Redacción
A pesar de que Vivanta Dental fuera beneficiaria de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2022, varias clínicas de la cadena han cerrado sus puertas o suspendida repentinamente su actividad, dejando a numerosos pacientes con citas programadas y tratamientos odontológicos en curso. Ante esta situación, el Consejo General de Dentistas de España manifiesta su profunda preocupación e indignación por los acontecimientos.
Según el Consejo General, Vivanta Dental ha dejado a los pacientes con una información insuficiente sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado. Asimismo, considera “inaceptable” que las consecuencias de una crisis empresarial puedan trasladarse de forma inmediata a los pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos sanitarios que pueden prolongarse durante meses y que, en numerosos casos, han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados.
Los afectados por el cierre de Vivanta Dental disponen de insuficiente información sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado, según el Consejo General de Dentistas
El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, señala que “resulta difícilmente comprensible que una compañía que ha contado con un respaldo público de esta magnitud pueda llegar a una situación en la que numerosos pacientes descubran de un día para otro que el centro en el que estaban siendo tratados ha suspendido su actividad. La prioridad debe ser garantizar su salud, la continuidad asistencial y sus derechos económicos.
El Consejo General exige que los responsables del proceso empresarial y, en su caso, concursal faciliten a cada paciente información inmediata, individualizada y verificable sobre la continuidad de su tratamiento: quién lo asumirá, en qué centro, en qué condiciones y qué ocurrirá con las cantidades ya abonadas. Cualquier solución empresarial que permita preservar la actividad será positiva si garantiza de forma efectiva los derechos de los pacientes.
Recomendaciones para los pacientes afectados
Mientras se clarifica la situación de cada centro y de cada tratamiento, el Consejo General de Dentistas recomienda a los pacientes afectados conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento; así como solicitar por escrito y por un medio que permita acreditar su envío información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso, puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamar de forma acreditable frente al prestador y comunicar inmediatamente la situación a la entidad financiera. En caso de que existan cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conservar los justificantes y formular la correspondiente reclamación.
Entre las recomendaciones para los afectados, destaca guardar toda la documentación relacionada con el tratamiento para su reclamación
Si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse, acudir a otro dentista para que valore clínicamente la situación. Es aconsejable solicitar un informe del estado actual y de los tratamientos realizados y pendientes. Por último, el Consejo General recomienda dirigirse, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Asimismo, analizar con especial cautela las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y comprobar antes de firmar sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.
Ley de mecanismos de garantía financiera
Lo ocurrido vuelve a poner de manifiesto un problema sobre el que el Consejo General de Dentistas lleva años advirtiendo a las Administraciones Públicas. Los cierres de iDental, Dentix y otros centros odontológicos ya demostraron las graves consecuencias que se producen cuando una persona abona anticipadamente un tratamiento de larga duración y el prestador cesa después su actividad.
En este contexto, el Consejo General reclama que se establezcan por ley mecanismos de garantía financiera que protejan las cantidades abonadas anticipadamente y permitan asegurar la continuidad de los tratamientos cuando un prestador sanitario cese su actividad o resulte insolvente y una ley de publicidad sanitaria que impida campañas de agresivas donde la salud se trate como bienes de consumo.
Aestes Dental asegura la continuidad de los tratamientos
Aestes Dental, al grupo odontológico que pertenece Vivanta Dental, ha trasladado a iSanidad que el cierre de algunas de las clínicas de su marca “se están produciendo en el contexto de un proceso de venta de una unidad productiva a otro grupo dental, Donte Group”. Asimismo, el grupo asegura que, desde el inicio de este proceso, se ha garantizado la continuidad asistencial, siendo “una de las principales prioridades” para la compañía.
El grupo odontológico ha manifestado que están garantizadas la realización y finalización del 100% de los tratamientos en curso, tanto para aquellos que hayan sido financiados como para los abonados directamente por los pacientes. “En aquellos casos en los que una clínica Vivanta Dental se haya visto afectada por los recientes ajustes de actividad, los pacientes podrán continuar y completar su tratamiento a través de la red de clínicas Vitaldent, sin necesidad de volver a pagar por lo ya contratado”, ha explicado Aestes Dental.
“La compañía está trabajando para informar a los pacientes afectados sobre la clínica en la que podrán continuar su tratamiento y reorganizar las citas cuando sea necesario. Ningún paciente con un tratamiento en curso quedará sin una solución para completarlo”, concluye.
