G.M.C.
Durante dos jornadas, mujeres supervivientes de violencia, autoridades, organizaciones sociales y expertos en sanidad, igualdad y violencia de género de distintos países de la región europea han analizado en Madrid el papel fundamental, pero todavía insuficiente, que los sistemas sanitarios tienen a la hora de garantizar la mejor atención posible a las mujeres y niñas que sufren todo tipo de violencia.
El encuentro, organizado por la Organización Mundial de la Salud Europa y el Ministerio de Sanidad, ha dado como resultado una declaración conjunta en la que los estados firmante se comprometen, entre otras cosas, a abolir la obligación de los sanitarios de denunciar los casos de violencia que atienden en mujeres adultas sin su consentimiento y a garantizar la formación necesaria a estos profesionales para detectar, identificar, apoyar y atender a mujeres y niñas que hayan sufrido violencia de forma adecuada, teniendo en cuenta también aspectos culturales.
A partir de los hallazgos del informe que presentó este jueves en el Ministerio de Sanidad el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, y del intercambio de experiencias y conocimientos de los últimos días, la OMS Europa, el Ministerio y los países participantes, han fijado una serie de compromisos que parten de a afirmación de que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos y «una emergencia de salud pública» a la que ha que responder de manera «urgente y coordinada».
El principal compromiso es que cada centro sanitario «sea un lugar donde las supervivientes sean creídas, respetadas y apoyadas sin miedo al estigma o al daño»
La reunión de alto nivel celebrada en el Ministerio de Sanidad los días 20 y 21 de noviembre, bajo el título ¡Yo te creo!: Construir sistemas de salud que pongan en el centro a las mujeres y niñas se ha centrado en buscar soluciones y buenas prácticas que garanticen que los sistemas de salud ofrecen una atención «centrada en la supervivientes», y basada en la autonomía, la privacidad, la confidencialidad y el consentimiento informado. El principal compromiso es que «cada centro sanitario pueda ser un lugar donde las supervivientes sean creídas, respetadas y apoyadas sin miedo al estigma o al daño», reza la declaración conjunta.
Para conseguirlo, los participantes se han comprometido a eliminar la notificación obligatoria de la violencia por parte de profesionales sanitarios en el caso de mujeres adultas legalmente competentes. España eliminó esta obligación en 2022, pero sigue vigente en el 32% de los 53 países que forman parte de la OMS Europa. Según pusieron de manifiesto los participantes del encuentro, esta obligación de denunciar supone una barrera de acceso a la atención. Con esta decisión esperan conseguir que mujeres que no se atreven a acudir a los centros sanitarios tras una agresión por evitar que los sanitario denuncien la situación, vean de nuevo estos centros como espacios seguros donde recibir la atención que necesitan y se garantice el respeto a su autonomía.
Han acordado eliminar la obligación de los sanitarios de denunciar los casos de violencia que atienden en mujeres adultas sin su consentimiento y facilitar formación específica para atenderlas
También han acordado garantizar que todos los profesionales del ámbito sanitario cuenten con formación específica basada en competencias y en la sensibilización en diferencias culturales que también pueden suponer una barrera. Esta preparación debe permitir a los profesionales identificar de forma adecuada las situaciones de violencia, formular las preguntas necesarias de forma segura, ofrecer un apoyo inicial, una atención clínica pertinente y la derivación oportuna. Además, la formación incluirá herramientas para reconocer y cuestionar los sesgos de género que puedan influir negativamente en la atención.
Otro de los compromisos adquiridos se centra en asegurar la existencia de servicios esenciales y vitales plenamente dotados de recursos y basados en marcos sólidos de rendición de cuentas. Estos servicios deberán ofrecer apoyo integrado, ajustado a las necesidades de las supervivientes y respetuoso con su autonomía, en todos los niveles del sistema de salud.
La formación a los sanitarios incluirá herramientas para reconocer y cuestionar los sesgos de género que puedan influir negativamente en la atención
La reunión concluyó también con el compromiso de avanzar en la recopilación de datos estandarizados sobre la calidad, cobertura, accesibilidad y disponibilidad de los servicios sanitarios destinados a mujeres y niñas. Esta información permitirá evaluar el funcionamiento real del sistema y su coordinación con otros sectores, que también se basará en investigaciones desarrolladas con las propias supervivientes.
Por último, se acordó reforzar la no discriminación en los servicios y garantizar que las mujeres y niñas en situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder a estos recursos. Para ello, tendrán en cuenta su experiencia y participarán en el diseño de los servicios que se dirijan a ellas.
