Redacción
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha mandado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que pide que se establezcan medidas administrativas para regular y exigir el pago de las deducciones sobre los medicamentos a aquellos laboratorios que no están en Farmaindustria y que no las aplican. Estas recaen en última instancia en las oficinas de farmacia.
Con arreglo al Real Decreto-Ley 8/2010, “determinados laboratorios, no adheridos a la patronal, no aplican esta deducción que tienen que asumir” las boticas. Algo que, según ha informado este lunes FEFE, ya ha reprobado el Tribunal Supremo en sentencia firma de 12 de junio de 2015, en la que además anuló las cartas dirigidas por el director general de farmacia y productos sanitarios contra el acuerdo alcanzado entre Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Farmaindustria y la Federación Española de Distribución Farmacéutica (Fedifar).
FEFE, a la ministra: “Ha llegado el momento de establecer mediante una norma jurídica el procedimiento o sistema para aplicar dichas deducciones”
En este se contemplaba, auspiciado por Sanidad, un sistema o procedimiento para aplicar las deducciones. Pero diez años después, como señala en su misiva la federación, “desde la publicación de la sentencia y resueltos los problemas sobre la trazabilidad y verificación de medicamentos (Nodo SNSfarma y NodoFarma), que ya no existen, ha llegado el momento de establecer mediante una norma jurídica el procedimiento o sistema para aplicar dichas deducciones”.
Por lo tanto, concluye la carta instando a que “todos y cada uno de los agentes de la cadena del medicamento obligados a aplicar las deducciones las asuman y participen en la cuantía que les corresponda, de manera que la oficina de farmacia sólo asuma lo que le corresponde sin adelantar ni verse perjudicada por ser el agente al que la propia administración aplicar la deducción en su totalidad”.
Miles de millones descontados
Pasados cinco años de dicho acuerdo, en 2015 FEFE estimó que los descuentos repercutidos a las oficinas de farmacia habían tenido un impacto de alrededor de 2.457 millones de euros. De no haber entrado en vigor dicho convenio, la cantidad se hubiera reducido hasta los 459 millones.
Como manera de compensar también ese impacto económico, la patronal de los farmacéuticos ha emitido sus propuestas al borrador del Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos que, en enero, estaba en fase de consulta pública. La principal, establecer un precio mínimo de 3,5 euros con los que se palíe la escasez de determinadas indicaciones y se asegure la rentabilidad de las boticas. En ese aspecto, subrayaron que este coste mínimo apenas sería de “cantidades de céntimos” para la mayoría de los pacientes. De tal forma que los medicamentos de marca que se excluyen los pagarían distribución y farmacias, cuyo beneficio repercutiría en el Sistema Nacional de Salud (SNS), tal como dicta el RD de 2010.
