Fátima del Reino Iniesta
El 38% de las personas trans en España ha intentado suicidarse en algún momento de su vida. Este es uno de los datos más alarmantes del estudio Transaludes, el primer informe estatal centrado en la salud de personas trans y no binarias, presentado este lunes por Paule González-Recio, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, quien además investiga en salud de colectivos vulnerables, especialmente salud LGBTIQA+, y de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), durante las XXIX jornadas de Formación ViiV Healthcare para ONG. Esta cifra equivale a casi 4 de cada 10 personas, lo que retrata una realidad silenciada y urgente.
Un 30% de las personas trans en España había pensado seriamente en suicidarse en el último año
El estudio revela que el malestar psicológico afecta de manera desproporcionada a las personas trans en España. Un 30% había pensado seriamente en suicidarse en el último año. El 38% lo había intentado alguna vez. Según el informe, el 75% del colectivo ha sufrido algún tipo de violencia (física, verbal o simbólica) por su identidad o expresión de género. Además, el 40% ha recibido un diagnóstico de ansiedad o depresión. Estas cifras duplican o triplican las tasas en población general. A esto se suma que menos del 40% de las personas trans declara tener un buen estado de salud, frente al más del 70% en el conjunto de la población.
Durante su presentación, González-Recio ha insistido en que no se trata de patologizar las identidades, sino de evidenciar cómo un entorno hostil y discriminatorio deteriora la salud. «No hablamos solo de bienestar físico o acceso a un ambulatorio. Hablamos de derechos humanos, y de cómo su vulneración se traduce en enfermedad, sufrimiento y muerte», ha explicado González.
Menos del 40% de las personas trans declara tener un buen estado de salud, frente al más del 70% en el conjunto de la población
Las barreras para acceder a una transición médica o quirúrgica deseada, el rechazo familiar, el estigma social y la falta de recursos específicos para el colectivo tienen un impacto directo en la salud mental. Las personas que encuentran obstáculos para acceder a atención sanitaria o que no pueden realizar una transición médica experimentan un aumento significativo de la ideación suicida.
Según el estudio, la existencia de barreras institucionales para acceder a una transición incrementa un 26% la probabilidad de haber pensado en el suicidio. Además, quienes han sufrido violencia en el último año tienen hasta un 46% más de riesgo de suicidio.
Quienes han sufrido violencia en el último año tienen hasta un 46% más de riesgo de suicidio
Desinformación sobre VIH y prevención
El estudio Transaludes también examina el acceso a la información y a herramientas de prevención del VIH. Solo la mitad del colectivo conoce la existencia de la PrEP (profilaxis preexposición), y apenas el 20% sabe qué es la PEP (profilaxis postexposición). Estas cifras son aún más bajas entre hombres trans menores de 25 años.
“Hay una desconexión profunda entre las estrategias de salud pública y la realidad de las personas trans. Si no hay información ni acceso, no hay prevención”, ha denunciado González. Este vacío se vuelve especialmente grave en contextos de mayor vulnerabilidad, como el de personas migrantes o quienes ejercen el trabajo sexual.
Un contexto de alta vulnerabilidad y sin recursos
En la misma jornada, Rubén Bustamante, trabajador social y coordinador de In Género Madrid, y Paloma Santiago, psicóloga también de la organización, han compartido su relato, desde la experiencia comunitaria, de cómo trabajan con mujeres trans migrantes en contextos de alta vulnerabilidad y sin apenas recursos. «El sistema no espera al colectivo, nosotros salimos a buscarlo», ha explicado Bustamante.
Las mujeres trans migrantes enfrentan múltiples niveles de exclusión: por su identidad de género, por su origen, por su situación administrativa irregular y por el estigma asociado a la prostitución. Muchas no tienen tarjeta sanitaria, desconocen sus derechos o han sido rechazadas directamente en centros de salud. En ocasiones, las amenazas de facturación, el maltrato administrativo o la falta de formación del personal se convierten en barreras insalvables. «El problema no es el médico, el problema es llegar al médico”, ha explicado Bustamante. En respuesta a esta realidad, In Género ha tenido que contratar mediadoras que acompañen físicamente a las usuarias a los hospitales, actúen como enlace y protejan sus derechos.
La sanidad, según el código postal
Otro factor que agrava la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria es la descentralización del sistema de salud en España. Según han explicado desde In Género, la cobertura sanitaria para personas trans sin documentación varía de una comunidad autónoma a otra. En algunas regiones, se permite el acceso a la PrEP o al TAR incluso sin tarjeta sanitaria, mientras que en otras comunidades, como Madrid, el acceso depende de una estricta regularidad administrativa. «Si una mujer trans en Madrid pierde una cita para la PrEP, queda fuera del programa. En otras comunidades, ni siquiera pueden acceder desde el principio», han subrayado. Esta discontinuidad vulnera la continuidad asistencial y, en la práctica, expulsa del sistema a quienes más lo necesitan.
«Si una mujer trans en Madrid pierde una cita para la PrEP, queda fuera del programa. En otras comunidades, ni siquiera pueden acceder desde el principio»
El acceso desigual también se manifiesta en los recursos para víctimas de violencia de género. Las mujeres trans que no tienen su nombre legalmente reconocido en el DNI son rechazadas de centros de acogida o programas específicos, incluso cuando presentan pruebas de haber sufrido violencia. «Se las sigue tratando como hombres. No importa lo que hayan vivido, no entran al recurso», ha denunciado Paloma Santiago. Esta exclusión institucional refuerza la idea de que los dispositivos públicos están diseñados para mujeres cis heterosexuales, dejando fuera a una parte muy vulnerable del colectivo femenino.
Desde In Género también han alertado de que muchas mujeres trans no identifican como violencia las situaciones que padecen. La naturalización de la discriminación, la presión familiar o el miedo a denunciar hacen que muchas no se reconozcan como víctimas, lo que dificulta aún más el acceso a protección o tratamiento psicológico. En contextos de migración forzada o asilo, estas violencias se amplifican. La modificación de leyes extranjeras, como la nueva normativa en Mali, ha dejado a muchas mujeres trans sin protección internacional, y por tanto sin acceso a sanidad ni a recursos básicos. En ese vacío legal y social, la salud se convierte en un lujo inalcanzable.
