Redacción
En el Consejo de Ministros del pasado 28 de julio se firmó la orden del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que modifica el régimen de uso de la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), en la calle Santa Isabel, 51 en Madrid. Las reacciones del Icomem no se han hecho esperar. Como primeras acciones, la Junta Directiva ha acordado encargar un análisis jurídico urgente de la orden, solicitar una reunión con el Ministerio de Ciencia y convocar una Asamblea General extraordinaria a comienzos de septiembre para informar a los colegiados sobre la situación jurídica derivada de esta decisión, las actuaciones que se adopten y su repercusión económica.
Por otro lado, el Colegio ha señalado que la coincidencia temporal de esta decisión con su oposición pública al Estatuto Marco “genera una legítima preocupación” y ha reclamado al ministerio “una explicación sobre el procedimiento seguido, la necesidad y proporcionalidad de la medida” y las razones por las que, según sostiene, “no se alcanzó previamente un acuerdo entre ambas instituciones”.
La Junta Directiva del Icomem realizará un análisis jurídico urgente de la orden y solicitaran una reunión con el ministerio de Ciencia
Según la orden deja sin efecto el régimen de uso establecido en el convenio de 23 de febrero de 1970 y lo sustituye por una concesión demanial de 25 años limitada a una parte del inmueble, propiedad del Estado y declarado Bien de Interés Cultural. Numerosos espacios emblemáticos de la planta baja y del sótano -1 pasan a ser de uso exclusivo del Museo Nacional Cajal, entre ellos el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el Pequeño Anfiteatro, la Sala de Prensa y distintos archivos y almacenes.
Mientras, el Gran Anfiteatro, el Patio Cajal y el acceso principal pasan a ser espacios compartidos, cuyo uso por el Icomem queda condicionado a la conformidad previa del museo. Por su parte, el Colegio conserva el uso del Aula Jiménez Díaz, el Espacio del Niño Perdido y las plantas segunda, tercera y altillo, así como la explotación de la cafetería y la cocina.
El Icomem ha recordado que durante más de medio siglo han gestionado, conservado y mantenido la zona histórico-artística del edificio, destinada a actividades colegiales, formativas y de interés público, y que en los últimos seis años han invertido cerca de “11 millones de euros en infraestructuras y equipamientos para modernizar la sede”. En este sentido, ha sostenido que el nuevo régimen de uso “no solo reduce los espacios disponibles, sino que incorpora restricciones a la utilización de dependencias, la necesidad de autorización previa para determinadas obras y actividades, la asunción de gastos sobre los espacios concedidos y la posibilidad de extinguir la concesión por razones de interés público, sin indemnización”.
El Icomem ha recordado la labor de conservación que han realizado durante más de medio siglo y la inversión de 11 millones de euros en infraestructuras y equipamiento para modernizar la sede
Asimismo, el Colegio manifiesta que apoya la creación y el desarrollo del Museo Nacional Ramón y Cajal y la preservación del legado de Santiago Ramón y Cajal, aunque rechaza que ese objetivo se lleve a cabo mediante una decisión que, a su juicio, menoscaba “la autonomía y la capacidad de funcionamiento de la corporación”.
Reacciones del Gobierno
Por su parte, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han rechazado la interpretación realizada por el Icomem y han recalcado que la orden “no acuerda el desalojo” del Colegio Oficial de Médicos de Madrid “ni pone fin a su presencia en el edificio de la calle Santa Isabel”.
Según han explicado, la resolución actualiza “la autorización de uso concedida hace más de cincuenta años, delimita los espacios que corresponderán al Colegio y al futuro Museo Nacional Cajal y concede al Icomem una concesión demanial gratuita por un plazo de 25 años para que continúe desarrollando su actividad institucional, colegial, docente y de formación continuada”.
“La orden establece espacios de uso compartido, garantiza mecanismos de coordinación entre ambas instituciones mediante una Comisión de Seguimiento y reconoce expresamente la función pública que desarrolla el Colegio”, han remarcado. En este sentido, han insistido en la orden “no priva” al Colegio de su sede, sino que le conceden gratuitamente el uso de “una parte sustancial” del edificio durante 25 años. Por tanto, han confirmado que el Colegio continuará desarrollando su actividad en el inmueble, al tiempo que han subrayado que el edificio es de titularidad estatal y que la finalidad de la orden es “compatibilizar la actividad del Colegio con la implantación del Museo Nacional Cajal”.
