Los anestesiólogos reclaman a Sanidad un marco normativo específico que regule su competencia exclusiva para practicar la sedación profunda

Asimismo, desde la sociedad científica han recordado que la sedación profunda no es un procedimiento menor, sino un acto anestésico que puede comprometer de forma súbita la vía aérea, la respiración, la oxigenación cerebral y la estabilidad cardiovascular del paciente.

Por ello, han insistido en que debe realizarse con los mismos estándares de seguridad que cualquier anestesia general, lo que requiere la presencia continuada de un anestesiólogo responsable de la valoración preanestésica, la indicación y prescripción de los fármacos anestésicos, la vigilancia permanente del paciente y el tratamiento inmediato de cualquier complicación.

A su vez, han instado a Sanidad y a las respectivas consejerías de las comunidades autónomas a impulsar una regulación específica que incorpore los estándares de seguridad respaldados por la evidencia científica y por las principales sociedades internacionales de anestesiología.

Mientras no exista una regulación nacional, Sedar recuerda que la legislación española reconoce a los pacientes el derecho a conocer quién será el profesional responsable de su anestesia, cuál es su especialidad y quién asumirá la vigilancia anestésica durante todo el procedimiento.

Por ello, recomienda solicitar esta información antes de firmar el consentimiento informado y preguntar quién realizará la sedación o anestesia, si es especialista en anestesiología y reanimación y si habrá un anestesiólogo dedicado exclusivamente a vigilar la respiración, la vía aérea, el corazón y las constantes vitales durante toda la intervención.

Sedar recuerda que la legislación española reconoce a los pacientes el derecho a conocer quién será el profesional responsable de su anestesia

La sociedad científica subraya que ejercer este derecho no implica desconfiar de los profesionales sanitarios, sino que forma parte de una relación asistencial basada en la información, la transparencia y la seguridad del paciente. No obstante, insiste en que la responsabilidad última de garantizar esa seguridad corresponde al sistema sanitario y a las administraciones públicas.