Gema Maldonado Cantero
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el pasado mes de mayo contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de los diputados para denegar una proposición de Ley con la que recuperar las pagas extras íntegras de los funcionarios, que permanecen recortadas desde 2010, cuando el Gobierno adoptó medidas por la crisis económica.
El auto del Constitucional decidió admitirlo a trámite el pasado dos de diciembre, considerando “una especial trascendencia constitucional” en el recurso argumentando que “pudiera tener unas consecuencias políticas generales“. La decisión se tenía que comunicar al Congreso de los Diputados, a través de su presidenta, Francina Armengol, que debía enviar al Tribunal en un plazo máximo de diez días la información sobre las actuaciones del acuerdo de la Mesa del Congreso del 16 de mayo de 2023.
El tribunal considera que el recurso por la recuperación de las pagas extras tiene “una especial transcendencia constitucional” y “pudiera tener unas consecuencias políticas generales”
En ese acuerdo denegaron la tramitación de la iniciativa legislativa popular que consistía en la proposición de Ley para derogar el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2010 por el que el Gobierno adoptó medidas extraordinarias para reducir el déficit. Los sindicatos llevan años reclamando la vuelta a las pagas extras completas tras 14 años de recortes. La Mesa del Congreso argumentó que la propuesta no se adecuaba a lo dispuesto en los artículos 2 y 5.2 de la LO 3/1984 “en la medida en que afecta a materia presupuestaria”. Estos artículos ser refieren a las materias que se excluyen de las iniciativas legislativas populares y las causas de la inadmisión de estas inadmisiones.
El recurso de amparo de CSIF alega que la afectación presupuestaria que argumenta la Mesa del Congreso “no es una de las causas concretas tasadas y previstas para la inadmisión” de su proposición de Ley, además de que “no se produce esta supuesta afectación” al presupuesto. El Sindicato considera que el acuerdo de la Mesa no cuenta con la “necesaria y obligatoria motivación” para denegar la iniciativa y pide al Tribunal su nulidad por vulnerar el artículo 23.1 de la Constitución que regula el derecho a participar en los asuntos públicos.
El recurso de CSIF pide al Constitucional la nulidad de la decisión del Congreso y asegura que vulnera el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos
El sindicato CSIF cifra en 377 millones de euros anuales la pérdida que supone el recorte de las pagas extras a los trabajadores de los grupos A1 y A2 del sistema sanitario. Son médicos, odontólogos, enfermeras o fisioterapeutas, entre otras profesiones sanitarias, las más afectadas por este recorte.
El sindicato CSIF cifra en unos 350 euros por pagas extras en el caso de las enfermeras y en torno a 600 euros los médicos. Los cálculos de los sindicatos sitúan en 700 y 1.200 euros las cantidades que enfermeras y médicos pierden cada año por no recibir sus pagas extra de manera completa en julio y en agosto. El pasado mes de septiembre CSIF ya anunció el inicio de movilizaciones y no descartaban ir a la huelga si no veía satisfecha su reivindicación en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
