Redacción
Quien dirige una organización sanitaria debe justificar y documentar sus decisiones (trazabilidad), mantener su independencia frente a las presiones políticas de quien le ha nombrado, garantizar que las decisiones relevantes no queden en manos de algoritmos de inteligencia artificial (IA) sin una supervisión humana efectiva y tratar como éticamente relevante incluso la apariencia de un conflicto de interés. Así lo recogen el Código Ético de Sedisa y Fundación Sedisa, actualizado tras nueve años de vigencia de la versión de 2017, y el nuevo Código Ético de la Persona Directiva de la Salud.
Ambos textos, presentados por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Fundación Española de Directivos de la Salud (Fundación Sedisa), parten de una misma premisa: la ética directiva es una condición estructural del buen gobierno del sistema sanitario. Responden a retos que en 2017 apenas se intuían, como las lecciones del Covid-19, el envejecimiento y la cronicidad, la salud mental de los equipos o el uso de datos e inteligencia artificial; refuerzan la independencia frente a la industria, y piden priorizar lo que genera valor, incluso desinvirtiendo en prácticas ineficientes.
Desde ambas entidades han señalado que «no son códigos sancionadores ni sustituyen a la ley, sino un compromiso público y voluntario». Son obra del Comité de Ética y Deontología de Sedisa, integrado por una veintena de directivos y directivas de la salud de toda España, y han sido revisados por la Junta Directiva de la sociedad, el Patronato de la Fundación y el Consejo Asesor de ambas entidades.
Los códigos refuerzan la gestión de los conflictos de interés, incluida su mera apariencia, e incorporan como principios nuevos la inclusión y la diversidad con perspectiva de género, la sostenibilidad ambiental y la innovación responsable
José Soto Bonel, presidente de Sedisa, ha recordado que los cuatro grandes retos que señalaba el código de 2017 (la sostenibilidad del sistema, el agotamiento del modelo organizativo, la profesionalización de la gestión y la inestabilidad política en la dirección de las organizaciones sanitarias) siguen vigentes: «Ninguno ha caducado. Pero a ellos se han sumado otros que en 2017 apenas intuíamos, o que directamente no podíamos imaginar. Un código ético que no hablara de todo esto sería un documento de otra época», ha indicado.
El presidente de Sedisa ha vinculado la ética con la profesionalización de la gestión sanitaria. «Una profesión no se define solo por lo que sabe hacer, sino también por lo que se compromete a hacer y por lo que se compromete a no hacer. Quien dirige una organización sanitaria decide sobre recursos que son de todos y que siempre son limitados. Por eso la ética no es un adorno reputacional ni una declaración de buenas intenciones, sino una condición del buen gobierno del sistema sanitario».
Sobre la decisión de presentar dos documentos, explica que el primero regula cómo se gobiernan, se financian y se relacionan Sedisa y Fundación Sedisa, mientras que el segundo se dirige a una profesión: «Una cosa es lo que una sociedad científica y su fundación se exigen a sí mismas, y otra lo que un directivo o una directiva debe exigirse cada mañana cuando entra en su despacho. Son dos caras de un mismo compromiso».
Por su parte, Joaquín Estévez Lucas, presidente de la Fundación Sedisa, ha subrayado que el código institucional es uno solo para las dos entidades. «Quien se relaciona con nosotros, sea un socio, un paciente, una administración o una empresa, no debería encontrar dos varas de medir».
El Comité de Ética y Deontología de Sedisa, autor de ambos documentos, medirá cada año su cumplimiento con indicadores, y los dos textos se revisarán en 2029
De sus cuatro compromisos institucionales (integridad, transparencia, independencia y responsabilidad social), se detiene en la independencia, clave en una actividad formativa que se desarrolla en buena parte con la colaboración de la industria: «Esa colaboración es legítima y es valiosa. Pero el código es muy claro: Sedisa y Fundación Sedisa mantienen el control de los programas y de los contenidos. La elección de los ponentes y las conclusiones técnicas responden a criterios profesionales, no comerciales».
A ello se suman el respeto a los códigos de Farmaindustria, Fenin y AseBio, la documentación de patrocinios y transferencias de valor y un compromiso específico con la sostenibilidad ambiental. «La gestión sanitaria ha ido ganando en formación, en método y en reconocimiento. Con estos dos códigos gana también en identidad», afirma.
Un código institucional más exigente
Miquel Gómez Clares, coordinador del Comité de Ética y Deontología de Sedisa, ha explicado que el comité ha releído el texto de 2017 a la luz de lo ocurrido en estos nueve años, sin hacer «tabla rasa». El código se aplica a socios, órganos de gobierno, comités, grupos de trabajo, agrupaciones territoriales y a quien actúe en nombre de ambas entidades: «El código no obliga solo a quien preside. Obliga a quien organiza una jornada en una agrupación territorial, a quien coordina un grupo de trabajo y a quien firma un documento de posicionamiento en nuestro nombre».
De sus diez principios rectores, Gómez ha destacado tres novedades respecto a 2017: la inclusión y la diversidad con perspectiva de género, con compromisos como la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de responsabilidad y debate («es algo que se puede comprobar mirando quién se sienta en nuestras mesas»); la sostenibilidad ambiental, y la innovación responsable.
Sedisa llama a sus más de 3.300 socios y socias y a las organizaciones sanitarias a adherirse a estos documentos y difundirlos
Esta última abre un capítulo nuevo sobre ética en la inteligencia artificial, con nueve criterios alineados con el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de IA: «Fija una regla práctica: cuando un sistema de este tipo apoye una decisión relevante, debe existir una justificación proporcional al riesgo, una persona u órgano responsable identificado y una posibilidad real de revisión humana».
El texto incorpora además la salud mental como reto organizativo, con la prevención de los riesgos psicosociales y una «cultura justa» que permita aprender de los errores sin minimizar la responsabilidad. Para Gómez, lo que distingue a un código serio de una declaración de intenciones es su seguimiento, con canales de consulta e indicadores como el porcentaje de proyectos con evaluación de conflicto de interés: «Estos indicadores se medirán cada año, a finales de año, y el responsable de hacerlo es el comité que coordino. El código se revisará y actualizará en 2029».
Un código propio para la persona directiva
En relación al Código Ético de la Persona Directiva de la Salud, Anna Rodríguez Cala, miembro del Comité de Ética y Deontología, ha afirmado que «dice cómo debe comportarse quien dirige una organización sanitaria». Con un preámbulo, 10 títulos y 63 artículos, afirma la dirección sanitaria como una función especializada con valores propios, acompaña a la persona directiva en el ámbito público, privado y concertado y puede actualizarse con agilidad ante retos como la digitalización.
Entre sus novedades destaca la trazabilidad de las decisiones relevantes (artículo 8): «Parece sencillo, y lo es. Pero cambia mucho las cosas. Quien dirige debe poder explicar por qué eligió una opción y no otra». También la independencia (artículo 9), que el texto formula de manera explícita respecto a «los intereses y presiones políticas de quien ha hecho el nombramiento de la persona directiva. No es una crítica a nadie. Es la consecuencia lógica de lo que Sedisa lleva años defendiendo: que la dirección sanitaria es una función profesional y técnica».
El código incorpora además valores como la valentía ética y la humildad profesional (artículos 19 y 20). «Hace falta valentía para defender una decisión y humildad para reconocer que estaba equivocada», ha señalado, y rechaza expresamente el abuso de poder, el nepotismo, el acoso y la «tiranía organizativa». En inteligencia artificial (artículos 48 a 50), exige supervisión humana, prevención de sesgos, evaluación previa de impacto y formación en gobernanza del dato, porque «no se puede supervisar lo que no se entiende».
Ambos códigos, que comparten los mismos diez principios rectores, exigen supervisión humana significativa y prevención de sesgos en el uso de la inteligencia artificial
Y en conflictos de interés, el artículo 54 establece que «la apariencia razonable de parcialidad es éticamente relevante, aunque no haya ningún beneficio indebido acreditado», con deberes de declaración proactiva, abstención y prudencia ante regalos e invitaciones. Se trata, ha concluido, de una herramienta viva, cuya fuerza, como recoge su disposición final, reside «en su aplicación cotidiana y en la coherencia entre principios y conducta».
De la declaración a la práctica diaria
Soto Bonel ha insistido en que un código ético no vale por lo que dice, sino por lo que cambia: «Significa explicar por qué se prioriza una cosa y no otra, y dejarlo por escrito. Significa declarar un conflicto de interés antes de que alguien lo pregunte. Significa abrir espacios seguros para que un profesional pueda discrepar, comunicar un riesgo o reconocer un error sin miedo. Nuestros equipos no leen nuestros códigos. Nos miran a nosotros».
El presidente de Sedisa ha pedido a los más de 3.300 socios y socias que lleven los códigos a sus comités de dirección y su formación. Además, ha invitado a las organizaciones sanitarias públicas, privadas y concertadas a adherirse al código de la persona directiva. «No es propiedad de Sedisa. Lo ponemos a disposición de todo el sector. Un sistema sanitario es tan fiable como lo son las personas que lo dirigen. Hoy los directivos y directivas de la Salud decimos públicamente a qué nos comprometemos. A partir de mañana, nuestro trabajo es que se note».
Asimismo, la Fundación Sedisa incorporará ambos textos a su formación, sus programas de liderazgo y sus foros. «La ética también se aprende. Nadie nace sabiendo resolver un conflicto de interés, ni decidir con recursos escasos, ni valorar el impacto de un algoritmo sobre la equidad». Y vincula el código institucional con la Agenda 2030 y el ODS 16, el de las instituciones sólidas. «Las instituciones sanitarias son sólidas cuando la ciudadanía confía en ellas. Con estos dos textos, los directivos y directivas de la salud ponemos por escrito lo que la sociedad tiene derecho a esperar de nosotros».
