Redacción
El comité de expertos encargado de diseñar los exámenes MIR ha dimitido en bloque mostrando su desacuerdo con los cambios introducidos por el Ministerio de Sanidad. Los profesionales han tomado esta decisión alegando que el equipo ministerial ha introducido modificaciones de manera unilateral relativas al trabajo, retribución y composición de los equipos.
Desde la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha demandado las explicaciones “urgentes y oportunas”. El consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ha solicitado al Ministerio de Sanidad un diálogo con las comunidades autónomas para asegurar “un proceso MIR riguroso, profesional y transparente, basado en el consenso profesional y la independencia técnica.”
Cabe destacar que, al equipo designado para el examen de Medicina, se han sumado las dimisiones de los comités de Farmacia, Enfermería, Física y Química tras conocer la decisión ministerial. El consejero de Sanidad valenciano indica que estas renuncias se han producido porque “el Ministerio ha reducido un 66% el número de colaboradores por experto, ha rebajado el pago por pregunta un 40% y ha anunciado que será ahora el Ministerio de Función Pública, y no el de Sanidad, el que asuma parte de la organización del proceso”.
Las consejerías de sanidad de Valencia y Cantabria piden al Ministerio de Sanidad diálogo con las comunidades autónomas para evitar el «caos» de cara al examen MIR 2026
El gobierno de Cantabria también se ha pronunciado al respecto. El consejero de Sanidad cántabro, César Pascual, ha seguido la misma línea que la consejería valenciana expresando su “máxima preocupación” y exigiendo explicaciones ante “el grave caos” que consideran ha generado el ministerio, de cara a la preparación del examen de 2026. Y es que, bajo su punto de vista, el equipo ministerial desmonta con estas decisiones un modelo MIR, basado en «la confianza, independencia y compromiso» del sector profesional con la formación de nuevas generaciones de sanitarios, «que llevaba décadas funcionando”.
Pascual ha agregado que el ministerio impone una estructura burocrática dependiente de Función Pública que «prescinde de los expertos y ningunea a las comunidades autónomas«. Asimismo, añade, que los cambios introducidos de se han comunicado de forma «unilateral y opaca«.
Sanidad defiende los cambios
El Ministerio de Sanidad ha defendido los cambios que prevé introducir en el comité de expertos encargado de diseñar el examen MIR (médico interno residente), y que han provocado la dimisión de varios de sus miembros, destacando que estas modificaciones no afectan al rigor del proceso, sino que «buscan fortalecer su legitimidad y adecuación al marco normativo actual«. «En ningún caso se está poniendo en riesgo la calidad del examen ni el nivel de exigencia que caracteriza a esta prueba. Muy al contrario, el Ministerio está trabajando de forma coordinada con equipos expertos y profesionales cualificados para garantizar que se mantenga el más alto estándar técnico y científico en la elaboración y evaluación de la prueba«, han señalado desde Sanidad en declaraciones a Europa Press.
Desde el Ministerio de Sanidad defienden que los cambios introducidos buscan fortalecer la legitimidad y adecuación del MIR al marco normativo actual
Para el Ministerio, el proceso de «adecuación» que se está llevando a cabo responde a un «compromiso firme» con el cumplimiento de la normativa vigente, como los principios de representatividad territorial, y otros criterios que refuerzan la transparencia y legitimidad del procedimiento. En este sentido, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha apuntado en la red social ‘X’ que los cambios buscan «mayor pluralidad de procedencia de los expertos, mayor transparencia en sus criterios de designación» o «mayor transparencia en lo que se les pide«. Así, ha aseverado que estos aspectos no van a cambiar el examen «en absoluto«.
Desde Sanidad han trasladado su «respeto» al trabajo realizado hasta ahora por los miembros de los comités y han insistido en que los cambios «no desvirtúan la prueba«. «Entendemos que los procesos de modernización y adaptación normativa pueden generar inquietudes y resistencias. No obstante, es necesario asumir que estamos en un momento de transición que requiere actualizar estructuras y procedimientos para alinearlos con los valores de equidad, participación y transparencia que rigen el conjunto de la Administración Pública«, han finalizado
