Fátima del Reino Iniesta
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado recientemente el Real Decreto que regula la concesión directa de 26,7 millones de euros a universidades públicas para financiar la ampliación de 1.783 plazas de Medicina para el curso académico 2025-2026. Esta medida es parte de un esfuerzo continuado para incrementar el número de médicos formados y hacer frente al déficit estructural en el sistema sanitario español. La segunda fase de financiación da continuidad a una primera partida aprobada el año anterior, en la que ya se amplió la oferta de plazas en las facultades de Medicina.
El total de la financiación permitirá incrementar 922 plazas de primer curso y mantener 861 plazas de segundo y tercer curso que ya fueron ampliadas en años anteriores. Este esfuerzo responde a la necesidad de formar más profesionales médicos, especialmente en especialidades clave como la Medicina Familiar y Comunitaria, que sigue siendo una de las más afectadas por la escasez de personal.
Esta medida responde al déficit de médicos en el sistema sanitario español, especialmente en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria
En cuanto a las universidades beneficiadas, las plazas de Medicina se distribuyen entre distintas facultades de toda España. En Andalucía se benefician siete universidades; en Cataluña, seis universidades; en Madrid, tres universidades; en Comunidad Valenciana, tres universidades; y en Castilla y León, dos universidades. Además, otras comunidades autónomas, como Galicia, Castilla-La Mancha o País Vasco, también cuentan con universidades que recibirán financiación para aumentar su oferta de plazas de Medicina.
«Con este Real Decreto de 26,7 millones de euros, el Gobierno pone una vez más su granito de arena, esfuerzo y ayuda a las universidades públicas para que podamos tener más estudiantes de medicina, para garantizar el relevo generacional y asegurar en el futuro la falta de profesionales. Con este impulso económico, le damos oxígeno a las universidades públicas para que puedan seguir ampliando las plazas públicas sin perder calidad porque sabemos que la formación de hoy es la excelencia de nuestro SNS», ha señalado Mónica García, ministra de Sanidad, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
1.783 nuevas plazas de Medicina se distribuyen entre diversas universidades públicas de toda España, con especial énfasis en Andalucía, Cataluña y Madrid
La ministra también ha destacado que el esfuerzo de financiar tanto las nuevas plazas de Medicina como de Enfermería no debe recaer únicamente sobre el Gobierno de España, ya que las competencias de la financiación de las universidades públicas son de las comunidades autónomas. «Así se lo hemos trasladado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cinsn), y así esperamos que sea, que las comunidades pongan también su parte para garantizar la calidad de nuestra universidad pública», ha añadido.
Este paquete de subvenciones directas permitirá a estas universidades mantener y expandir su capacidad formativa de Grado en Medicina. El objetivo es garantizar una formación médica de calidad, respondiendo así a las necesidades crecientes de médicos en el sistema sanitario y mejorando la accesibilidad a la educación médica en todo el país. La financiación será entregada a las universidades beneficiarias, las cuales podrán optar por recibir el pago en uno o dos anticipos. Esta flexibilidad tiene como objetivo garantizar la estabilidad financiera de las universidades para que puedan mantener y aumentar la oferta educativa de Grado en Medicina.
«Con este impulso económico, le damos oxígeno a las universidades públicas para que puedan seguir ampliando las plazas públicas sin perder calidad»
El Ministerio de Sanidad subraya que esta medida responde al déficit de médicos en el sistema de salud español, en particular en áreas como la Medicina Familiar y Comunitaria, que sufre una escasez crítica de profesionales. Además, la medida contribuirá a mejorar la distribución de médicos a nivel nacional, especialmente en comunidades autónomas con mayores carencias. La distribución de las plazas y el correspondiente financiamiento permitirán que estas instituciones sigan ampliando su capacidad para formar médicos y atender la creciente demanda de profesionales de la salud en todo el país.
Datos sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en España
El Ministerio de Sanidad también ha presentado el informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que ofrece datos sobre la evolución y la situación actual de esta prestación en el sistema sanitario público de España. El informe revela que en 2024 se realizaron 106.172 IVE en total, de las cuales 22.563 (21,25%) se llevaron a cabo en centros públicos y las 83.609 restantes (78,75%) se realizaron en centros privados. Este informe refleja un crecimiento sostenido en la participación de la red pública en las IVE, que en 2019 representaba solo el 14,3% del total.
El documento clasifica a las comunidades autónomas según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos. Las cuatro comunidades con una alta proporción de IVE en centros públicos son Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%). En estas comunidades, se observa un claro predominio de la red pública en la realización de IVE. Por otro lado, en once comunidades autónomas el porcentaje de IVE en la sanidad pública no llega al 10%, destacando especialmente Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%) y Extremadura, que no reportan ninguna interrupción en el ámbito público.
En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, de las cuales 22.563 tuvieron lugar en centros públicos
El informe también desglosa los métodos utilizados para la IVE, destacando que en las comunidades con mayor porcentaje de IVE en centros públicos, como Cantabria y Navarra, el método farmacológico es el predominante, alcanzando cifras del 86% en Cantabria y 76,5% en Navarra. Esto contrasta con comunidades como Madrid y Andalucía, donde predominan los procedimientos quirúrgicos, alcanzando un 86% y un 94% respectivamente.
Implicaciones y medidas para mejorar la accesibilidad
El informe también destaca las desigualdades territoriales y las implicaciones sanitarias y sociales derivadas de la privatización de las IVE. Al mantener la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito privado, se corre el riesgo de invisibilizar la prestación y debilitar el principio de universalidad del sistema sanitario público. Además, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar su entorno sanitario habitual, lo que afecta la continuidad asistencial y fragmenta su atención, especialmente en los casos más complejos.
Por último, el informe señala que mejorar el acceso a la IVE en la red pública requiere la implementación de medidas como la actualización de los registros de objetores de conciencia, la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud y la creación de protocolos homogéneos y circuitos asistenciales coordinados para garantizar un acceso equitativo y eficaz a la interrupción voluntaria del embarazo.
