Paula Baena
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) ha puesto sobre la mesa la situación del convenio de Muface, un tema que ha generado preocupación en varias comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enfatizado que el futuro del convenio depende de las aseguradoras y del Ministerio de Función Pública, mientras que Sanidad ha asumido un rol de apoyo técnico a través de un informe y un plan de contingencia. «Las aseguradoras han dejado el concurso desierto en dos ocasiones, pero nosotros, como Ministerio de Sanidad, no tenemos competencias en esta negociación», ha explicado la ministra durante la rueda de prensa este lunes en Madrid.
Además, la ministra ha subrayado que, a petición de las comunidades autónomas durante el anterior Interterritorial, Sanidad ha elaborado un informe técnico que describe el impacto de un posible escenario sin convenio. Este documento analiza a qué comunidades afectaría más la falta de acuerdo, los grupos de población más vulnerables y las implicaciones para los usuarios. «Es un informe diáfano y transparente que detalla las consecuencias potenciales, pero quiero insistir en que la decisión final no está en nuestras manos», ha vuelto a incidir García.
Mónica García: «Si las consejerías tienen especial preocupación, deberían dirigirse a las aseguradoras»
Además, la ministra ha aclarado que cualquier preocupación sobre el futuro del convenio debe dirigirse a las aseguradoras y no al Ministerio de Sanidad. «No es a esta puerta a la que hay que llamar. Si las consejerías tienen especial preocupación, deberían dirigirse a las aseguradoras»,ha recalcado la ministra.
Así, el debate sobre Muface marcó uno de los puntos más destacados del Consejo, pues se adelantó para tratar como punto principal. Además, la ministra adelantó que se dará un próximo Interterritorial extraordinario que abordará en profundidad cuestiones clave como la negociación del Estatuto Marco del Personal Estatutario, un tema de máxima relevancia para los trabajadores sanitarios.
El Estatuto Marco y los próximos pasos
La ministra ha confirmado que la situación de las negociaciones para la reforma del Estatuto Marco será uno de los temas centrales del próximo Consejo Interterritorial extraordinario, que se celebrará en modalidad telemática. Este estatuto, que regula las condiciones laborales del personal estatutario, está siendo revisado para adaptarlo a las necesidades actuales del sistema sanitario y a las demandas de los profesionales. Entre los aspectos destacados se encuentran la reclasificación de categorías, la profesionalización de la gestión, las incompatibilidades laborales y la jornada laboral.
«Queremos un Estatuto Marco acorde con los desafíos del siglo XXI, que mejore tanto la calidad asistencial como las condiciones laborales de los profesionales», ha adelantado García. La ministra recordó que este proceso ha contado con la participación activa de los sindicatos y las comunidades autónomas, y subrayó la importancia de ofrecer estabilidad laboral como parte de la estrategia para fidelizar talento en el sistema sanitario.
Aprobación del Protocolo para el Registro de Personas Objetoras de Conciencia
Uno de los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial fue la aprobación del Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, en cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este registro establece criterios mínimos comunes que deberán aplicar todas las comunidades autónomas para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa.
Mónica García: «Este protocolo es importante para asegurar que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones en todo el territorio»
García ha destacado que este acuerdo, alcanzado por consenso, responde a la necesidad de regular de forma homogénea un aspecto clave de la ley. «Con este protocolo, eliminamos las excusas para no cumplir con la legislación. Es un paso importante para asegurar que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones en todo el territorio», ha afirmado la ministra.
Así, el protocolo permitirá identificar a los profesionales sanitarios que se acogen a la objeción de conciencia, asegurando al mismo tiempo la confidencialidad de los datos. No obstante, Mónica García ha agradecido el trabajo técnico que ha permitido llegar a este consenso y ha destacado la importancia de seguir avanzando en la protección de derechos fundamentales.
