Luis de Haro. Director general de iSanidad
El célebre Alfredo Pérez Rubalcaba, como portavoz del PSOE, pronunció en la jornada de reflexión de las elecciones de 2004 aquella frase que quedó grabada en la memoria política del país: «Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta». En aquel contexto de extrema tensión social, la demanda de transparencia dio un vuelco a las urnas y catapultó a la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero.
Hoy, dos décadas después, la política española vuelve a enfrentarse a un escenario donde las versiones oficiales chocan frontalmente con los hechos, erosionando la confianza ciudadana en sus representantes. La democracia no exige gobiernos perfectos ni requiere que quienes gobiernan acierten siempre, pero sí demanda honestidad. La confianza en las instituciones se construye sobre la transparencia y la coherencia. Cuando el discurso oficial se aleja de los hechos o cambia constantemente, esa confianza comienza a deteriorarse.
El caso de Ceuta es un ejemplo reciente de esta situación. Durante semanas, diversos portavoces del Ejecutivo y miembros del Gobierno defendieron públicamente determinadas posiciones sobre la existencia de informes relacionados con la situación en la ciudad autónoma. Sin embargo, la aparición posterior de documentación atribuida a organismos como la Guardia Civil o el CNI ha alimentado la percepción de que no se estaba trasladando toda la información disponible.
Más allá del debate político, el verdadero problema es la credibilidad. Cuando las explicaciones oficiales son desmentidas por los acontecimientos o por nueva documentación, los ciudadanos empiezan a cuestionar la fiabilidad de los propios portavoces institucionales. Y recuperar la confianza perdida siempre resulta más difícil que conservarla.
Los médicos merecen transparencia en la negociación del Estatuto Marco, merecen un Gobierno que no les mienta
Algo parecido ocurre en el ámbito sanitario con el Estatuto Marco. Durante meses, la ministra de Sanidad ha defendido que no cabía la posibilidad de articular un estatuto específico para los médicos dentro del sistema sanitario. Bajo esa premisa se ha desarrollado una negociación compleja que ha provocado un profundo malestar entre facultativos, organizaciones profesionales y sindicatos médicos. Las consecuencias están a la vista.
El conflicto ha desembocado en movilizaciones, miles de consultas afectadas y un escenario que apunta hacia una huelga indefinida. Sin embargo, cuando la tensión alcanza su punto más alto, el mensaje cambia. Ahora se reconoce que podría existir margen para abordar fórmulas específicas para la profesión médica, precisamente una de las principales reivindicaciones planteadas por el colectivo desde el inicio.
La cuestión ya no es únicamente si existe o no encaje jurídico para un estatuto propio. La pregunta es por qué esa posibilidad fue descartada durante tanto tiempo. Los médicos tienen derecho a conocer la realidad de las negociaciones sin mensajes contradictorios. Como decía Rubalcaba, los profesionales sanitarios también merecen un Gobierno que no les mienta.
«España mantiene una posición relevante en investigación clínica, pero la incertidumbre regulatoria y los retrasos en el acceso a la innovación amenazan ese liderazgo»
La misma sensación aparece cuando se analiza el discurso oficial sobre investigación clínica e industria farmacéutica. Durante el 25 Encuentro de la Industria Farmacéutica organizado por Farmaindustria, representantes del Gobierno destacaron el liderazgo español en ensayos clínicos y los incentivos destinados a fortalecer el sector. Es una realidad que España ha alcanzado posiciones de referencia internacional en investigación biomédica gracias a la calidad de sus profesionales y de sus hospitales.
Sin embargo, esa no es toda la fotografía. Las compañías farmacéuticas llevan tiempo advirtiendo sobre los retrasos en el acceso a los medicamentos innovadores, las dificultades regulatorias y la incertidumbre que condiciona las inversiones a largo plazo. Estos factores afectan directamente a la seguridad jurídica que necesitan las empresas para rentabilizar sus proyectos de investigación y desarrollo. Mientras otros países compiten por atraer centros de investigación, ensayos clínicos y nuevas inversiones industriales, España corre el riesgo de perder parte de la ventaja ganada durante años.
Presentar únicamente los éxitos sin reconocer los problemas transmite una visión parcial de la realidad. Y una visión parcial nunca ayuda a resolver los desafíos existentes.
La política sanitaria, al igual que la gestión pública, necesita un principio básico: la verdad. Los ciudadanos pueden aceptar decisiones difíciles. Los médicos pueden comprender negociaciones complejas. Las empresas pueden convivir con normas exigentes. Lo que nadie acepta de buen grado es sentirse engañado. La credibilidad no se construye con campañas de comunicación ni con discursos perfectamente diseñados. Se construye reconociendo errores, explicando los problemas y ofreciendo información completa. La transparencia sigue siendo el principal activo de cualquier gobernante.
Porque al final solo se puede confiar en quien actúa con transparencia y demuestra cada día que merece esa confianza. Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta y los médicos se merecen una ministra que no les mienta. También las empresas que sostienen buena parte de la investigación biomédica española también merecen un Gobierno que no les mienta.
