Redacción
La Justicia decidirá este jueves sobre la demanda colectiva interpuesta por sindicatos de la Sanidad Pública madrileña contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. En concreto, el juicio está señalado para las 11.00 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
La demanda de conflicto colectivo fue interpuesta por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, formada por Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF, junto a la plataforma APSeMueve, que reúne a médicos y pediatras de este primer nivel asistencial.
La demanda de los sindicatos pide una indemnización de cinco millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación de contar con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales
En la misma se pide una indemnización de cinco millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan. «Se trata de la petición de la mayor indemnización que se ha pedido jamás en este país en el ámbito del derecho de trabajo, a través de un procedimiento de conflicto colectivo con vulneración de derechos fundamentales», ha apuntado Vicente Martín, abogado de APSeMueve, en declaraciones a Europa Press.
En su escrito, la representación legal de los sindicatos y la plataforma APSeMueve aluden a la «desprotección» a los 15.000 profesionales de atención primaria derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con incumplimiento «grave y reiterado» de la ley de 1995 que le obliga a ello.
Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, el incumplimiento es por una parte de fondo, «por cuanto sigue sin haber planificación preventiva conforme a lo que exige la legislación«, es decir, desde 1995. Al hilo, han apuntado que «hay multitud de aspectos potencialmente riesgosos para las personas trabajadoras en la atención primaria que se siguen ignorando en los documentos parciales que se publican por la Administración».
La representación legal de los demandantes aluden a la «desprotección» a los 15.000 profesionales de atención primaria derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Por otro lado, han añadido, hay un incumplimiento de forma «pues la legislación y la jurisprudencia exigen que la planificación preventiva se negocie y cuente con la participación de los representantes de los trabajadores, algo que la Comunidad sigue sin cumplir a pesar de ser conocedora de ello desde al menos las primeras sentencias del año 2022″.
Según se apuntó en una rueda de prensa para presentar esta medida, se han logrado más de un centenar de sentencias condenatorias por distintas vías judiciales y distintas cuantías indemnizatorias contra la administración que les dan la razón en este asunto desde que se comenzaron a pleitear.
«Hay multitud de aspectos potencialmente riesgosos para las personas trabajadoras en la atención primaria que se siguen ignorando en los documentos parciales que se publican por la Administración»
Entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó criterio en el caso de un médico, al que reconoció una indemnización de 8.000 euros. Según concluyó el alto tribunal, «la omisión de la prevención de la salud» del personal sanitario «no es cualquier infracción», sino que se trata de un «incumplimiento muy grave» y puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la integridad física.
En base a esta cantidad máxima de 8.000 euros, si los entre 15.000 y 16.000 profesionales de atención primaria presentaran demandas individuales, la indemnización que tendría que afrontar la administración estaría entre 120 y 180 millones de euros. De momento, según los equipos jurídicos de estos colectivos, hay más de un millar de reclamaciones en curso.
Sentencias anteriores del TSJM fijó criterio en el caso de un médico, al que reconoció una indemnización de 8.000 euros
«Es evidente que es una petición inicial que va a tener acotaciones o modificaciones, pero entendemos que debe de ser la mayor condena que se pueda dar a una administración pública por el hecho de incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y más en el entorno de la sanidad, que es la frontera entre la salud de todos los trabajadores y la salud de los médicos, que representan sus propios intereses«, ha indicado el letrado de APSeMueve.
En esta línea, Vicente Martín ha recordado que «cualquier empresa privada de este país que hubiese incumplido sus obligaciones preventivas», como según él ha hecho la Comunidad de Madrid, afrontaría «responsabilidades elevadísimas, incluso con responsabilidades penales, que en la Administración pública no se reclaman».
Un Plan desde 2019
Por su lado, desde la Consejería de Sanidad sostienen que se dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019, dotado de 197 medidas. La planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020 pero a día de hoy se continúa trabajando con una planificación «concreta y exhaustiva» durante todo este periodo, ya que los planes «se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo».
Desde la Consejería de Sanidad sostienen que se dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019, dotado de 197 medidas
Según defienden, el Plan Psicosocial y de protección laboral se presentó a los sindicatos en un comité extraordinario celebrado el pasado mes de junio, y reiterado de nuevo en una convocatoria especial del Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria, celebrado el pasado mes de octubre. Además, recuerdan, en enero se planteó a los sindicatos, en el Comité de Seguridad y Salud, que realizaran y aportaran sus propuestas para enriquecer aún más el Plan, pero no contribuyeron con propuesta alguna.
Entre las principales medidas, se ha habilitado una aplicación informática donde todos los responsables van incluyendo tiempos e indicadores de las 197 acciones proyectadas y cada trimestre se realiza una evaluación del grado de implantación (la primera en diciembre). Del mismo modo, se ha realizado la evaluación de riesgos laborales de manera sistemática en el 99% de los puestos de trabajo o categorías profesionales, y en el 58% de los centros, incrementándose así estas acciones.
Según el departamento que dirige Fátima Matute, se ha logrado reducir en un 7% las agresiones a los profesionales en atención primaria en lo que llevamos de año y respecto a 2023. Como complemento, en noviembre se ha puesto en marcha un programa para formar durante este mes de noviembre a 400 profesionales en el abordaje de conductas violentas con la participación de agentes expertos de la policía nacional.
El departamento que dirige Fátima Matute asegura que el plan cuenta con 197 acciones y que cada trimestre se hace una evaluación de su grado de implantación
Igualmente, se ha reducido la carga de trabajo de estos profesionales, con una mejora psicosocial, «gracias al descenso en un 40% de las vacantes de medicina de familia de enero a septiembre de este año, coincidiendo con distintas medidas como los incentivos económicos para cubrir puestos de difícil cobertura; a lo que hay que añadir la implantación en todos los centros de salud de las agendas de absorción en Medicina que repercute en la aminoración de la presión asistencial». En este sentido, remarcan, la Gerencia continúa con otras iniciativas para alcanzar el 100% de los objetivos asistenciales.
Entre otras medidas, desde la Consejería recalcan además la existencia desde 2021 de la Consulta Laboral monográfica de factores de riesgos psicosocial, atendida por médicos de Trabajo y que tan solo el año pasado canalizó 2.417 peticiones, o la formación de 2.800 profesionales en factores de riesgo psicosocial desde 2022 hasta este mes, además de sesiones formativas sobre planes de acogida, prevención de agresiones, y en sesiones de liderazgo y convivencia.
La Gerencia Asistencial de Atención Primaria también ha incrementado la seguridad de los centros sanitarios con un nuevo expediente en esta materia que incluye la instalación en 70 centros de salud de cámaras de vigilancia y a la vez y se ha reforzado el control o seguridad en todos los dispositivos de Atención Primaria y en específico en los PAC. Finalmente, también se ha incrementado la información y participación de los delegados de prevención con la creación de canales telemáticos (Teams), y uno por cada comité de seguridad y salud.
