Madrid investiga si el Hospital de Torrejón reutilizó material sanitario desechable, pero reivindica la evolución de sus listas de espera

Dos equipos de Inspección de la Consejería de Sanidad han recabado información este viernes con los sanitarios del centro mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que actuará "con contundencia" tras las denuncias de las directrices de Ribera Salud a los trabajadores para ganar rentabilidad en el hospital público

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G.M.C.
La Dirección General de Inspección de la Consejería de Sanidad madrileña ha visitado este viernes el Hospital de Torrejón de Ardoz para recabar información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico después de que este viernes el diario El País haya publicado una nueva información sobre la denuncia interna de trabajadores del centro por las directrices que habían recibido de la empresa que gestiona el hospital público para reutilizar materiales sanitarios de un solo uso. Según informa la Consejería de Sanidad madrileña, hay dos equipos de inspección en el centro. Al menos uno de ellos ha estado recopilando información con auxiliares de enfermería y médicos respecto al uso del material quirúrgico.

Este mismo viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que actuará «con contundencia» en en centro y ha afirmado que «cualquier mala práctica será erradicada». Por su parte, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha avisado en declaraciones recogidas por Europa Press, de que el Gobierno hará «todo» lo posible para «revertir» la «privatización» de la sanidad de Madrid, después de considerar «muy grave» el caso de Torrejón.

Trabajadores del centro denunciaron internamente las instrucciones que habían recibido para que reutilizaran material sanitario de un solo uso

Listas de espera

En un comunicado, la Consejería de Sanidad defiende la gestión del Hospital Universitario de Torrejón con los resultados de la evaluación de sus listas de espera. Señalan que actualmente las cifras de estas listas están «en la media o por debajo de ella» en todas las categorías. Argumentan que, independientemente de los audios que publicó El País del ya ex CEO de Ribera Salud en hospital, Pablo Gallart, indicando a un grupo de directivos que debían subir la lista de espera y rechazar a aquellos pacientes y procesos asistenciales poco rentables, la evolución de los tiempos de espera en 2025 «ha sido satisfactoria».

La Consejería aclara que el contenido de los audios de Gallar «merecen nuestro total y absoluto rechazo», pero que la evaluación realizada con los datos del centro «demuestran una tendencia de mejora sostenida» en las listas de espera para consultas, para pruebas diagnósticas y para intervenciones quirúrgicas. Señalan que la espera para consultas tiene una demora media de 32 días frente a 69 días en los hospitales de segundo nivel, es decir, aquellos del mismo tamaño y complejidad que el Hospital de Torrejón. En las pruebas diagnósticas la media de espera es de tres días frente a los 57 del resto de hospitales. En el caso de las cirugías, el retraso evaluado es algo más alto: 48 días de media en comparación con 42 del resto de centros.

La Consejería de Sanidad defiende la gestión del hospital con los resultados de sus listas de espera que, asegura, están «en la media o por debajo de ella»

Controles «continuos»

La Consejería se defiende y asegura que «realiza controles continuos» de la gestión privada de este hospital público, con auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad y de gestión económica y que estos controles se han «intensificado» tras conocer la conversación grabada de Gallart. «En ninguna de ellas -alrededor de 40 en el ejercicio presente-, se ha detectado las irregularidades denunciadas», afirman.

El equipo de Fátima Matute explica que los datos que manejan indican que la actividad asistencial del centro ha aumentado en el último año, así como su plantilla, que ha pasado de 1.168 a 1.201 trabajadores, un incremento del 2,8%. Y que el índice de satisfacción del hospital es de 8,5 puntos, según la encuesta de satisfacción de
los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), es de 8,5.

El Gobierno regional defiende que en el último año ha hecho alrededor de 40 controles sobre la gestión privada del Hospital de Torrejón

Desde el Gobierno autonómico han precisado que la inspección continuará en marcha en los próximos días y están a la espera de una reunión con el «el máximo responsable de la compañía», tras la desvinculación de Pablo Gallart. Durante su intervención en un acto por el Día de la Constitución, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha señalado que «con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia» se actuará «ahora y siempre en defensa del sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños», según recoge Europa Press.

También ha dicho que ni los profesionales ni los pacientes serán tratados «de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses». «Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida», ha enfatizado, a la vez que ha añadido que no dejarán «a nadie atrás» y ha pedido «máxima confianza» para los profesionales del Hospital de Torrejón.

CSIF exige una investigación interna y una reunión urgente a la dirección del Hospital de Torrejón para que «dé la cara»

«Revertir esa privatización»

Desde Bruselas, donde asisten a una reunión de ministros europeos, el titular de la cartera de Función Pública ha declarado a los medios que desde el Gobierno van a «hacer todo lo que esté en nuestra mano para paralizar lo que está pasando con la privatización de la sanidad de Madrid y para revertir esa privatización». En relación a las informaciones publicadas del caso del Hospital de Torrejón señala que «pone los pelos de punta». «Estamos conociendo cómo se ha despedido a profesionales por no estar de acuerdo, estamos conociendo cómo se han engordado listas de espera para maximizar el beneficio de las empresas privadas y hemos conocido incluso que se han reutilizado materiales de un solo uso», ha criticado el ministro.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este viernes de que exigirá a la dirección del Hospital de Torrejón una investigación interna y ha pedido una reunión urgente a la dirección del hospital para que «dé la cara» y ofrezca una explicación a los trabajadores. Además, fuentes del CSIF señalan a Europa Press que el comité de empresa tiene previsto reunirse y retomará en los próximos días las movilizaciones por las «precarias» condiciones laborales de la plantilla.

Reutilización de material, a la Fiscalía

Del lado de los pacientes, la Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, investigar al Hospital de Torrejón tras recibir nuevas denuncias relativas a la reutilización de material sanitario de un solo uso, ha informado la asociación en un comunicado.

La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal general del Estado investigar al hospital por las denuncias de reutilización de material sanitario de un solo uso

En un comunicado, la presidenta de la entidad, Carmen Flores, afirma que estas prácticas podrían constituir «un delito más» dentro del expediente que ya fue trasladado previamente a la Fiscalía, y cita la normativa vigente que regula los productos sanitarios. En concreto, alude al Real Decreto 1591/2009, que califica como infracción grave la reutilización indebida de material marcado como de un solo uso, debido al riesgo que comporta para la salud de los pacientes.

La organización también recuerda que estas actuaciones podrían encuadrarse en distintos tipos penales recogidos en el Código Penal español, como la imprudencia profesional o la negligencia médica, cuyos artículos 142 y 152 contemplan penas de prisión y multas cuando la conducta imprudente genera lesiones o fallecimientos.

Flores señala que los trabajadores denunciantes advirtieron internamente de que la orden recibida «no era legal», y agrega que esta práctica podría haberse hecho, presuntamente, con «premeditación y mala fe», extremo que deberá esclarecerse en la investigación. La asociación justifica su actuación citando el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a quienes, por su profesión o cargo, tengan conocimiento de un posible delito público a ponerlo en conocimiento del juez o del fiscal.

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