Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe)
En España, todavía hoy, tener una discapacidad física u orgánica puede marcar la diferencia entre acceder o no a la salud en igualdad de condiciones. Los avances normativos han sido notables, pero la realidad que viven miles de personas en su día a día sigue llena de obstáculos. En Cocemfe trabajamos para visibilizar esta brecha y reclamar un sistema sanitario y social que ponga a las personas en el centro, reconociendo que la salud no se limita a lo biomédico, sino que se construye también en lo social, lo económico y lo comunitario.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en 2008, establece con claridad que el acceso a la salud y a la rehabilitación debe garantizarse sin discriminación, con servicios accesibles, asequibles y de calidad. Sin embargo, los datos recogidos por Cocemfe muestran una realidad muy diferente: persisten graves desigualdades y discriminaciones estructurales que impiden el cumplimiento de los artículos 25 y 26 de la Convención.
Muchas personas con discapacidad física y orgánica siguen encontrando barreras económicas, demoras excesivas y falta de servicios adaptados. Los copagos, la ausencia de cobertura para determinados tratamientos o suplementos terapéuticos y los sobrecostes asociados a dispositivos de apoyo o transporte generan una desigualdad que se traduce directamente en peores condiciones de salud. En concreto, más de un 25% de las personas con discapacidad física y orgánica asume un gasto anual superior a 1.500 euros solo para cubrir necesidades derivadas de su discapacidad. Esto supone una vulneración clara del principio de equidad.
“Más de un 25% de las personas con discapacidad física y orgánica asume un gasto anual superior a 1.500 euros solo para cubrir necesidades derivadas de su discapacidad”
Entre las brechas más alarmantes identificadas por Cocemfe destaca la falta de dotación suficiente para cubrir las necesidades de rehabilitación. A pesar de que la rehabilitación es un pilar fundamental para mantener la autonomía, la participación y la calidad de vida, no está reconocida como un derecho universal en la legislación española. Ello se traduce en una dependencia excesiva del sector privado o del tercer sector para poder acceder a terapias esenciales.
Además, las desigualdades territoriales agravan la situación: dependiendo de la comunidad autónoma, el acceso a fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o rehabilitación puede variar radicalmente. En muchos territorios rurales o periféricos, sencillamente no existen servicios públicos accesibles.
Buena parte del problema radica en que el sistema sanitario español sigue anclado en un enfoque biomédico, centrado en la enfermedad y no en la persona. Este modelo, además de ineficaz, resulta injusto.
El sistema prioriza la atención a la urgencia y a la enfermedad aguda, dejando en segundo plano la atención a la cronicidad y la rehabilitación. Esto no solo vulnera derechos, sino que también genera un impacto económico negativo a largo plazo, al cronificar situaciones que podrían prevenirse o estabilizarse con un abordaje temprano e integral. Cambiar este paradigma implica reconocer que la salud no es solo cuestión de hospitales, sino también de políticas públicas coordinadas entre los ámbitos sanitario y social.
Las personas con discapacidad física y orgánica necesitamos una atención sociosanitaria integral que combine los recursos sanitarios, sociales y comunitarios, garantizando la continuidad asistencial y la personalización de los cuidados.
“Solo una coordinación efectiva entre los sistemas sanitario y social puede asegurar la equidad y una adecuada calidad de vida”
Solo una coordinación efectiva entre los sistemas sanitario y social puede asegurar la equidad y una adecuada calidad de vida. Por eso, desde Cocemfe impulsamos un espacio sociosanitario inclusivo, que se centre en la persona, y con una coordinación real entre sanidad, servicios sociales y entidades del movimiento asociativo. Solo así podremos pasar de curar a cuidar, de asistir a acompañar, de reparar a empoderar.
En ocasiones, los profesionales sanitarios no disponen de todas las herramientas para poder ofrecer un trato inclusivo, algo que unido a la falta de accesibilidad supone un problema para que las personas con discapacidad física y orgánica reciban una atención en igualdad de condiciones. Todavía hay centros sin camillas regulables, sin señalética accesible o con sistemas de cita previa digitales no adaptados. Además, muchas personas con discapacidad afirman no ser escuchadas en la toma de decisiones sobre su propia salud, lo que vulnera su derecho al consentimiento informado.
Las demoras excesivas en consultas especializadas, terapias o diagnósticos son una de las principales fuentes de desigualdad. La espera no es una mera cuestión administrativa: es tiempo de deterioro, de pérdida de movilidad, de dolor o de dependencia. Y cada demora vulnera un derecho.
Ante esta situación, es necesario sumar recursos, sumar coordinación y, sobre todo, sumar humanidad. Reconocer que la salud no puede medirse solo en indicadores médicos, sino también en bienestar, autonomía y participación. Avanzar hacia un modelo donde la atención rehabilitadora, la prevención, la salud mental y los apoyos tecnológicos estén garantizados y financiados con equidad en todo el territorio. Porque sumar cuidados no es una opción: es la única forma de construir una sociedad más justa, más inclusiva y más saludable para todas las personas.
