Fátima del Reino Iniesta
La inversión en medicamentos innovadores puede aumentar en España sin comprometer la sostenibilidad del sistema sanitario. Esta es la principal conclusión del informe Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para Farmaindustria. El documento considera compatibles las necesidades de los ciudadanos, los objetivos de la industria farmacéutica y las exigencias presupuestarias de la Administración.
El estudio parte de la premisa de que los medicamentos no deben valorarse únicamente por su coste, sino también por sus beneficios sanitarios, económicos y sociales. Durante la presentación del informe, Juan Yermo, director general de Farmaindustria, afirmó que los medicamentos «le salen a cuenta al estado», en referencia a los ahorros presupuestarios estimados y a las aportaciones fiscales de la industria. Por su parte, Diego Vizcaíno, socio director de Afi, defendió esta perspectiva al señalar que «no basta con analizar cuánto gastamos», sino que también es necesario valorar los beneficios obtenidos con esa inversión.
La industria farmacéutica destaca entre los sectores de alta tecnología y requiere inversiones intensivas en investigación y personal cualificado
Según el informe, la industria farmacéutica integra, junto con la aeronáutica y la electrónica, el grupo de actividades industriales que producen bienes de alta tecnología. El desarrollo de nuevos fármacos exige elevadas inversiones en I+D, infraestructuras y capacidades productivas, además de profesionales altamente cualificados.
En 2024, los laboratorios destinaron más de 1.600 millones de euros a I+D en España. Además, uno de cada tres empleados de la industria farmacéutica cuenta con un máster o doctorado, proporción que triplica el promedio del mercado laboral español. Durante la presentación, Diego Vizcaíno, defendió la necesidad de valorar la innovación farmacéutica en un contexto de autonomía estratégica y competitividad industrial. También destacó que su repercusión trasciende el sistema sanitario e influye en la economía.
La segunda conclusión se centra en la creciente necesidad de medicamentos por el envejecimiento y la cronicidad. El estudio recoge que el 91% de las personas octogenarias presenta un problema crónico de salud, frente al 30% de las personas de 30 años. Asimismo, más del 80% de los mayores de 65 años tiene prescrito algún tratamiento continuado. Los autores consideran que estas tendencias elevan la demanda farmacéutica, al tiempo que refuerzan el valor de los tratamientos para prevenir, tratar y curar enfermedades y mejorar la calidad de vida.
El aumento de recetas explica el 75% del crecimiento de la inversión pública en medicamentos dispensados en farmacia comunitaria
Pese a estas necesidades, la financiación pública de medicamentos no es la principal partida del gasto sanitario ni la que más ha crecido. Entre 2003 y 2024, su peso sobre el gasto público total disminuyó del 4% al 3,4%. Respecto al gasto sanitario público, la partida farmacéutica perdió cinco puntos porcentuales en ese periodo.
Javier Serrano, responsable de Economía Aplicada de Afi, explicó que el crecimiento de la inversión farmacéutica en farmacia comunitaria responde fundamentalmente al volumen de recetas. Entre 2014 y 2024, el 75% del incremento se debió a una mayor demanda, mientras que el precio medio de las recetas avanzó un 8%, frente al 23% del índice de precios de consumo.
El análisis también señala que España mantiene una inversión en medicamentos con receta inferior a la de países de su entorno. En 2022, el gasto público por habitante en farmacia comunitaria fue de unos 360 euros, 117 euros menos que la media de la eurozona.
La cuarta conclusión apunta a los instrumentos regulatorios que moderan la evolución de esta partida. La orden de precios de referencia de 2025 revisó 17.385 presentaciones y generó un ahorro estimado de 288 millones de euros. A ello se añaden las aportaciones y deducciones contempladas en la Ley de Garantías y el Real Decreto-ley 8/2010. Estos mecanismos representaron cerca de 2.000 millones de euros entre 2024 y 2025.
El sector también aporta ingresos fiscales. En 2025, la actividad directa de las empresas farmacéuticas generó 4.140 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales. La cifra alcanzó los 10.100 millones al sumar los efectos indirectos e inducidos sobre su cadena de valor.
Por cada euro de inversión pública farmacéutica, el informe estima 0,64 euros de ahorro en otras partidas presupuestarias
Los autores incorporan a su análisis el llamado efecto compensación: los beneficios sanitarios de los medicamentos pueden reducir determinados gastos públicos. Según las estimaciones del informe, por cada euro invertido en medicamentos propicia 0,64 euros de ahorro en conceptos como hospitalizaciones, bajas por enfermedad y pensiones de jubilación. Así, los 24.800 millones de euros de inversión pública farmacéutica en 2024 habrían propiciado ahorros de unos 15.900 millones.
Estas cifras representan estimaciones económicas, no ahorros directamente contabilizados en las cuentas públicas. El análisis recoge también la huella fiscal del sector: en 2025, su actividad directa generó 4.140 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales. Sumando sus efectos indirectos e inducidos, la contribución fiscal estimada alcanzó los 10.100 millones de euros.
El peso de los medicamentos en el gasto público total disminuyó del 4% al 3,4% entre 2003 y 2024
La quinta conclusión plantea que un eventual incremento del presupuesto debe estar liderado por los medicamentos innovadores, por su capacidad para mejorar las terapias existentes. Si su financiación aumentara una décima del PIB respecto al escenario actual, el informe proyecta 1.400 millones de euros adicionales en medicamentos innovadores en 2030.
Ese escenario podría generar más de 1.300 millones de euros de valor añadido, contribuir al mantenimiento y creación de más de 16.000 empleos y propiciar ahorros superiores a 800 millones en otras partidas públicas.
Juan Yermo defendió una mayor dotación para la sanidad y el acceso a nuevos tratamientos. «Los medicamentos innovadores son mucho más que una partida presupuestaria. Son salud y calidad de vida para los pacientes, pero también productividad, competitividad y sostenibilidad para nuestro sistema sanitario y para nuestra economía», afirmó.
La última conclusión del informe es que los intereses de los ciudadanos, la industria farmacéutica y la Administración están alineados. A juicio de sus autores, no existen barreras sanitarias o presupuestarias que impidan avanzar en el acceso a la innovación. Su propuesta es analizar conjuntamente la salud de los pacientes, la evolución del gasto y los beneficios económicos de los medicamentos.
