Enfermería advierte del riesgo de que madres y bebés sean atendidos por doulas sin formación sanitaria

El Consejo General de Enfermería ha mantenido una reunión con el fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Julio Cano, para trasladar la preocupación por la actividad de las doulas y cómo ponen en entredicho la seguridad clínica de las gestantes y sus bebés

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Redacción
El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido del riesgo que puede suponer para madres y bebés la atención por parte de doulas sin formación sanitaria regulada. Representantes de la organización han trasladado este martes esta preocupación a la Fiscalía General del Estado, ante lo que consideran situaciones de intrusismo en funciones propias de las matronas.

Montserrat Angulo, vicetesorera y vocal matrona del Pleno del CGE, y Francisco Corpas, director de los Servicios Jurídicos de la institución, se han reunido con Julio Cano, fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, para exponer sus preocupaciones sobre la actividad de las doulas y sus posibles implicaciones para la seguridad clínica de gestantes y recién nacidos.

Los representantes enfermeros han recordado a la Fiscalía que las doulas «no constituyen profesión sanitaria alguna» y que, pese a ello, desarrollan actividades en el ámbito sanitario, «con prácticas que se tornan medievales». El CGE asegura que está detectando un número creciente de situaciones que considera graves desde el punto de vista de la seguridad clínica. La organización subraya que las doulas «no tienen formación regulada ni ninguna titulación oficialmente reconocida, pese a lo cual actúan en el entorno de las madres y los bebés recién nacidos».

Los representantes enfermeros han recordado a la Fiscalía que las doulas «no constituyen profesión sanitaria alguna» y que aun así desarrollan sus actividades en el campo sanitario, «con prácticas que se tornan medievales»

El Consejo General de Enfermería también ha planteado durante la reunión cuestiones relacionadas con la tributación de estos servicios. Según ha indicado, las doulas no cuentan con un epígrafe específico del IAE y podría estar generándose una bolsa de ingresos de trabajadores autónomos sin declarar. «Los servicios que prestan estas doulas no son gratuitos, cobran unos elevados honorarios, tal y como se puede ver en sus publicaciones de internet, y oscilan entre los 300 y los 1.200 euros, según los servicios que se incluyan», ha explicado Montserrat Angulo.

Preocupación por las «doulas del final de la vida»

El CGE también ha trasladado a la Fiscalía su preocupación por la aparición de las denominadas «doulas del final de la vida», una figura no sanitaria que ha comenzado a prestar acompañamiento a pacientes y familiares durante los últimos momentos de la vida. Desde el Consejo señalan que estas figuras «que pretenden acompañar de forma emocional, espiritual y práctica a una persona moribunda y a su familia durante el final de la vida, cuando se trata de una función que la normativa asigna a las enfermeras». En este sentido, los representantes del CGE han concluido ante el fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica que «las doulas no pueden desempeñar funciones sanitarias pues no disponen ni de formación ni de medios para ello».

El CGE señala que las denominadas doulas “no tienen formación regulada ni ninguna titulación oficialmente reconocida, pese a lo cual actúan en el entorno de las madres y los bebés recién nacidos»

Según ha informado el Consejo General de Enfermería, esta problemática ya había sido trasladada a la Fiscalía en 2015 y 2023. Ahora, la institución enfermera busca reforzar la colaboración con el organismo para actuar ante posibles casos de intrusismo. «Sabemos de la dificultad y vamos a incrementar en las denuncias el nivel de elementos probatorios a aportar, pero necesitamos la colaboración de las Fiscalías en defensa de la salud de los bebés y las madres», han señalado desde el Consejo General de Enfermería.

Como resultado del encuentro, el CGE y la Fiscalía han acordado elaborar conjuntamente un decálogo de recomendaciones dirigido a profesionales, matronas y pacientes, con el objetivo de evitar situaciones de intrusismo y reforzar la protección de la salud y la seguridad clínica de gestantes y bebés. El documento será consensuado por ambas instituciones.

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