Anuario iSanidad 2024
Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad
La crispación y la incertidumbre no son una buena combinación. Y menos cuando en el meollo de la crisis están los pacientes, a quienes lo que realmente les preocupa, más allá de consignas ideológicas, es la solvencia, rapidez y eficacia del Sistema Nacional de Salud para diagnosticar y resolver sus problemas médicos. Debe ser universal, equitativo y sostenible. Nadie debería sentir que su ciudadanía merma de categoría por vivir en uno u otro territorio. Seguimos viajando a diecisiete velocidades y además lo hacemos con unos Presupuestos Generales del Estado abocados a una segunda prórroga por falta de consenso y voluntad política. Esto compromete las futuras inversiones, tan necesarias, en equipamiento tecnológico y la viabilidad financiera de grandes infraestructuras sanitarias ya en marcha.
En este Sistema Nacional de Salud colaboramos todos, operadores públicos y privados. Cualquier otra opción sostenible, sin la ayuda de Sanidad privada, es una quimera. En territorios donde la población sobrepasa la infraestructura, el gasto para ampliar la red asistencial con dinero público es a veces inasumible. Véase el caso de Cataluña, en donde el CatSalut cuenta con los dedos de las manos su número de hospitales en propiedad y presta servicios sanitarios a su población mediante una red asistencial de utilización pública (la XUHP, más adelante Siscat), aunando esfuerzos de fundaciones, consorcios y proveedores con la ayuda de capital privado. Nadie se rasga aquí las vestiduras. Esta red se concibió en los ochenta precisamente bajo los principios de la universalidad y de la equidad para la prestación de un servicio público.
La ‘demonización’ de la colaboración público-privada en Sanidad se alimenta cíclicamente de la confusión general entre externalización de servicios, conciertos y convenios singulares de actividad y la mal llamada «privatización»
Por desgracia, la ‘demonización’ de la colaboración público-privada en Sanidad se alimenta cíclicamente de la confusión general entre externalización de servicios, conciertos y convenios singulares de actividad y la mal llamada «privatización». Todas las administraciones externalizan la gestión de servicios de bata gris, restauración, logística o limpieza y de bata blanca ,pruebas diagnósticas y cirugías. En este último caso se utiliza la concertación para reducir listas de espera, compensar falta de presupuesto en inversiones necesarias o por eficiencia operativa. ¿Por qué operar un juanete en un hospital público cuando puede derivarse a un privado y a un coste más razonable? ¿Por qué no centrar los grandes hospitales con más recursos en las operaciones de alta complejidad?
En el momento en el que escribo estas líneas, la continuidad de Muface es el mayor foco de incertidumbre, sobre todo para 1,5 millones de funcionarios que ven con gran preocupación cómo se van agotando los plazos que, si nadie lo remedia, las de 2024 serán sus últimas uvas al abrigo del concierto. Y es que hace mucho frío ahí fuera. Tenemos una lista de 848.340 pacientes en espera de intervención no urgente, que no deja de crecer por encima de la actividad del sistema con un cuello de botella en las primeras consultas al especialista, que frena diagnósticos y cirugías. Sabemos que los pacientes de Muface generarán 8,4 millones de consultas y 500.000 interconsultas que irán directamente a las listas de espera si el Gobierno deja caer el modelo. Calculamos que el SNS debería crecer un 15% para ser capaz de atender sólo a las 174.000 pacientes que llevan más de seis meses esperando una cirugía no urgente, algo que sin la colaboración público-privada es inasumible para un sistema cuya actividad crece al 1,5% de media.
«En este Sistema Nacional de Salud colaboramos todos, operadores públicos y privados. Cualquier otra opción sostenible, sin la ayuda de la Sanidad privada, es una quimera»
Me preocupa especialmente el colectivo de funcionarios de mayor edad, que representa un porcentaje abultado del total de mutualistas, con pluripatologías, enfermedades crónicas, o con tratamientos pautados para enfermedades graves. ¿El sistema puede ser tan cruel como para obligarles a repetir pruebas para reconfirmar un diagnóstico, además de pasar por el trago de perder a sus médicos de confianza que les han tratado desde hace años? Tampoco ayuda que no hayamos conseguido todavía rebajar la presión fiscal en los productos sanitarios, como recomienda Europa, y sigamos tributando al tipo general del 21%. El SNS es el principal comprador de equipos y productos sanitarios. ¿Por qué no liberar recursos para reducir listas de espera, invertir en tecnología puntera, renovar equipamientos y lograr la equidad territorial? Seamos sostenibles, es cuestión de voluntad, pongamos el foco en lo que de verdad importa: en la atención al paciente.
