Redacción
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) incluirá en el orden del día de su reunión del próximo 16 de diciembre el protocolo de objetores de conciencia al aborto, según ha avanzado el director general de salud pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón. “Ya está elaborado, ahora mismo nos encontramos en el proceso de votarlo en el seno de la coordinación entre comunidades autónomas y, de hecho, es uno de los puntos del orden del día que irá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará el 16 de diciembre”, ha explicado Gullón en declaraciones recogidas por Europa Press.
“El 16 de diciembre podremos salir con un protocolo de objetores de conciencia aprobado por todas las comunidades autónomas”, ha aclarado Pedro Gullón
Durante un evento celebrado este lunes se ha anunciado la fecha del encuentro entre Ministerio y comunidades, del que podría salir el protocolo de objetores de conciencia aprobado por todas las comunidades autónomas. El evento, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, abordo derechos de la mujer bajo el título de Jornadas por el Derecho a la Autonomía de las Mujeres. Aborto para ser libres y decidir sobre nuestras vidas, un encuentro celebrado a petición del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
El Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, anunció el 30 de noviembre este nuevo protocolo con el objetivo de registrar a los médicos objetores al aborto. La ministra explicó entonces que este registro pretende asegurar el cumplimiento del derecho al aborto en todas las comunidades autónomas.
El Ministerio quiere este registro para evitar que la objeción de conciencia de los profesionales médicos impida a las mujeres acceder al aborto
El anuncio de este nuevo protocolo está alineado con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Su objetivo es garantizar el acceso a este derecho en todo el territorio español. Mónica García subrayó que este registro es una herramienta clave para evitar que la objeción de conciencia de los profesionales médicos impida a las mujeres acceder a una interrupción legal y segura del embarazo.