Gema Maldonado Cantero
El proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros en segunda vuelta, lo que lleva al texto a iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde tiene que recibir la aprobación del pleno para que entre en vigor. Esta ley supone la derogación de la Ley 15/2007, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitía la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad.
Esta ley «consagra la gestión directa como pilar ordinario del Sistema Nacional de Salud», ha dicho la ministra de Sanidad Mónica García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «se acabó convertir el sistema sanitario público en una franquicia para grandes grupos privados, como Quirón». La norma establece que el sistema sanitario debe gestionarse a través de las autoridades públicas competentes, entidades de gestión pública o consorcios públicos y relega la gestión indirecta de centros sanitarios públicos como «fórmula excepcional» y regula «cómo tiene que ser» esa gestión indirecta, ha dicho la ministra.
Esta ley «consagra la gestión directa como pilar ordinario del Sistema Nacional de Salud», ha dicho la ministra de Sanidad
Con esta nueva ley las administraciones que quieran externalizar recurrir a la gestión privada en sanidad tendrán que motivar objetivamente que «no tienen la capacidad de prestar el servicio» de forma directa y acreditar que la fórmula de gestión indirecta elegida «es sostenible y eficiente» y «garantiza la calidad, equidad y sostenibilidad».
La ley también introducen nuevos mecanismos de control, a los que la ministra se ha referido como «nuevas garantías de evaluación, transparencia y rendición de cuentas». Así, establece que habrá una evaluación previa obligatoria de cualquier intento de gestión privada del sistema sanitario, será obligatorio un Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en los contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que «estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria», apunta Sanidad.
A la hora de elegir quién se encargará de esa gestión privada siempre habrá «preferencia por el sector social»
«Esta ley blinda el sistema sanitario de los audios que escuchamos de un CEO de una empresa privada diciendo que había que diferenciar entre los pacientes rentables y no rentables», ha abundado la ministra de Sanidad, en referencia al caso del Grupo Rivera Salud en la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, la ley establece que cuando se hayan cumplido todos estos requisitos previos, a la hora de elegir quién se encargará de esa gestión privada siempre habrá «preferencia por el sector social». De esta forma, siempre que haya una licitación, en caso de empate se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro. Está por ver que Junts vaya a apoyar esta ley en el Congreso. Pero en este tipo de conciertos con organizaciones del sector social se basa gran parte de la gestión privada de la sanidad en Cataluña.
La ministra ha asegurado que se han reunido con «todo el entramado sanitario catalán» y que la ley lo que hace es «blindar la sanidad catalana de la parasitación privada que deriva recursos públicos a las cajas de resultado de empresas privadas». Por tanto, cree que no afecta a la gestión de la sanidad catalana.
El Ministerio presentará en un año una evaluación sobre las experiencias de gestión privada de la sanidad para ver «resultados en salud, costes y eficacia real de este sistema»
La ley también introduce medidas de buen gobierno que implican que cada año los sistemas sanitarios tengan que publicar obligatoriamente los indicadores de resultados en salud de todos sus centros, «independientemente de su modelo de gestión», ha puntualizado García. Hasta ahora no son públicos los resultados de uno u otro hospital.
El Ministerio tendrá que elaborar en el plazo de un año una evaluación sobre las distintas experiencias de gestión privada desarrolladas en España desde 1997. Lo realizará un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas, expertos en este tipo de evaluaciones y tendrá organizaciones de pacientes entre sus participantes. El objetivo es ver «resultados en salud, costes y eficacia real de este sistema«, ha dicho Mónica García, para un debate, que «muchas veces se ha planteado desde enfoques ideológicos, por eso necesitamos conocer sus resultados», ha añadido.
Reforma del copago
Otra de las medidas de Sanidad aprobadas en el Consejo de Ministros es un nuevo real decreto-ley que reforma el sistema de aportaciones de los pacientes a la prestación farmacéutica, el conocido copago farmacéutico. Esta medida debía haber ido en el anteproyecto de Ley de los Medicamentos. En aquel momento, Mónica García, que había anunciado su intención de reformar el copago farmacéutico, explicó que se había quedado fuera en una «decisión de Gobierno» y que trataría de introducirla más adelante en la tramitación de la ley, que está pendiente de volver a pasar por el Consejo de Ministros. Finalmente, la fórmula elegida ha sido el real decreto-ley de este martes, elaborado entre el ministerio de Sanidad y Hacienda.
Esta medida debía haber ido en el anteproyecto de Ley de los Medicamentos, pero finalmente se quedó fuera
Para la ministra, esta normativa «corrige desigualdades muy evidentes del sistema actual, protege a los pacientes crónicos activos con rentas bajas o medias y adapta el copago a la realidad actual». García ha asegurado que «había pacientes que abandonaban el tratamiento por problemas económicos». Según el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica existe un «mayor problema de adherencia terapéutica» en las personas activas que tenían rentas bajas, es decir, no pensionistas, ya que estos últimos «tienen topados los copagos a partir de ciertas cantidades». De forma que el sistema, ha dicho, «penalizaba mucho a trabajadores con enfermedades crónicas».
La reforma amplía los niveles de aportación para las personas activas que pasan de tres a seis tramos en función de su renta, «ajustando de forma más progresiva los porcentajes de copago», indica Sanidad. Además, incorpora nuevos topes mensuales de aportación para las rentas anuales por debajo de 35.000 euros, que hasta ahora no tenía estos límites.
«No supone un aumento de lo que pagan los ciudadanos por los medicamentos, es el Estado el que nos hacemos cargo de una mayor cuantía de los medicamentos y reducimos lo que tienen que pagar rentas medias y bajas«, ha apuntado García. Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros.
Incorpora nuevos topes mensuales de aportación para las rentas anuales por debajo de 35.000 euros, que hasta ahora no tenía estos límites
Así se establece un tramo concreto para rentas por debajo de 9.000 euros, con un copago del 40% y un tope máximo mensual de 8,23 euros. El segundo tramo, hasta 17.999 euros de renta, el porcentaje de copago es el mismo y el tope se sitúa en 18,52 euros. El tercer tramo, para personas con rentas de hasta 34.999 euros el porcentaje alcanza el 45% y el tope es de 61,75 euros. A partir de los 35.000 euros hay otros tres tramos hasta rentas superiores a 100.000 euros, que asumen el 45%, el 50% y el 60% del copago y no tienen tope mensual.
En el caso de los pensionistas, la norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y actualiza los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva. Además, se establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos, evitando que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho.
Los pensionistas con rentas por debajo de 18.000 euros pagarán un tope máximo mensual de 8,23 euros
Los pensionistas con rentas por debajo de 18.000 euros pagarán un tope máximo mensual de 8,23 euros, hasta los 59.999 euros el tope es de 13,37 euros, hasta los 99.999 euros son 18,52 euros y a partir de 100.000 euros el tope se eleva a 61,75 euros.
Refuerzo de la salud mental
El Consejo de Ministro ha autorizado la distribución a las comunidades autónomas y al Ingesa de créditos por valor de 39 millones de euros para acciones en salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio. En total son 56,8 millones de euros.
Según informa el Ministerio de Sanidad, el acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), mantiene las cuantías del año anterior y tiene como objetivo principal la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
La partida de 39 millones de euros destinada a salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. Así, 26,8 millones de euros se destinarán para gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos. Mientras que 12,2 millones de euros se dedicarán al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.
Para acceder a estos créditos, las comunidades tendrán que aportar una memoria de los proyectos y el importe destinado
El Ministerio subraya que las actuaciones se centrarán en ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria, desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos, y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente.
Los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, debido a su régimen foral, y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del Ingesa, siguiendo un modelo de reparto que asigna un 5% de forma lineal para asegurar un importe mínimo a cada territorio y el 95% restante en función de criterios poblacionales. Para acceder a estos créditos, las administraciones destinatarias deberán adherirse a las actuaciones financiadas y aportar una memoria detallada de los proyectos y el importe destinado.
Andalucía será la comunidad autónoma que más financiación recibirá para gastos corrientes del Plan de Acción de Salud Mental, con siete millones de euros, seguida de Cataluña (6,5 millones), Madrid (5,8) y la Comunidad Valenciana (4,3). En cuanto al equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, Andalucía volverá a encabezar la distribución con 3,2 millones, por delante de Cataluña (2,9), Madrid (2,6) y la Comunidad Valenciana (1,9).
