Redacción
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rimvydas Norkus, ha emitido un dictamen clave en el que deja en manos del Tribunal Supremo de España la decisión sobre la conversión de interinos a fijos en el sector público. En su informe, Norkus no considera que sea necesario convertir automáticamente a los trabajadores temporales en funcionarios fijos, pero si subraya a grave preocupación por el abuso de la temporalidad en el empleo público en España y subraya la falta de medidas efectivas para frenar esta práctica.
La falta de medidas preventivas efectivas
El Abogado General señala que, aunque no se puede exigir una conversión automática de los trabajadores interinos en fijos, es esencial que España tome medidas concretas para evitar que la temporalidad se convierta en una práctica recurrente e injusta. Según el dictamen, las medidas implementadas hasta el momento no son suficientes para corregir el abuso de los contratos temporales, lo que genera una situación de inestabilidad laboral para miles de trabajadores públicos.
España aún no ha implementado medidas efectivas para frenar el abuso de la temporalidad, según el dictamen del Abogado General de la UE
En su dictamen, Norkus pone de manifiesto que la falta de mecanismos adecuados para sancionar el abuso de la temporalidad es un problema persistente en el sistema público español. Esta situación ha dejado a muchos trabajadores en una constante incertidumbre, ya que, a pesar de llevar años desempeñando funciones de forma temporal, no tienen la seguridad de obtener un contrato fijo.
El papel del Tribunal Supremo en la resolución
El dictamen del Abogado General deja en claro que la decisión final sobre la conversión de los interinos en funcionarios fijos debe recaer sobre el Tribunal Supremo de España. Aunque no existe una obligación legal de convertir automáticamente a los interinos en fijos, el Supremo tiene la responsabilidad de decidir cómo proceder, siempre respetando los principios fundamentales de igualdad, mérito y no discriminación.
La UE no exige convertir automáticamente a los interinos en fijos, pero destaca la responsabilidad del Tribunal Supremo para decidir sobre la estabilidad laboral en el empleo público
Este enfoque refleja la complejidad del problema, que requiere una solución integral que no solo aborde la cuestión de la conversión, sino que también ponga en marcha políticas preventivas para evitar la prolongación indebida de contratos temporales en el sector público.
La necesidad de una reforma estructural
A pesar de la falta de obligación de hacer fijos a los interinos, el dictamen de Norkus refuerza la idea de que España debe realizar una reforma estructural para garantizar que no se abuse de la temporalidad y que se brinden garantías laborales a los empleados públicos. La reforma debería centrarse en la adopción de medidas preventivas que limiten el uso excesivo de contratos temporales y que ofrezcan soluciones claras para los empleados que han sido víctimas de estas prácticas.
El Abogado General subraya que las indemnizaciones que reciben los interinos al finalizar sus contratos tampoco son suficientes, lo que agrava aún más la precariedad laboral que enfrentan. Este aspecto refuerza la necesidad de un cambio profundo en la legislación española, que permita la estabilización de los trabajadores temporales y garantice la igualdad de oportunidades dentro del sector público.
El dictamen de la UE pone en evidencia la necesidad urgente de una reforma laboral que evite la prolongación de contratos temporales en el sector público
El dictamen del Abogado General no obliga a España a convertir en fijos a los interinos, pero deja en manos del Tribunal Supremo la responsabilidad de decidir cómo proceder en este complejo asunto. Aunque no existe una obligación automática de convertir a los interinos en fijos, el Supremo deberá evaluar la situación en el contexto de los principios de igualdad, mérito y no discriminación, y considerar las implicaciones para los derechos de los trabajadores públicos.
Al mismo tiempo, el informe subraya que la falta de medidas efectivas para frenar el abuso de la temporalidad sigue siendo un desafío importante en el empleo público español. Esta falta de mecanismos adecuados pone de manifiesto la necesidad urgente de una reforma estructural que no solo aborde la conversión de interinos en fijos, sino que también repiense las políticas laborales en España, especialmente en lo que respecta a los contratos temporales. Para garantizar una gestión más justa y estable de los recursos humanos en las administraciones públicas, es esencial que se implementen reformas que ofrezcan garantías laborales claras y sostenibles para los empleados públicos.
