Luis de Haro. Director general de iSanidad
El Sistema Nacional de Salud atraviesa uno de los momentos más exigentes de su historia reciente. El envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la polimedicación y la presión sobre la atención primaria obligan a replantear cómo utilizamos los recursos disponibles. Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿puede la sanidad permitirse seguir desaprovechando recursos sanitarios que ya existen y funcionan? La respuesta es negativa. Sin embargo, España continúa infrautilizando una de las mayores redes asistenciales de proximidad de Europa. Ninguna otra red sanitaria española dispone de más de 22.000 puntos de atención distribuidos por todo el territorio como son las oficinas de farmacia.
Millones de ciudadanos acuden cada día a las oficinas de farmacia por su contacto cotidiano y conocimiento
Es habitual que el debate sobre la farmacia comunitaria quede reducido a la dispensación de medicamentos, que es una visión incompleta. Las oficinas de farmacia son un servicio sanitario y social que combina tres atributos especialmente valiosos en cualquier sistema de salud: conocimiento científico, accesibilidad y cercanía humana. Para millones de ciudadanos, el farmacéutico es el primer profesional sanitario al que consultan. Es quien resuelve dudas sobre tratamientos, detecta posibles problemas relacionados con la medicación, promueve hábitos saludables y contribuye a mejorar la adherencia terapéutica. Todo ello desde una relación de confianza construida en la proximidad y en el contacto cotidiano con los pacientes.
Las oficinas de farmacia disponen de una capacidad única para identificar necesidades que muchas veces permanecen invisibles para otros niveles asistenciales. Sin embargo, siguen siendo consideradas un recurso complementario, cuando podrían desempeñar un papel mucho más relevante en la respuesta a algunos de los grandes desafíos sanitarios actuales. La paradoja resulta aún más evidente cuando analizamos las situaciones de crisis. La pandemia de Covid-19, la erupción de La Palma o las recientes emergencias climáticas demostraron que la red farmacéutica constituye un recurso estratégico para garantizar la continuidad asistencial. Cuando el sistema se ha visto sometido a una presión extraordinaria, las farmacias estuvieron presentes, accesibles y operativas. El reto no consiste en recurrir a la farmacia comunitaria únicamente durante las emergencias; es abandonar esa cultura de la excepcionalidad e incorporar de forma estructural la capacidad de las farmacias a las estrategias de salud pública, prevención y atención comunitaria.
Esta necesidad se hace especialmente visible en el ámbito de la cohesión territorial. En numerosos municipios rurales, la oficina de farmacia es el único recurso sanitario disponible de manera permanente. Su presencia garantiza que el acceso a la atención sanitaria no dependa del lugar de residencia, trascendiendo su función de lo estrictamente clínico. Las farmacias detectan situaciones de vulnerabilidad, acompañan a personas mayores, ayudan a combatir la soledad no deseada y contribuyen a mantener servicios esenciales en territorios afectados por la despoblación. Son, en muchos casos, un instrumento de equidad sanitaria y social.
La integración de la farmacia no consiste en sustituir profesionales, sino en aprovechar capacidades ya existentes
El coste de no aprovechar plenamente este potencial es elevado. Mientras los centros de salud afrontan una creciente sobrecarga asistencial, miles de farmacéuticos altamente cualificados podrían aportar más valor. Ámbitos como el seguimiento farmacoterapéutico, la detección precoz de riesgos asociados a la polimedicación, la educación sanitaria o la prevención podrían aprovecharlos. No se trata de sustituir a ningún profesional sanitario ni de invadir competencias. Se trata de integrar mejor capacidades ya existentes, reforzando la colaboración entre todos los niveles asistenciales para ofrecer una atención más eficiente y centrada en el paciente.
La cuestión ya no es si la farmacia comunitaria aporta valor. La verdadera pregunta es: ¿Está el Sistema Nacional de Salud en condiciones de desaprovechar un activo sanitario presente en cada barrio, cada ciudad y cada pueblo de España? En un escenario de recursos limitados, envejecimiento creciente y mayor demanda asistencial, desaprovechar uno de los activos sanitarios más accesibles y mejor valorados por los ciudadanos parece una contradicción que el sistema ya no debería permitirse.
