Gema Maldonado Cantero
Ya lo anunció la ministra de Sanidad el pasado viernes: seguía adelante con el proyecto de Real Decreto para renovar los indicadores de medición de las listas de espera, pese a la negativa de las comunidades a aprobarlo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y este lunes por la tarde, el Ministerio sacó a consulta pública el proyecto para tramitar la norma, un documento que han trabajado desde 2024 los técnicos de todas las autonomías junto con Sanidad y que está abierto al envío de alegaciones y aportaciones hasta el próximo 18 de noviembre.
El Proyecto de Real Decreto introduce una revisión profunda del marco regulatorio de 2003, que es el que está vigente. Entre las principales novedades incluye medidas contra el maquillaje de listas y registros paralelos. Exige que se incluya a los pacientes en lista en un máximo de cinco días naturales desde la fecha en la que un facultativo hizo la indicación médica o quirúrgica y que cualquier salida del registro quede documentada y motivada.
Hasta ahora las comunidades enviaban sus indicadores al Ministerio cada seis meses, ahora tendrán que hacerlo cada tres meses para publicarlos
El texto prohíbe de manera expresa la existencia de listas, bolsas o «registros paralelos» de pacientes que no estén incorporados al oficial. La norma especifica que no saldrá de la lista ningún paciente por rechazar la derivación a un centro concertado o de otra comunidad. Para garantizar la trazabilidad, exige que haya una huella digital identificable para los movimientos de de cada paciente en la lista, con las fechas de la indicación médica y la inclusión.
Hasta ahora las comunidades enviaban sus indicadores al Ministerio cada seis meses, ahora tendrán que hacerlo cada tres meses, para que Sanidad los publique trimestralmente con herramientas visuales para que cualquier persona interesada pueda verlos. Y permitirá que los pacientes puedan consultar en qué situación están en la lista de espera, cuál es su prioridad, qué tiempo de demora acumulado tiene y los indicadores de demora de su centro sanitario.
Los pacientes podrán consultar en qué situación están en las listas de espera, cuál es su prioridad, qué tiempo de demora acumulado tiene y los indicadores de retraso de su centro sanitario
Cambia los datos agregados que las comunidades envían ahora al Ministerio por un nuevo sistema unificado de microdatos con el que mejorar la transparencia y el seguimiento del paciente. Además, se podrán cruzar con la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud para analizar el impacto de los determinantes sociales en los tiempos de espera. Toda esta información pasará a ser seudoanónima, es decir, se eliminará la información que pueda identificar a la persona. Para auditar la calidad de los datos, la norma crea un marco de reglas para validarlos e indicadores de calidad que verifiquen que son correctos, fiables y comparables.
El Ministerio de Sanidad cifra el coste inicial de la puesta en marcha del nuevo sistema de recepción de los microdatos, validación, cruce y seudonimización, además de la custodia en algo más de un millón de euros, a los que suma el coste de las plataformas para que la situación de cada paciente en las listas de espera se pueda ver de forma gráfica en otros 300.000 euros. El coste inicial de ambas plataformas será de algo más de 1,3 millones de euros, a los que suma el coste de su mantenimiento anual, que Sanidad cifra en 250.000 euros.
Incluye la espera en atención primaria, amplía a 33 las especialidades que se monitorizan en consultas externas, 15 las pruebas diagnósticas y terapéuticas y 28 los procedimientos quirúrgicos
La inversión que tendrán que hacer las comunidades para adaptarse al nuevo sistema no aparece con cifras en el proyecto. El Ministerio señala que dependerá de la situación de partida de cada comunidad en función de si ya disponen de registro de atención primaria, de remisión de microdatos o si cuentan con un registro hospitalario consolidado o si tienen que hacer un desarrollo completo del nuevo sistema. Las comunidades y las ciudades autónomas tendrán un plazo de dos años para adaptarse al nuevo sistema de información de listas de espera.
El nuevo real decreto también incluye la espera en atención primaria, que no estaba contemplada hasta ahora, y amplía a 33 las especialidades que se monitorizan en consultas externas (hasta ahora eran 10), 15 pruebas diagnósticas y terapéuticas como TAC, RNM, PET-TAC, ecocardiogramas, colonoscopias o mamografías, y 28 procedimientos quirúrgicos, frente a 11 que se seguían hasta ahora.
En el caso de la atención primaria, las comunidades tendrán que dar cuenta del número de días hábiles de espera hasta la primera cita disponible
En el caso de la atención primaria, las comunidades tendrán que dar cuenta del número de días hábiles de espera hasta la primera cita disponible y la atención domiciliaria desde el mismo día que el paciente la pide. También medirán el índice de longitudinalidad, que mide la continuidad de cada paciente con su médico de familia, su pediatra y enfermera asignados.
