Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una inversión de 1.300 millones de euros para seis convocatorias en materia científica a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se trata de “el mayor paquete que se ha presentado para la ciencia”, según la ministra del ramo, Diana Morant, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
“Supone un incremento de prácticamente el 40% con respecto a lo que se encontró el presidente Sánchez cuando entró a gobernar en el año 2018”, añadió Morant, que ha recalcado que los 1.300 millones de euros “se sostiene de presupuesto nacional”, por lo que no se trata de dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Ministra de Ciencia ha recalcado que los 1.300 millones para las convocatorias de investigación suponen un incremento del 40% con respecto a la inversión en ciencia en 2018
El paquete incluye convocatorias que van dirigidas a la inversión en los distintos grupos de investigación para que sigan haciendo investigación básica en España; también hay paquetes para la incorporación de talento científico en todas las etapas, para la transferencia de conocimiento, la colaboración público-privada y también para la investigación en salud.
La primera convocatoria es la de Proyectos de generación de conocimiento, que antes se denominaba Plan Nacional, dotada con 675 millones de euros y con la que se llega a prácticamente 3.000 grupos de investigación, más o menos un tercio del total. Este programa se dirige a los grupos de investigación en las universidades, a los organismos públicos de investigación, como por ejemplo el CSIC, y a todos los centros de investigación públicos de España.
Desde hace dos años, con esta convocatoria, el Gobierno saca también la convocatoria del personal de investigación en formación. “Se saca junto para que no haya un desfase entre que te han aprobado un proyecto y luego la selección del personal. Estamos hablando de la incorporación de 1.000 jóvenes investigadores, esta es la puerta de entrada a la investigación”, ha comentado Morant.
Los Proyectos de generación de conocimiento se han dotado con 675 millones de euros para llegr a unos 3.000 grupos de investigación
En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado una convocatoria de colaboración público-privada de la Agencia Estatal de Investigación, que, según ha recalcado la ministra, “es muy importante para establecer la relación entre los centros de investigación con empresas innovadoras”. Cuenta con un presupuesto de 320 millones de euros para que se trasladen los resultados de la ciencia a la innovación con el objetivo, por ejemplo, “de desarrollar en las empresas las terapias médicas pioneras, herramientas digitales o tecnologías que puedan reforzar nuestra autonomía estratégica”.
El Gobierno también ha aprobado la Acción Estratégica en Salud que saca el Instituto de Salud Carlos III, con un presupuesto de 160 millones de euros “que supone un 15% más que el presupuesto del año anterior y un 42% más que en el año 2018”. Los receptores de estas convocatorias de investigación son las entidades públicas y privadas, incluidos los hospitales, tanto españoles como internacionales, en el desarrollo de la I+D en el ámbito sanitario.
Las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación y la Acción Estratégica en Salud del ISCIII recibirán 320 y 160 millones de euros, respectivamente
Convocatorias Juan de la Cierva y Ramón y Cajal
Otra de las convocatorias aprobadas es el programa Juan de la Cierva, con un presupuesto de 38 millones de euros para contratar a 500 jóvenes doctores. “Hablamos de los científicos que todavía tienen esa necesidad de movilidad, porque la movilidad en la ciencia es enriquecedora”, ha indicado Morant, que ha considera el doctorado una etapa que favorece “ese puente entre la etapa predoctoral y la etapa ya postdoctoral un poco más consolidada”.
El Gobierno también has dado luz verde a la convocatoria Ramón y Cajal, dotada con 131 millones para cubrir y financiar cinco años de carrera investigadora de investigadores doctores. Este presupuesto aumenta un 150% la cobertura del programa, que incluye una mejora de los salarios. “Hemos pasado de que cobraran 31.600 euros ahora a 36.000 euros en los primeros tres años y 42.500 euros en los dos últimos años”, ha asegurado la ministra.
En total, las convocatorias de investigación Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y Torres Quevedo se quedarán con 190 millones de euros
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado el programa Torres Quevedo, con un presupuesto de 21 millones de euros, que va dirigido a incorporar investigadores en las empresas. “Hace falta que las empresas en nuestro país sean más investigadoras, que destinen más dinero a la I+D, y para eso una fórmula es incorporar científicos directamente en las empresas. Volvemos a destinar 21 millones de euros para incentivar esa incorporación”, ha concluido Morant.
Cero pantallas hasta los tres años y móviles analógicos hasta los 16
El Consejo de Ministros ha recibido este martes el informe encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 expertos para abordar la exposición de los menores a los móviles, en el que se recomiendan cero pantallas hasta los seis años, teléfonos analógicos (sin acceso a Internet) hasta los 16, o limitar el uso del móvil en los adultos delante de los niños, entre otras medidas.
Según informa Europa press, de cero a tres años, los expertos recomiendan no exponer a los niños y niñas a pantallas; y de tres a seis años, desaconsejan el uso de dispositivos digitales, con excepciones, “en caso de necesidad, de forma puntual y bajo la supervisión de un adulto”, con el objetivo de mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial.
De tres a seis años desaconsejan el uso de dispositivos digitales, con excepciones, como una necesidad, de forma puntual y bajo supervisión de adultos
Además, hasta los seis años, aconsejan limitar el uso de dispositivos digitales por los adultos en presencia de menores, y de seis a 12 años, recomiendan limitar el uso de los dispositivos con acceso a Internet y priorizar actividades vivenciales, deportivas, en contacto con la naturaleza y el entorno físico y presencial. De 12 a 16 años, si se decide permitir el acceso a dispositivos digitales, los expertos consideran “esencial” instalar herramientas de control parental que permitan evitar el acceso a contenidos inadecuados, así como gestionar el tiempo de exposición, garantizando la adopción de medidas de seguridad y de configuración de la privacidad.
Retrasar lo máximo posible el primer móvil inteligente
En ese mismo tramo de edad, hasta los 16 años, proponen priorizar el uso de teléfonos analógicos (que solo permiten la llamada, sin acceso a Internet), si se estima que son necesarios. También sugieren retrasar la edad del primer móvil inteligente “lo máximo posible” y, en caso de regalárselo a un menor de 16 años, subrayan la necesidad de utilizar el control parental para limitar y monitorear el acceso a los contenidos y el tiempo de uso.
Proponen priorizar el uso de teléfonos analógicos hasta los 16 años y retrasar al máximo el uso de teléfonos inteligentes
De este modo, las expertas y expertos plantean “un acceso gradual, lo más seguro, respetuoso con sus derechos de privacidad e intimidad y educativo posible, y adaptado al nivel de madurez y capacidad progresiva”. En total, el comité plantea 107 medidas dirigidas al Gobierno para su estudio, agrupadas en tres bloques temporales de implantación (corto, medio y largo plazo) así como recomendaciones a las familias. El objetivo es que las Administraciones Públicas garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.
El informe, elaborado de forma altruista y de forma independiente, incluye un diagnóstico de 150 páginas sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad, en el que se analiza, entre otras, la responsabilidad de la industria, la exposición de los niños y niñas en las redes sociales, el papel de las familias y otros actores de la sociedad, y las herramientas de protección.
El comité también plantea la regulación de las personas creadoras de contenido, incluyendo los influencers que son niños, y aboga por la “prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red”, independientemente de que esta actividad genere ingresos económicos directa o indirectamente. También instan a regular la práctica del sharenting (compartir fotografías de menores en las redes sociales) por parte de personas creadoras de contenido o ‘influencers’.
El Comité de expertos aboga por la “prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red”
Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, el comité ha estado formado por 50 personas independientes y expertas en diversos ámbitos, presidido por la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, y estructurado en seis grupos de trabajo (Salud, Educación, Privacidad, Industria y Consumo, Derechos, Participación y Pornografía/Violencia Sexual), con una presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
El grupo ha contado con representación del Plataforma de Organizaciones de Infancia, Unicef, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.
