J.P.R.
La discusión sobre el Estatuto Marco será el viernes próximo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado a las comunidades autónomas a un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, entre ellos los médicos. El Interterritorial de este viernes incluía otros temas: el protocolo común para tratamientos de alta complejidad de 80.000 euros o más por paciente y año; la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia; el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería, y el reparto de 235 millones de euros para reforzar prestaciones y servicios del SNS.
La ministra ha desoído la petición del consejero vasco, Alberto Martínez, de incorporar el Estatuto Marco al orden día y ha lanzado un aviso a navegantes en la rueda de prensa posterior: no retirará el Estatuto Marco. Respondía así al decálogo firmado un día antes por todas las comunidades autónomas para instar a una reforma del estatuto “seria, realista y viable”.
A pesar de que el documento procedía de las 17 autonomías, la ministra ha aprovechado para cargar las tintas sobre las regiones gobernadas por el PP. «Lo que es curioso es que se presenten como adalides de una supuesta defensa de los profesionales y que luego nos digan que esas mejoras que nos reivindican los profesionales las dejemos en un cajón», ha señalado.
«No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales», ha señalado la ministra en el Interterritorial sobre la postura de las comunidades autónomas en torno al Estatuto Marco
Ante las acusaciones de incapacidad para el diálogo, García ha citado los informes técnicos de las comunidades populares remitidas al Interterritorial en los que se califica de «caprichosas» o «irrealizables» la limitación de la jornada de guardias a 17 horas. «No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales», ha insistido. Sus críticas han ido más allá: «O no les interesa la mejora de las condiciones laborales o les interesa mantener el conflicto».
En cuanto a la jubilación parcial, la ministra ha subrayado que se incorporó al borrador de Estatuto Marco, aunque tuvo que eliminarse hasta alcanzar un acuerdo con los ministerios de Seguridad Social y de Función Pública. «Ya aprobamos la jubilación parcial de los laborales y ahí, bueno, está en marcha la jubilación parcial de los funcionarios. Y los estatutarios, que no dejamos de ser funcionarios, tenemos que ir en la misma normativa y en la misma legislación. Esto es lo que hemos hablado con los sindicatos del Ámbito (de Negociación del Estatuto Marco) y están absolutamente de acuerdo», ha detallado.
Acuerdos del Consejo Interterritorial
A pesar del conflicto, la ministra ha alegado que la reunión del Consejo Interterritorial ha transcurrido con «la mayor normalidad». García ha puesto en valor los acuerdos alcanzados en este órgano durante la legislatura. «Hemos alcanzado 16 acuerdos importantes hoy. Llevamos 120 acuerdos aprobados en esta legislatura. Para que vean el nivel de consenso y dialogo en estos consejos interterritoriales. Desde 2018 se han transferido más 3.700 millones en fondos finalistas. El Gobierno ha distribuido más de 300.000 millones en total para todas las partidas. Se han multiplicado por 10 las transferencias desde el Ministerio a las comunidades autónomas tras el Covid», ha argumentado.
El segundo foco de conflicto ha sido la nueva edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia que ha provocado un nuevo conflicto entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid. «Esto es un manual de buenas prácticas y lo que hace la Comunidad de Madrid, nuevamente, es intentar bloquear un derecho, un derecho legal, como hicieron con el aborto, pero en este caso el derecho legal a morir dignamente, morir a través de la ley de la eutanasia», ha explicado la ministra.
El protocolo común para tratamientos de alta complejidad se aplicará inicialmente a 66 fármacos ya incorporados a la cartera común
La ministra ha anunciado además un protocolo común para tratamientos de alta complejidad de 80.000 euros o más por paciente y año. El objetivo es coordinar entre comunidades autónomas el acceso a este tipo de tratamientos farmacológicos. El acuerdo se aplicará inicialmente a 66 fármacos ya incorporados a la cartera común de servicios del SNS: 12 terapias avanzadas y 54 tratamientos de alto impacto económico. La intención del Ministerio es que este listado se actualicen a medida que se incorporen nuevos medicamentos para su financiación.
Con respecto al reparto de fondos de 235 millones de euros, la mayor parte, 172,4 millones, corresponden al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Otros 60 millones irán a la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud. Sobre el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería, la medida contará con una dotación de 960.000. Cada territorio recibirá 60.000 euros para financiar la contratación de una enfermera asistencial que permita liberar de actividad clínica a la experta en cuidados, planificación sanitaria y sistemas de información, facilitando así su dedicación al desarrollo del proyecto.
