Fátima del Reino Iniesta
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que refuerza la universalidad del sistema sanitario en España y garantiza el acceso a la asistencia sanitaria pública a personas inmigrantes en situación irregular. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece un procedimiento homogéneo para reconocer el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos y pretende eliminar las barreras administrativas que aún dificultaban el acceso al sistema sanitario.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el objetivo de la medida es hacer «plenamente efectivo el principio de universalidad» del Sistema Nacional de Salud (SNS). «Eliminamos las barreras administrativas que todavía dejaban a personas sin atención», ha añadido en declaraciones remitidas por el ministerio tras la reunión del Consejo de Ministros.
«Nadie tendrá que esperar meses para que se resuelva un expediente para poder ir a su médico»
La norma también busca resolver los problemas de aplicación desigual y burocracia detectados tras el Real Decreto-ley 7/2018, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar el acceso universal a la sanidad pública tras las restricciones introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, que limitó la cobertura sanitaria para personas en situación administrativa irregular.
Uno de los principales cambios que introduce el decreto es que la asistencia sanitaria comenzará desde el mismo momento en que se presente la solicitud para reconocer el derecho, evitando que las personas tengan que esperar a la resolución administrativa para poder acceder a la atención sanitaria. Desde ese momento se entregará un documento provisional que permitirá acceder a la asistencia sanitaria pública en cualquier comunidad autónoma mientras se tramita el expediente.
La ministra ha destacado que esta medida busca evitar situaciones que se producían hasta ahora en algunos casos. «A partir de ahora la atención sanitaria comienza desde el momento en el que se presenta la solicitud, nadie tendrá que esperar meses para que se resuelva un expediente para poder ir a su médico». Además, la solicitud podrá iniciarse «directamente en el centro de salud o en el hospital cuando una persona acuda a recibir atención sanitaria», incluso si el trámite no se había iniciado previamente.
«La solicitud se podrá hacer directamente en el propio centro de salud o en el hospital cuando una persona acuda a recibir atención»
Con ello, el Gobierno pretende evitar que pacientes que ya han sido atendidos en el sistema sanitario reciban posteriormente una factura por no haber completado el procedimiento administrativo.
Declaración responsable y menos burocracia
El real decreto introduce una declaración responsable para simplificar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria. En este documento, la persona solicitante declara que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía ni puede exportar ese derecho desde otro país, y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia sanitaria.
Según el Ministerio de Sanidad, esta fórmula pretende reducir los trámites administrativos que dificultaban el acceso al sistema sanitario público para determinados colectivos. «Además incorporamos la declaración responsable para la que una persona pueda acceder de forma sencilla que cumple los requisitos para iniciar el reconocimiento del derecho sin pasar por trámites interminables», ha subrayado la ministra.
El procedimiento se simplifica mediante una declaración responsable que evita trámites administrativos complejos
El decreto también flexibiliza la forma de acreditar la residencia habitual en España. Aunque el empadronamiento seguirá siendo el documento preferente, se aceptarán otros medios de prueba cuando no sea posible presentarlo. Entre ellos figuran certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de suministros como luz, gas, agua o telefonía.
Además, la Administración dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Si transcurrido ese periodo no se ha notificado una resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo. Una vez reconocido el derecho, la cobertura sanitaria no tendrá caducidad mientras la persona no obtenga cobertura por otra vía.
Según el Ministerio de Sanidad, este mecanismo pretende evitar retrasos administrativos y garantizar que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria no dependa de los tiempos de tramitación de cada administración.
Protección reforzada para colectivos vulnerables
El real decreto también garantiza el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública para colectivos especialmente protegidos, independientemente de su situación administrativa. Entre ellos se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas y víctimas de violencia de género, violencias sexuales o trata de seres humanos.
La atención sanitaria comenzará desde el momento en que se presente la solicitud para reconocer el derecho
Las mujeres extranjeras no residentes también tendrán reconocido el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con la normativa vigente en materia de salud sexual y reproductiva. Además, el derecho a la asistencia sanitaria se extiende a solicitantes de protección internacional o temporal.
Para las personas en situación de estancia temporal que necesiten asistencia sanitaria, el decreto regula la emisión de informes de acreditación de especial vulnerabilidad por parte de los servicios sociales de las comunidades autónomas.
Otra de las novedades del real decreto es que amplía el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas españolas de origen residentes en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España. Hasta ahora, esta cobertura estaba limitada principalmente a pensionistas o trabajadores. Con la nueva regulación se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares, incluidos cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo, siempre que no dispongan de cobertura sanitaria mediante convenios internacionales o la legislación de seguridad social.
También amplía la cobertura sanitaria a españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España
El real decreto introduce también una modificación en el sistema de copago ortoprotésico. A partir de ahora, las personas exentas del copago en la prestación farmacéutica ambulatoria también quedarán automáticamente exentas del copago en productos ortoprotésicos. Esta medida beneficiará especialmente a pensionistas con rentas bajas, personas con discapacidad o colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
La aprobación del decreto también ha suscitado críticas desde la oposición. El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha rechazado la medida y ha cuestionado que se garantice la asistencia sanitaria pública a personas inmigrantes en situación irregular. En una publicación en la red social X, Garriga ha afirmado que «ya han convertido nuestras prisiones y el parque público de viviendas en delegaciones de países extranjeros. Ahora quieren colapsar nuestra sanidad pública ¿Para quién gobierna el PSOE? No somos una ONG. No somos una organización benéfica. No somos el hospital del mundo».
Desde el Gobierno defienden que la nueva norma supone un paso para consolidar el principio de universalidad del sistema sanitario público en España y garantizar que el derecho a la protección de la salud se ejerza en condiciones de igualdad. «En definitiva, convertimos el acceso a la sanidad en una opción por defecto y reafirmamos un principio que es muy sencillo, la sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país», ha concluido la ministra. El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
