del concierto 2025-2026, la opción más plausible es la prórroga del actual contrato por nueve meses más.
Un periodo de transición que, a ojos de Sanidad, podría servir para ir realizando el trasvase de mutualistas de forma paulatina estratificada. Según se puede leer en el informe, una de las opciones sería por orden alfabético del primer apellido, edad y aseguradora, “pudiendo trabajarse, singularizando su aplicación a nivel de comunidad autónoma”.
“Debería hacerse, en todo caso, anteponiendo la continuidad en la atención, la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente, especialmente en pacientes en situaciones singulares como final de la vida o pacientes oncológicos de alta complejidad”, detallan. Y añaden que, de seguir adelante esta vía, serían necesarios “estudios posteriores en mayor profundidad” apoyados en los sistemas de información sanitaria de las comunidades autónomas e Ingesa.
Al respecto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha concretado este lunes a preguntar de los medios que si se da el caso de que las negociaciones fracasan o se decide que sea la pública quien asuma la prestación sanitaria de los funcionarios de Muface, “en ese momento comenzarían las conversaciones con las comunidades autónomas”.
¿Cómo se financiaría?
Sanidad también plantea que la financiación destinada a la provisión de asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras privadas a los mutualistas tendría que transferirse, “de manera capitativa”, a las autonomías para su inversión, “con carácter finalista durante los primeros tres años, en los respectivos servicios autonómicos de salud”.
Según estiman, el coste marginal de la incorporación de este porcentaje de la población (poco más de un millón de empleados públicos que optan por la prestación privada), que supondría un incremento del 2,12% de los pacientes en los sistemas sanitarios públicos, “no es el mismo que el coste medio total, siendo inferior a este”.
Padilla ha añadido en este punto “una salvaguarda”: que la financiación acompañe al ciudadano. “Si se transfiere a lo público, la financiación que ahora mismo se negocia con las aseguradoras tendría que transferirse al sistema público”, ha expuesto. Y de hacerse, recoge el texto, debería obedecer a la adecuación de la planificación de los servicios de salud autonómicos “para el nuevo escenario de cobertura sanitaria”.
Tres escenarios
El secretario de Estado se ha hecho eco de los tres escenarios que se plantean en el informe: aumentar el precio del contrato, disminuir la calidad del servicio que se presta o que, de nuevo, no se concurra. Sobre el primero, los técnicos de Sanidad creen que es una opción insuficiente, insostenible e inequitativa.
Es más: ponen en contexto que en un mundo en el que “los mercados pequeños en contextos sanitarios se plantean como ineficientes, difíciles de gestionar y fuertemente insostenibles, ahondar en un mercado estable en lo cuantitativo pero menguante en la estabilidad de sus equilibrios etarios (cada vez menos población joven que compense los costes de las poblaciones más mayores), podríamos considerar que es postergar una decisión que habrá que tomar antes o después”. En definitiva: el modelo Muface se extinguirá tarde o temprano, según Sanidad.
En el otro extremo, Padilla apoya esa tesis y agrega: “La sanidad pública lo que dice es ‘nosotros sí que tenemos la capacidad’ y hay que reforzar la sanidad pública”. El SNS, ha asegurado el secretario de Estado, “nunca va a hacer cálculos de rentabilidad de negocio sino que lo que hará será dotar al sistema sanitario para que sea sostenible”.
En paralelo, los expertos que han elaborado este texto consideran que el trasvase de los usuarios de Muface debe hacerse desde un enfoque del “paciente en el centro” y “favorecer el aprovechamiento de las virtudes” del SNS. En este caso, en referencia a la atención primaria, “factor diferencial con respecto al régimen mutualista de aseguradora privada”.
El impacto en las autonomías
Asimismo, el documento pone de relieve qué impacto específico tendría en cada comunidad autónoma el fin del modelo Muface. Padilla, en referencia al documento publicado este lunes, señala que Andalucía, Castilla y León, Extremadura y las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, serían las más perjudicadas ya que o estarían cerca o superarían el 3% de pacientes que se integrarían a la pública.
En la Comunidad de Madrid, caso que se explicita en el informe, el impacto global sería de un incremento del 2,24% de la población. Al respecto, Padilla ha asegurado que hace años esta región “ya tuvo que asumir a varias decenas de miles de empleados públicos que ya tenía en un sistema similar a nivel autonómico y que integró en el SNS”.
Sin embargo, en todas se notaría especialmente en el grupo etario de mayores de 65 años. En Madrid, este colectivo de funcionarios representa el 4,54% de la cantidad total existente en el Sermas. Cifra similar a la de extremeños, andaluces, ceutíes o melillenses. Con la diferencia de que “la Comunidad de Madrid tiene una población relativamente poco envejecida (36,77% en población mutualista de Muface por el 18,18% en población general cubierta por la sanidad pública madrileña)”, detalla el documento.
El secretario de Estado ha incidido en que estas transferencias de mutualistas a la sanidad pública “ocurren en lo cotidiano”. Así, ha recordado el dato de que, en los dos últimos años, han aumentado un 5% los empleados públicos que pasan al SNS, y en la última década, alcanzan un 75%.
Mutualistas, un colectivo más sano que la población general
Sanidad evalúa también los factores de riesgo y la prevalencia de las enfermedades crónicas entre mutualistas. Patologías tales como diabetes, hipertensión arterial o cardiopatías isquémicas tienen una menor presencia en los empleados públicos de Muface que entre la población general. Solo hay una excepción: las neoplasias malignas, donde la tendencia se invierte. De lo que los técnicos de Sanidad desprenden que “hay una fuerte verosimilitud en favor de la hipótesis que señala que las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos que empuja a los mutualistas asegurados con dichas condiciones a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”.
Junto a este primer argumento, hay un segundo. Y es que, en términos globales, la población de Muface tiene una edad media superior (o, al menos, una representación mayor de los segmentos etarios más avanzados) que la de la población general, “pero el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de las personas no mutualistas de su misma edad”.
Patologías tales como diabetes, hipertensión arterial o cardiopatías isquémicas tienen una menor presencia en los empleados públicos de Muface que entre la población general
En términos porcentuales, la población mutualista administrativa entre los 35 y los 64 años engloba el 42,4%, mientras que los mayores de 65 años alcanzan un total del 31,9%. En detalle, el grupo entre 64 y 74 años de Muface es el 25,1% mientras que, en la población general, se queda en el 14,2%; brecha que se reduce en los mayores de 80 años (6,8% por 6,1%).
De fondo, la cuestión estructural de si este sistema mutualista tiene futuro la ha abordado Padilla. “De lo que estamos hablando aquí es que damos una patada hacia delante a un modelo que difícilmente se puede plantear como sostenible, o si a día de hoy acometemos los cambios necesarios para transitar hacia los cambios necesarios para transitar a lo que es lógico y es que en 2024 con un SNS totalmente establecido sea el proveedor público el que asuma a los empleados públicos”, ha concluido.
