Fátima del Reino Iniesta
Las recientes resoluciones judiciales que han reconocido el contagio laboral de Covid-19 en sanitarios han reactivado el interés por reclamar responsabilidades a la Administración. Sin embargo, el debate jurídico está lejos de resolverse en términos generales.
Carlos León, director jurídico de DS Legal, ha advertido, en una entrevista a iSanidad, que no puede trasladarse un mensaje de automatismo indemnizatorio. Además, ha subrayado que «la posibilidad real de obtener compensaciones económicas es muy limitada, y que la mayoría de las reclamaciones carecen de viabilidad práctica».
Un marco jurídico exigente y muy casuístico
Desde el punto de vista técnico, Carlos León ha recordado que para que prospere una reclamación de responsabilidad patrimonial deben acreditarse tres elementos esenciales: daño individualizado, relación causal directa y antijuridicidad del perjuicio. En este sentido, ha recalcado que «para que prospere una reclamación frente a la Administración no basta con haber padecido Covid-19, incluso en entornos sanitarios».
El director jurídico ha incidido especialmente en la dificultad de probar el nexo causal en un contexto de transmisión comunitaria. Según su análisis, «acreditar ese nexo causal resulta extraordinariamente difícil». Además, ha recordado que las sentencias difundidas en medios responden a situaciones muy concretas. «Las decisiones judiciales citadas en prensa responden a casos muy concretos, en circunstancias excepcionales y probadas. No constituyen una doctrina aplicable de forma automática».
«La posibilidad real de obtener compensaciones económicas es muy limitada, y que la mayoría de las reclamaciones carecen de viabilidad práctica»
Sobre la cuantía indemnizatoria, también ha matizado expectativas. «Aunque el baremo de daños personales se utilice como criterio orientador, solo opera después de haber demostrado la responsabilidad». Y ha añadido que «la mayor parte de reclamaciones se archivan en fase administrativa o se desestiman en sede judicial por falta de prueba».
Aumento de consultas entre sanitarios y familiares
Desde el ámbito sindical sí perciben un incremento del interés tras conocerse los fallos favorables. Encarna Abascal, secretaria de Prevención Laboral de CSIF ha explicado a iSanidad que «sí que hemos detectado que hay un aumento de consultas y un mayor interés entre los sanitarios y los familiares para iniciar esas declaraciones».
La representante sindical ha señalado que el impacto mediático genera un efecto llamada. «Cuando salió la sentencia de reconocimiento jurídico como enfermedad profesional, tuvimos un aluvión de consultas». También ha destacado que «cuando se publicó el caso de Valencia también hubo un aumento de llamadas».
«Cuando salió la sentencia de reconocimiento jurídico como enfermedad profesional, tuvimos un aluvión de consultas»
En cuanto a la estrategia procesal, ha aclarado que predominan las acciones individuales: «A nivel individual sí que es viable, es probable y que las estamos haciendo ahora mismo». No obstante, no descartan actuaciones coordinadas.
Fallos preventivos y deber de protección
Las resoluciones judiciales han analizado la falta de medidas en los primeros momentos de la pandemia. Encarna Abascal ha sido contundente al describir aquel contexto: «No había ni mascarillas, ni EPI suficientes, ni espacios suficientes para desarrollar la actividad».
Aunque evita emplear formalmente el término negligencia institucional, sostiene que «sí que es una negligencia institucional». Y añade que «los tribunales suelen hablar más del funcionamiento de la Administración, el cumplimiento de obligaciones en prevención de riesgos, insuficiencia y tardanza de medidas de protección».
«Sí que hemos detectado que hay un aumento de consultas y un mayor interés entre los sanitarios y los familiares para iniciar esas declaraciones»
Desde el análisis jurídico de DS Legal, Carlos León ha recordado que el contexto epidemiológico y normativo refuerza la posición defensiva de la Administración. Ha insistido en que la jurisprudencia no ha consolidado un criterio expansivo y que la responsabilidad sigue siendo excepcional.
Covid Persistente, como frente emergente
Otro elemento que puede influir en futuras reclamaciones es el reconocimiento de secuelas prolongadas. Encarna Abascal ha subrayado que «hay más de dos millones y medio de personas afectadas por Covid persistente» y advierte de que muchos trabajadores sanitarios presentan incapacidades o síntomas crónicos.
«Hay más de dos millones y medio de personas afectadas por Covid persistente»
Según ha explicado, «muchos de ellos están en proceso de que se les reconozca también como enfermedad profesional». Además, ha animado a los profesionales a valorar la vía judicial: «aunque es un proceso largo, un proceso tedioso y que a veces al final se tarda, sí que es una manera de hacer justicia».
Las sentencias recientes han abierto un escenario de mayor visibilidad jurídica, pero el mensaje desde el ámbito técnico es claro. Como resume el director jurídico de DS Legal, «la responsabilidad patrimonial por daños relacionados con el Covid-19 es excepcional, no generalizable, y solo viable en supuestos muy concretos y difíciles de acreditar». Así, aunque las resoluciones pueden impulsar nuevas consultas y aumentar la conciencia entre los profesionales sanitarios, el éxito procesal dependerá de la prueba aportada en cada caso y de circunstancias muy específicas.
