Paula Baena
Boi Ruiz, presidente de Kha Bcn y exconsejero de Salud de Cataluña, ofreció un análisis exhaustivo sobre la colaboración público-privada (CPP) y el futuro de Muface durante la jornada ‘Retos de la colaboración público-privada’ organizada por el Círculo de la Sanidad el pasado 20 de noviembre. En su intervención, expresó su preocupación por los desafíos financieros de la mutualidad. “Tememos que pasen los funcionarios y no la financiación”, alertó el especialista. Además, Ruiz subrayó que cualquier transición hacia la integración de los mutualistas en el sistema sanitario público debe garantizar la transferencia de recursos necesarios para evitar un impacto negativo en la calidad asistencial y en la sostenibilidad del sistema.
A su vez, Boi Ruiz explicó también que el modelo de Muface, que combina financiación pública con gestión privada a través de reaseguros, ha permitido una respuesta ágil a las necesidades de los funcionarios, pero enfrenta retos significativos. Entre ellos, destacó el envejecimiento de los mutualistas y el aumento de costes debido a las prestaciones avanzadas. Para el presidente de Kha Bcn, garantizar la viabilidad del sistema pasa por redefinir las relaciones entre las mutualidades y las administraciones públicas. De esta manera se aseguraría que los fondos asignados acompañen a los asegurados en caso de una mayor integración con el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Boi Ruiz: “La colaboración público-privada no significa privatizar, sino utilizar los recursos existentes para resolver problemas con agilidad y eficiencia”
Con relación a la colaboración público-privada, Ruiz defendió este modelo como una herramienta imprescindible para abordar necesidades complejas en sanidad. Sin embargo, señaló las limitaciones culturales e ideológicas que persisten en España, donde se asocia erróneamente con una privatización de los servicios. “La colaboración público-privada no significa privatizar, sino utilizar los recursos existentes para resolver problemas con agilidad y eficiencia”, explicó. Ruiz insistió en que esta fórmula debe estar respaldada por estándares claros de calidad, equidad de acceso y sostenibilidad financiera, garantizando una rendición de cuentas centrada en resultados y no en volúmenes.
El sistema sanitario actual fomenta un modelo contradictorio al objetivo de una medicina preventiva y proactiva
El exconsejero también abordó las contradicciones del sistema sanitario actual, donde se priorizan métricas como el número de intervenciones o las horas de quirófano, fomentando un modelo que contradice el objetivo de una medicina preventiva y proactiva. “No podemos hablar de contener enfermedades si seguimos financiando lo contrario”, afirmó, haciendo un llamado a reformar los sistemas de evaluación y financiación para priorizar el impacto en la salud de los ciudadanos. Según Ruiz, es fundamental cambiar la mentalidad administrativa, orientada al control de procedimientos, hacia una que premie los resultados.
En cuanto a los retos estructurales, Ruiz destacó la necesidad de una reforma legislativa para adaptar el marco normativo europeo a las necesidades locales. Propuso superar la gestión centrada en medios, impulsando una estrategia basada en objetivos y resultados. También abogó por redefinir conceptos como los medicamentos innovadores, actualmente tratados como bienes de consumo, para considerarlos servicios vinculados a resultados terapéuticos. “La innovación no es un gasto inmediato, sino una inversión estratégica para garantizar la sostenibilidad del sistema”, subrayó, citando como ejemplo los tratamientos avanzados contra la hepatitis C y su impacto positivo a largo plazo.
Ruiz concluyó enfatizando que la colaboración público-privada no solo debe beneficiar a los pacientes con servicios de calidad, accesibles y rápidos, sino también garantizar un entorno que fomente el crecimiento profesional de los sanitarios y optimice el uso de los recursos públicos. “No hay ni buenas ni malas políticas, solo buenos o malos resultados. Debemos centrarnos en lo que realmente funciona”, finalizó, instando a las administraciones a adoptar un enfoque pragmático y alejado de prejuicios ideológicos para asegurar un sistema sanitario más eficiente y equitativo.
