Juan León García
El primer Consejo de Ministros del nuevo curso político que se encamina hacia las elecciones generales de 2027 aprobó una medida muy esperada por los socios de Gobierno y, de hecho, que se prometió como una de las prioridades de la segunda legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ha tardado en llegar, pero el Real Decreto-ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los grupos de interés pone coto a la relación entre los lobbies y los cargos públicos susceptibles de recibir influencia. Y, además, evita que la OCDE o la Comisión Europea pongan la lupa sobre España por no cumplir con sus exigencias al respecto.
De qué manera afectará esta normativa al sector sanitario, con diversos grupos de interés (profesionales, farmacéuticas, gestores…) y un aparato legislativo intenso y complejo, todavía está por ver. Falta aún conocer el registro que plantea este real decreto, donde estarán los grupos de interés de ámbito estatal, y que será público y obligatorio.
Según el texto aprobado por el Ejecutivo, se considerará grupo de interés a toda aquella persona física y jurídica, y a las agrupaciones sin personalidad jurídica (plataformas, foros, redes u otras organizaciones con actividad colectiva que actúen por cuenta propia o ajena y sin importar la forma de su estatuto jurídico) cuya actividad se centre en influir sobre los funcionarios o cargos públicos.
También importa el cómo se pretenda ejercer esa influencia. En base a esa consideración, entra dentro de este marco normativo cualquier comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con los empleados públicos susceptibles de influencia, “realizada por cualquier medio o canal” y que tenga finalidad de incidir en las políticas públicas en beneficio de intereses propios o de terceros.
Cabe la posibilidad de que alguna de las actuaciones de los consejos y colegios profesionales se considerase propia de un grupo de interés, algo que el CGE considera de “absoluta normalidad dentro de las garantías de transparencia”
Para los colegios oficiales de enfermeras, médicos y odontólogos, esta ley viene a clarificar los términos en los que se relacionan con la Administración General del Estado como corporaciones de derecho público que son. Los representantes contactados por iSanidad para conocer los pormenores de este real decreto coinciden en recalcar que no ejercen como lobbies, y celebran que por fin haya un marco normativo homogéneo a nivel nacional.
En opinión del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Dr. Tomás Cobo, “que exista un marco transparente para relacionarse con los responsables públicos no debilita la voz de los médicos; al contrario, la hace más visible, trazable y legitimada”. Explica que regular la interlocución “entre organizaciones representativas y poderes públicos” aporta una transparencia que “protege tanto a la administración como a quienes legítimamente participan en ella”.
Por su parte, en el caso de la profesión médica, su participación en las políticas sanitarias “debe ser pública, identificable y basada en conocimiento experto”. Un punto que quedará patente al regularse también las aportaciones realizadas y las relaciones mantenidas con los grupos de interés, lo que para el Dr. Cobo “puede ayudar a demostrar que las aportaciones de la profesión médica responden a criterios técnicos y de interés general y no a intereses particulares”.
Al igual que los portavoces del resto de órganos colegiales, coinciden en que no son lobbies y, como entidades de derecho público, participan en las políticas que les afectan “desde el conocimiento profesional y al servicio del interés general”.
Reconocer la “singularidad” de los consejos y colegios
Tras analizar el texto, Natalia Rodríguez Novo, vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería (CGE), valora de manera positiva que se reconozca la singularidad de consejos y colegios profesionales y se diferencie su labor “de otras actuaciones que puedan tener una naturaleza distinta”.
Aun así, Rodríguez aporta un matiz: reconoce que hay determinados “supuestos excepcionales” en los que algunas actuaciones de los consejos y colegios podrían entrar dentro de esta normativa y que se requiera la inscripción al registro de grupos de interés. Hecho que el CGE, asegura, asume “con absoluta normalidad dentro de las garantías de transparencia que establece la ley”.
Ninguno de los consejos profesionales consultados por este medio cuestiona la legitimidad de esta normativa, que ven como parte sana dentro de cualquier democracia. El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, recuerda que entre sus funciones está la de presentar “informes, propuestas y observaciones sobre cuestiones como la regulación profesional, la seguridad de los pacientes, la publicidad sanitaria, las prestaciones de salud bucodental o la lucha contra el intrusismo”.
E incide, al igual que sus homólogos, en que el objetivo de la entidad que preside “no es defender intereses comerciales particulares, sino aportar el conocimiento técnico y profesional de la Organización Colegial a decisiones que tienen consecuencias directas sobre la salud de la población”.
