Redacción
La práctica odontológica ilegal constituye un riesgo emergente para la salud pública mundial al exponer a los pacientes a infecciones, complicaciones sistémicas y secuelas funcionales y estéticas. Un informe de la Federación Dental Internacional (FDI), señala que la proliferación de procedimientos realizados por individuos no acreditados erosiona la confianza en los sistemas sanitarios y compromete la integridad de la profesión odontológica.
El 58% de las asociaciones dentales nacionales denunciaron casos de daños a pacientes causados por proveedores sin licencia, lo que subraya la urgente necesidad de contar con medidas de protección más sólidas
El documento examina las definiciones legales, los marcos regulatorios y la eficacia percibida de las medidas diseñadas para frenar la práctica dental ilegal a nivel mundial. La mayoría de los países definen la práctica dental ilegal como la prestación de servicios odontológicos por individuos no registrados o no autorizados por la autoridad competente. Esto incluye a personas no cualificadas, a quienes tienen licencias caducadas, y a quienes ejercen fuera de su ámbito aprobado o usan falsamente títulos profesionales. El cumplimiento de las leyes nacionales, los códigos éticos y los estándares regulatorios constituye la base del ejercicio legal. Sin embargo, la aplicación de estas normas sigue siendo inconsistente entre regiones.
El análisis, realizado en 49 asociaciones dentales nacionales (NDAs), muestra una gran heterogeneidad en la definición y aplicación de medidas contra la odontología ilegal. Aunque la mayoría de países dispone de marcos regulatorios, su efectividad es percibida como insuficiente. En concreto, el 95% de los encuestados confirmó la existencia de regulaciones, solo el 49% considera que funcionan eficazmente y el 58% notificó daños clínicos en pacientes ocasionados por prácticas ilegales.
En muchas regiones, los mecanismos de aplicación ineficaces permiten que persistan las prácticas ilegales, a menudo impulsadas por necesidades insatisfechas de la población y vacíos en los sistemas de salud
Entre los factores que limitan la respuesta se encuentran la escasa capacidad de inspección, la insuficiencia de recursos y la normalización cultural de actividades informales. Además, la encuesta señala que estas prácticas prosperan en contextos con acceso restringido a servicios odontológicos seguros y asequibles, donde las barreras económicas y sociales alimentan la demanda de intervenciones no autorizadas.
Recomendaciones y necesidad de una respuesta conjunta
Ante este escenario, la FDI propone endurecer las legislaciones, incrementar las sanciones y reforzar los sistemas de vigilancia y de recopilación de datos epidemiológicos para dimensionar con precisión la magnitud del problema. El organismo internacional subraya también la importancia de estrategias de comunicación y educación sanitaria, que permitan a los pacientes identificar a profesionales acreditados, y de la cooperación internacional para armonizar los estándares regulatorios y compartir buenas prácticas.
La evidencia disponible confirma que la odontología ilegal supone una amenaza a la seguridad del paciente y requiere una respuesta conjunta de la comunidad profesional, las autoridades sanitarias y los responsables políticos, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a una atención segura y basada en la evidencia científica.
