Redacción
Las agresiones contra las enfermeras se han duplicado entre 2017 y 2025, según los registros del Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros, puesto en marcha por el Consejo General de Enfermería (CGE) y del que se han ofrecido datos actualizados durante una sesión dentro del XLII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), que se desarrolla en Gijón hasta el 16 de octubre.
Las notificaciones han pasado de 1.593 en aquel año a 3.285 en 2025, más del doble. Aun así, durante el encuentro se ha insistido en que estas cifras no reflejan necesariamente la totalidad de las agresiones que se producen, debido al importante problema de infranotificación existente. Según han relatado el secretario general del CGE, Diego Ayuso Murillo, y el inspector Miguel Ángel Gil Ruiz, jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Local de Gijón, perteneciente a la Brigada de Seguridad Ciudadana, muchas situaciones de violencia verbal, amenazas o intimidaciones no llegan a comunicarse por miedo, ansiedad o por la tendencia a normalizar determinados comportamientos como parte del ejercicio profesional.
Del total, el 77% de las agresiones registradas entre los profesionales de enfermería son verbales y el 23% físicas. La mayor parte se concentra en las urgencias hospitalarias, aunque también se producen en atención primaria y en la asistencia domiciliaria, donde los profesionales pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad.
¿Cómo afectan las agresiones a la calidad asistencial? Las conclusiones de un estudio apuntan a una mayor tendencia a aceptar demandas asistenciales no justificadas para evitar conflictos y un incremento del deseo de cambiar de servicio o centro de trabajo
Esta violencia impacta de igual forma sobre la salud emocional de los trabajadores y, por ende, sobre las organizaciones sanitarias. En este sentido, se han presentado resultados preliminares de un estudio multicéntrico impulsado por el Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf, en el que participan siete grupos hospitalarios públicos que reúnen a unos 10.000 profesionales.
Genís Cervantes Ortega, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de este consorcio, ha compartido que, según los primeros resultados obtenidos a partir de 489 encuestas, los profesionales que han experimentado situaciones de violencia presentan peores indicadores de bienestar laboral y mayores efectos negativos asociados al trabajo.
Entre los efectos identificados en el estudio figuran una mayor tendencia a aceptar demandas asistenciales no justificadas para evitar conflictos y un incremento del deseo de cambiar de servicio o centro de trabajo. Estas conclusiones refuerzan la necesidad de abordar la violencia como un problema de seguridad laboral, salud organizacional y calidad asistencial, y no exclusivamente como una sucesión de incidentes individuales.
28 factores de riesgo para detectar la vulnerabilidad
Durante la sesión ‘Cuidar a quienes cuidan: estrategias frente a la violencia en el ámbito sanitario’, se han podido conocer distintas experiencias orientadas a reducir los riesgos y mejorar la respuesta de las organizaciones ante situaciones de violencia.
Entre ellas, las iniciativas desarrolladas por el Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf, que incluyen campañas de convivencia, respeto y corresponsabilidad dirigidas a pacientes, familiares y profesionales, así como herramientas de evaluación continua de los factores que pueden favorecer las agresiones.
En este ámbito, se ha explicado la aplicación de un sistema de seguimiento de 28 factores de riesgo, que permite detectar situaciones de vulnerabilidad en los distintos servicios y establecer prioridades de intervención. También se ha presentado la experiencia de implantación de alarmas silenciosas geolocalizadas, capaces de identificar el lugar en el que se está produciendo un incidente y activar los mecanismos de respuesta del centro.
La formación de los profesionales ha sido otra de las prioridades destacadas, especialmente en técnicas de comunicación, gestión de conflictos y desescalada verbal. Se ha subrayado, además, la importancia de diferenciar las agresiones intencionadas de las situaciones de agitación o alteración de conducta asociadas a determinadas condiciones clínicas, ya que requieren respuestas preventivas y asistenciales diferentes.
De igual forma, se ha enfatizado la importancia de la coordinación entre los centros sanitarios, las organizaciones profesionales y las fuerzas y cuerpos de seguridad ha formado parte del planteamiento de esta mesa, que ha contado también con la perspectiva policial.
