La institucionalización de la evaluación económica de fármacos, ¿será pronto una realidad?

Dra. Anna García-Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES)

Anuario iSanidad 2024
Dra. Anna García-Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES)
Actuar como grupo de interés para favorecer el uso de la evaluación económica y la evaluación de políticas en la toma de decisiones públicas es uno de los objetivos de la Asociación de Economía de la Salud (AES).

La evaluación económica -entendida como el proceso de identificación, medición y valoración sistemática de los costes y resultados de dos o más actividades alternativas, y el posterior análisis comparativo de las mismas- es, o debería ser, una herramienta clave en la incorporación de tecnologías y fármacos en la cartera de servicios en España.

La evaluación económica es, o debería ser, una herramienta clave en la incorporación de tecnologías y fármacos en la cartera de servicios en España

Esto es así tanto en momentos como el actual, en el que unos pocos años tras la pandemia de la Covid-19, se cuestiona la sostenibilidad del sistema sanitario, sino siempre, ya que la obligación de los sistemas sanitarios públicos debería ser garantizar el máximo rendimiento de los recursos públicos disponibles, obtenidos median te impuestos, haciendo asimismo hincapié en aspectos de equidad.

Hasta ahora, en España, el proceso de incorporación de tecnologías no farmacológicas a la cartera común de servicios se lleva a cabo por el Ministerio de Sanidad, con apoyo evaluativo de las comunidades autónomas, mediante RedETS (Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias). RedETS es una red de instituciones públicas y privadas creada en España con el objetivo de fomentar la investigación y evaluación de las tecnologías sanitarias.

Las actividades de RedETS se enmarcan en un plan estratégico y un plan de trabajo anual, mediante el cual se evalúan unas 50-60 tecnologías sanitarias y, según su resultado, se decide incorporarlas o no en la cartera común de servicios. Aunque la evaluación económica es parte importante de estas actividades y está incluida en numerosos informes, no todos la incluyen.

Las actividades de RedETS se enmarcan en un plan estratégico y un plan de trabajo anual, mediante el cual se evalúan unas 50-60 tecnologías sanitarias y, según su resultado, se decide incorporarlas o no en la cartera común de servicios

En el caso de los fármacos, y hasta junio de 2023, era la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) quien, en colaboración con la Dirección General de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad, y con apoyo de las comunidades autónomas por una red de expertos – mayoritariamente clínicos y gestores – llamada RevalMed, se encargaban de evaluar los mismos previa inclusión en la cartera del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Esta evaluación se apoyaba en un documento que proporcionaba información sobre el posicionamiento de un medicamento en el manejo y tratamiento de una enfermedad específica mediante los IPT (Informes de Posicionamiento Terapéutico). Los IPT se elaboraban tras la autorización regulatoria de un nuevo medicamento o nueva indicación aplicable en España.

Estos informes incluían una evaluación de su eficacia y seguridad y, ocasionalmente, su eficiencia – incluyendo aspectos de evaluación económica e impacto presupuestario –, y evaluaban su posicionamiento en el manejo y tratamiento de la enfermedad para la que estaba indicado. AES fue uno de los grupos de actores de interés que participaban en los IPT enviando comentarios y aportaciones a aquellos que contenían aspectos fármaco-económicos.

Los IPT se elaboraban tras la autorización regulatoria de un nuevo medicamento o nueva indicación aplicable en España

Más allá de los déficit metodológicos y procedimentales del proceso de generación de los IPT, era un sistema que descansaba sobre el voluntarismo de los evaluadores, lo cual, de hecho, condujo a su desbordamiento en diversos momentos. La anulación de pleno derecho del Plan para la consolidación de los IPT en junio de 2023 suponía una oportunidad de revisar este procedimiento en España, y presionar en la dirección de una “Autoridad Independiente de Evaluación de Intervenciones Sanitarias y Políticas de Salud” más conocido como “HispaNICE”.

AES cree que es imperiosa la existencia de un organismo independiente que evalúe las prestaciones que se introducen (y las existen tes) en la cartera de servicios, con criterios de efectividad comparada y eficiencia. Esto es muy importante, no sólo para hacer que el sistema sanitario sea sostenible, sino más equitativo, y más abierto a la innovación.

Desde AES consideramos que la evaluación de la eficiencia por medio de la inclusión de evaluación económica debería ser un requisito fundamental en las decisiones de precio y financiación de tecnologías y medicamentos en el SNS. Estas evaluaciones deberían seguir estándares de máxima calidad metodológica y regirse por un buen gobierno.

Desde AES consideramos que la evaluación de la eficiencia por medio de la inclusión de evaluación económica debería ser un requisito fundamental en las decisiones de precio y financiación de tecnologías y medicamentos en el SNS

Para ello, sería necesario que se doten de los suficientes recursos humanos, financieros y de tiempo, y que se cuente con profesionales y expertos en la materia cuyo trabajo sea reconocido formal y económicamente. Dichos avances están en línea con la creación de una institución independiente de evaluación de las prestaciones sanitarias en nuestro país, como desde hace años se viene haciendo en países de nuestro entorno europeo y otros que son de referencia por sus sistemas sanitarios.

Actualmente, estamos a la espera del redactado definitivo del Real Decreto por el que se regula la evaluación de las tecnologías sanitarias, al que AES ha contribuido con aportaciones, la mayoría de ellas relativas a la importancia de corregir algunas imprecisiones y reforzar la transparencia e independencia del proceso evaluador, así como la necesidad de explicitar una estrategia a largo plazo hacia una autoridad administrativa independiente (HispaNICE” o “AIRef sanitaria”).

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