Redacción
Tras una jornada caliente con las protestas en toda España de sanitarios convocados por los sindicatos del Ámbito de Negociación reclamando volver a retomar las negociaciones del Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad ha optado por anunciar que convoca a los sindicatos una nueva reunión para «compartir» las observaciones que han hecho las comunidades autónomas al borrador del Estatuto y «preparar» la reunión del Foro Marco de Diálogo Social, prevista para la primera quincena de octubre, donde estarán Ministerio, sindicatos y autonomías.
Desde el departamento que dirige Mónica García se subraya que el proceso de reforma de esta normativa continúa su curso y no se encuentra ni cerrado ni bloqueado. Por el contrario, se encuentra en una fase decisiva de integración de las posiciones de los tres actores institucionales directamente implicados en el proceso del Estatuto Marco: sindicatos, comunidades autónomas y administración general del Estado.
Algo que los sindicatos refutaban este martes durante las concentraciones. Para los convocantes (CSIF, Satse -FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde) Sanidad ha elaborado una Ley «incompleta, parcial e interesada» que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.
“La responsabilidad no es cerrar en falso, sino permitir que la norma avance por los cauces previstos y con el mayor respaldo posible»
La revisión de la norma básica que establece las condiciones laborales del personal estatutario del SNS ha contado con más 40 reuniones técnicas y políticas (36 con sindicatos y 13 con CCAA). El Ministerio subraya que este primer texto, elaborado conjuntamente con las centrales sindicales del Ámbito, fue posteriormente trasladado a las comunidades para su análisis, tal y como establece el procedimiento cuya naturaleza, si bien tiene carácter estatal, su aplicación práctica recae en los servicios de salud autonómicos, que gestionan directamente los recursos humanos del sistema.
Es decir, tanto las condiciones laborales como las retribuciones o la organización de turnos, jornadas o guardias son competencia de cada gobierno autonómico. Por ello, avanzar al margen de su participación activa en esta fase supondría elaborar una norma inviable desde el punto de vista jurídico y político. Sanidad insiste en que no se trata de cerrar una negociación, sino de ampliarla y fortalecerla incorporando las visiones de todos los agentes responsables.
Responsabilidad institucional
Desde el Ministerio advierten que ralentizar de forma innecesaria el proceso supondría, en la práctica, bloquear la aprobación del nuevo Estatuto Marco y prorrogar indefinidamente una legislación que requiere una actualización urgente para responder a los desafíos actuales del sistema sanitario.
“La responsabilidad no es cerrar en falso, sino permitir que la norma avance por los cauces previstos y con el mayor respaldo posible. Solo así lograremos dotar al sistema sanitario de una legislación moderna, clara y respetuosa con el reparto competencial”, han indicado fuentes del Ministerio.
La próxima cita del Foro Marco del Diálogo Social se enmarca en esta lógica de corresponsabilidad. Lejos de suponer una exclusión del Ámbito, constituye una fase natural del procedimiento de reforma, en la que confluyen las propuestas de sindicatos, comunidades autónomas y Gobierno central.
Por este motivo, Sanidad considera que esta reunión será determinante para seguir construyendo el consenso necesario en torno a una norma de carácter estructural para el sistema sanitario. No obstante, reitera su compromiso de mantener un cauce de diálogo específico con los sindicatos del Ámbito para seguir trabajando en aquellos aspectos del texto que requieran desarrollo posterior, siempre dentro de los márgenes competenciales y del calendario institucional previsto.
Siguientes pasos tras el Foro Marco
En relación con los informes jurídicos que acompañan al texto, Sanidad ha aclarado que estos no son una excusa para finalizar la negociación, sino una herramienta técnica indispensable para asegurar la viabilidad normativa de la propuesta. Estos documentos se elaboraron durante la pasada primavera y permiten identificar con claridad cuáles son los límites legales y competenciales que deben respetarse para evitar eventuales conflictos de competencias con las comunidades autónomas.
Por su parte, las organizaciones sindicales critican que el departamento de García «ha roto, de manera unilateral», afirman, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma. «Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente», han apuntado.
Sin embargo, el Ministerio insiste en que el proceso no termina con el Foro Marco: tras esta fase, el texto y su memoria se elevará a Consejo de Ministros para someterse a información pública, se solicitarán los informes preceptivos de otros ministerios y órganos informantes (Hacienda, Seguridad Social y Función Pública, entre otros) y finalmente se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. En todas estas fases, dichas fuentes recuerdan el proyecto puede seguir recibiendo aportaciones, enmiendas y propuestas de mejora.
