Redacción
La interferencia de la industria tabaquera en las políticas públicas ha aumentado, según el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025, elaborado por el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC) y STOP, la red internacional de vigilancia del lobby del tabaco. El documento, que evalúa cada dos años el cumplimiento del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), analiza la situación de 100 países y señala un deterioro en 46 países, entre ellos España.
El estudio elaborado por el Grupo sobre Interferencia de la Industria Tabaquera en España, integrado por investigadores del Instituto Catalán de Oncología (ICO), Nofumadores.org, Cancer Patients Europe, la Universidad de Zaragoza, la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco (SALT) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), sitúa a España en 60 puntos, uno más que en 2023. Este aumento refleja un retroceso en la defensa de las políticas públicas frente a la presión de las tabacaleras.
España sube a 60 puntos en interferencia de la industria tabaquera
Según Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, «España está retrocediendo en la defensa de sus políticas de salud pública frente a la industria del tabaco. La colaboración de la Guardia Civil con la Mesa del Tabaco o la permanencia del Consejo Asesor del Comisionado del Mercado de Tabacos son ejemplos claros de cómo el Estado permite que las tabacaleras siguen influyendo desde dentro».
El informe señala un empeoramiento como resultado de la cooperación institucional, tras el acuerdo firmado el 22 de enero de 2025 entre la Guardia Civil y la Mesa del Tabaco, que establece una colaboración regular para combatir el comercio ilícito. Según apuntan, este pacto viola el artículo 5.3 del CMCT, que prohíbe expresamente aceptar asistencia o cooperación de la industria. En 2023, España obtuvo la máxima puntuación posible (0 puntos) en este apartado; en 2025 pasa a 3, lo que evidencia una regresión significativa.
El acuerdo Guardia Civil–Mesa del Tabaco vulnera el artículo 5.3 del CMCT
El documento también subraya la persistencia del Consejo Asesor del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda, que se reunió 27 veces entre 2023 y 2024 con participación directa de siete representantes de las tabacaleras y once funcionarios públicos. Fernández Megina advierte que «este Consejo Asesor es un auténtico caballo de Troya dentro del Ministerio de Hacienda. Mientras las tabacaleras sigan sentadas en las mesas del Estado, España incumplirá sus compromisos internacionales y pondrá en riesgo la salud pública».
Riesgo de greenwashing y falta de transparencia
Nofumadores.org añade que el informe denuncia que el Real Decreto 1093/2024, que transfiere a la industria la gestión del reciclaje de colillas bajo el principio de «quien contamina paga», abre la puerta al greenwashing corporativo, permitiendo a las tabacaleras presentarse como actores responsables mediante campañas de limpieza y sostenibilidad, como la iniciativa Depende de Todos. También apunta que las exenciones fiscales en Canarias continúan siendo un incentivo para la entrada de tabaco barato en España y la Unión Europea, mientras la ausencia de un registro público de lobby mantiene a la Administración en la opacidad.
En contraste, España mejora ligeramente en los apartados sobre conflictos de interés personales: no se identifican cargos actuales de funcionarios o familiares directos vinculados a la industria, aunque siguen existiendo casos de antiguos altos cargos de la administración que a través de puertas giratoria han sido contratados en el sector de la distribución tabacalera.
El Consejo Asesor del Comisionado para el Mercado de Tabacos mantiene presencia directa de las tabacaleras
«No se trata de un problema de recursos, sino de voluntad política. Los gobiernos que quieren proteger la salud pública pueden hacerlo. España tiene la obligación de cumplir el artículo 5.3 del Convenio Marco por lo que debería integrar en su ordenamiento jurídico su obligación de proteger de manera efectiva el control del tabaco de los intereses comerciales de la industria tabacalera y establecer cortafuegos legales, sanciones y un sistema real de rendición de cuentas», subraya Rodrigo Córdoba, representante de la SEMFyC.
El grupo que elabora el informe en España y otros expertos en el control del tabaquismo en España, reclama al Gobierno la creación de un registro público de todas las interacciones con la industria tabaquera, que incluya agendas, actas y participantes, así como la expulsión de los representantes de las tabacaleras del Consejo Asesor del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
También exigen prohibir cualquier colaboración o acuerdo institucional con la industria, transferir la gestión de los residuos de tabaco a organismos independientes y reforzar la ley de financiación de partidos políticos para impedir aportaciones o donaciones de personas vinculadas al sector.
«Si España quiere proteger la salud pública, debe sacar a la industria del corazón del Estado»
Fernández Megina insiste en que «si España quiere proteger la salud pública, debe sacar a la industria del corazón del Estado. El caballo de Troya del tabaco no puede seguir instalado en el Ministerio de Hacienda».
El Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025 analiza la respuesta de 100 gobiernos a la presión de la industria, basada en el cumplimiento del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Entre los países con mejores puntuaciones destacan Brunéi, Palaos, Botsuana, Finlandia, Países Bajos y Etiopía, mientras que República Dominicana, Suiza, Estados Unidos, Georgia y Japón registran las peores.
La tendencia mundial revela un panorama preocupante: 46 países han empeorado sus resultados desde 2023, y la industria ha intensificado sus tácticas de lobby mediante viajes, donaciones, promesas de inversión y campañas de sostenibilidad para frenar la regulación del tabaco y la nicotina. «España no puede seguir siendo un eslabón débil en la lucha mundial contra el tabaco. Nuestro país tiene la oportunidad y la obligación de liderar la defensa de la salud pública, no de rendirse ante los intereses de una industria que mata a más de 60.000 personas cada año», concluye Fernández Megina.
