Redacción
El proyecto de Estatuto Marco ya está en las Cortes Generales y, para José Martínez Olmos, es allí donde debe buscarse una salida al conflicto con los médicos. El exsecretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 defiende que las reivindicaciones profesionales pueden incorporarse durante la tramitación parlamentaria, aunque advierte de que algunas corresponden a las comunidades autónomas y otras tendrán un coste que deberá financiarse.
«Hay margen de negociación en las Cortes Generales. Hay un proyecto de ley y cualquier proyecto de ley es susceptible de ser cambiado, mejorado y de incorporar aspiraciones de los sectores involucrados», afirma en el videopodcast de iSanidad. Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cree que muchas de las reivindicaciones médicas son «entendibles», pero que su aplicación puede requerir un plazo más largo si supone un aumento del gasto.
En ese contexto sitúa su posición sobre la huelga: «La solución al problema está en las Cortes Generales y yo creo que la huelga no va a solucionar eso». A su juicio, los paros pueden percibirse como una acción con intención política, «aunque no sea esa la intención de quienes la convocan», y acaban perjudicando a los pacientes. Su propuesta pasa por dialogar con los grupos parlamentarios y concretar qué cambios están dispuestos a apoyar.
«Muchas de las reivindicaciones de los médicos son entendibles», señala Martínez Olmos», que pide abordar también su financiación.
El papel de las comunidades autónomas
Martínez Olmos insiste en que la discusión no termina en la redacción del Estatuto Marco. Medidas como una reducción de la jornada tienen consecuencias económicas para los servicios de salud, mientras que algunas de las peticiones de los médicos pueden resolverse directamente en el ámbito autonómico. Por ello, reclama que las comunidades autónomas participen en el debate y que los partidos vinculen sus propuestas a la financiación necesaria para llevarlas a cabo.
Preguntado por el intergrupo parlamentario planteado por la Organización Médica Colegial, responde que respeta la iniciativa, aunque no acaba de entender su necesidad cuando el proyecto de ley ya debe pasar por el Congreso y el Senado. «Si esa fórmula sirve para llegar a acuerdos, me parece bien», matiza. En cualquier caso, considera que la decisión está ahora en manos de los grupos parlamentarios.
La dificultad para alcanzar acuerdos sobre reformas duraderas atraviesa buena parte de la conversación. Martínez Olmos lamenta la polarización política y sostiene que los grandes cambios sanitarios necesitan diálogo más allá de una legislatura. «Buscar algún tipo de puente de diálogo y de encuentro es fundamental», señala.
Inteligencia artificial: garantías para pacientes y profesionales
La entrevista aborda también la incorporación de la inteligencia artificial a la asistencia sanitaria. Martínez Olmos apunta a sus aplicaciones en el diagnóstico por imagen, la oftalmología y el desarrollo de ensayos clínicos, pero plantea preguntas sobre las garantías para pacientes y profesionales: cómo acreditar que ayuda a tomar mejores decisiones clínicas y quién responde si se produce un error relacionado con su uso.
También advierte de que no se conoce plenamente hasta qué punto se está empleando en la práctica diaria. Si determinadas aplicaciones mejoran la respuesta asistencial, pero su uso depende del profesional o del centro al que acuda cada paciente, considera que pueden generarse inequidades. «Regular no significa restringir», resume. Para él, la regulación debe asegurar «transparencia, equidad y ética social».
«Si su uso en la práctica diaria deriva en una mejor respuesta asistencial y no se incorpora a la cartera de servicios, se generan inequidades», advierte sobre la inteligencia artificial.
La Agencia Estatal de Salud Pública, una tarea pendiente
En el último tramo del videopodcast, Martínez Olmos reflexiona sobre las lecciones de la pandemia. Cree que su impacto no se ha traducido en el refuerzo de los servicios de salud pública que habría sido necesario y recuerda que la posibilidad de una nueva pandemia exige preparación: «Podemos prepararnos y debemos hacerlo».
Aunque considera tardía su creación, deposita expectativas en la Agencia Estatal de Salud Pública. Confía en que reúna conocimiento experto para orientar las decisiones y en que incorpore a profesionales de las comunidades autónomas, sociedades científicas y pacientes. Su ámbito de trabajo, subraya, deberá incluir cuestiones como los cribados poblacionales y la política de vacunación, además de la preparación ante pandemias.
