Jorge Pastor Arrizabalo
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Federación de Asociaciones de Pacientes alérgicos y con enfermedades respiratorias (Fenaer) han presentado este martes en Madrid sus propuestas de cambios en el Anteproyecto que modifica la Ley 28/2005 del 26 de diciembre, la ley antitabaco.
El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad busca ampliar los espacios libres de humo, reforzar la regulación de los nuevos productos con nicotina y actualizar la normativa antitabaco vigente desde hace dos décadas. Pero, para las tres organizaciones este documento no es suficiente porque «tiene deficiencias muy graves», como ha señalado el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz, fundador del Área de Tabaquismo de Separ.
El Dr. Carlos A. Jiménez Ruiz ha señalado que el Anteproyecto de ley «tiene deficiencias muy graves»
Por ello, han propuesto varias medidas. La primera es elevar los precios del tabaco y de los nuevos productos mediante el incremento de la fiscalización. Las entidades han defendido que es una de las herramientas más eficaces para prevenir el consumo entre los jóvenes. Han asegurado que una subida del 10% en el precio del tabaco ayudaría a reducir un 10% el consumo, según un metaanálisis realizado en 2025, y publicado en Science Direct.
A su vez, han declarado que un incremento del precio de venta entre un 45% y un 75% contribuiría a reducir la mortalidad asociada al tabaquismo, según los datos de un estudio publicado en BMJ Open. Por ello, desde las organizaciones han valorado como «imprescindible» incorporar esta medida al texto legislativo.
Empaquetado neutro y control de nuevos productos
Otra de las medidas es aprobar la implantación del empaquetado neutro en España. Una decisión que otros países en el entorno europeo, así como en el resto del mundo, ya han tomado. Con esta implementación, buscan reducir la capacidad atractiva de los productos del tabaco, así como evitar que los paquetes de tabaco funcionen como un soporte publicitario para promocionar su consumo y, además, reforzaría la visibilidad y el impacto de las advertencias sanitarias presentes en los envases.
Las organizaciones han puesto el foco especialmente en la población joven, al considerar que los adolescentes son más vulnerables al consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Según han recordado las organizaciones, el 49,5% de los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años ha utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez y cerca de un 27% los consume de forma habitual.
En este sentido, han reclamado que cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina queden regulados bajo el mismo marco normativo que el tabaco convencional. También han pedido aromas y saborizantes dirigidos a captar a menores, limitar los puntos de venta y poner fin a la publicidad en redes sociales y a la promoción encubierta mediante influencers.
Facilitar el acceso a los tratamientos para dejar de fumar
En su documento de propuestas, las organizaciones han señalado algunas de las barreras existentes que impiden un fácil acceso a los tratamientos para dejar de fumar. Actualmente, solo están financiados tres de los cuatro fármacos que han demostrado ser eficaces y seguros. Es el caso de los medicamentos con citisniclina, bupropion y vareniclina.
La excepción son las terapias sustitutivas con nicotina (TSN). Y, desde Separ, Semergen y Fenaer, han destacado que «no existe ninguna razón científica que justifique esta decisión» porque «cualquier forma de terapia sustitutiva con nicotina tiene evidencia científica robusta sobre su eficacia, seguridad y coste/beneficio».
José Luis Díaz Maroto, miembro de Semergen, ha destacado la importancia de los fármacos a la hora de dejar de fumar al señalar que «el tabaquismo es una enfermedad crónica que necesita tratamiento farmacológico».
«El tabaquismo es una enfermedad crónica que necesita tratamiento farmacológico», ha destacado José Luis Díaz Maroto
Otro de los obstáculos que han señalado es que la financiación pública solo se concede a fumadores que hayan intentado dejar de fumar en el último año o que presenten un alto grado de dependencia a la nicotina. En concreto, se exige alcanzar siete puntos o más en el test de Fagerström, un criterio que únicamente cumple entre el 15% y el 20% de los fumadores españoles.
Las organizaciones han defendido que los pacientes formen parte de programas estructurados para dejar de fumar, aunque reclamaron una aclaración de los criterios que deben cumplir estos programas. En este sentido, han pedido que incluyan tratamiento farmacológico individualizado, apoyo psicológico y seguimiento especializado durante todo el proceso de abandono del tabaco.
Otra de las barreras es la exigencia de consumir, al menos, diez cigarrillos al día para acceder a la financiación de tratamientos. Las organizaciones han considerado que este requisito «no tiene sentido científico», ya que existen fumadores con menor consumo que presentan una elevada dependencia a la nicotina o requieren igualmente apoyo psicológico y farmacológico.
Asimismo, han denunciado que actualmente solo se financia un tratamiento cada 12 meses y que la prescripción está limitada a determinados profesionales sanitarios. Por ello, han reclamado ampliar la capacidad de prescripción y seguimiento a profesionales con formación específica en tabaquismo.
Las tres organizaciones avanzaron, además, que ya han trasladado estas propuestas a representantes de distintos grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad para que puedan incorporarse durante la tramitación parlamentaria del anteproyecto.
