El Frente Amplio propone crear una industria farmacéutica pública y aumentar la financiación del SNS

El documento recoge medidas para integrar las mutualidades de funcionarios en el sistema público, regular las listas de espera y ampliar la cobertura sanitaria en ámbitos como la salud mental, bucodental, visual y auditiva

Ada Colau, Frente Amplio.
Foto: Ramón Comet/Europa Press

P.D.C
A dos semanas de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre, Frente Amplio ha presentado su programa electoral, que incluye aumentar la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), destinando el 8% del producto interior bruto (PIB) a la sanidad pública, así como alcanzar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar el 25% del presupuesto sanitario a atención primaria.

En materia de gobernanza, el programa contempla reforzar la Alta Inspección sanitaria y publicar de forma homogénea información sobre costes, plantillas, tiempos de espera y calidad asistencial, incluidos los servicios concertados. También plantea crear un Observatorio de Evaluación, Control, Transparencia, Calidad y Sostenibilidad del SNS y una Agencia de Calidad y Evaluación del Sistema para supervisar los presupuestos y los resultados en salud.

El documento incluye una reforma del registro de listas de espera, con nuevos criterios de cómputo y seguimiento de las demoras en atención primaria y salud mental

Por otro lado, apuesta por integrar definitivamente las mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas) en el SNS. Asimismo, propone blindar por ley la universalidad de la asistencia sanitaria para las personas residentes en España, independientemente de su situación administrativa.

El refuerzo de la atención primaria se acompaña de una propuesta para aumentar sus recursos y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales, teniendo en cuenta los determinantes sociales de la población atendida. En salud mental, Frente Amplio propone crear un fondo específico para financiar la Red de Salud Mental Comunitaria y aumentar la dotación de profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería especializada, trabajo social y otras disciplinas. El objetivo es alcanzar una ratio mínima de diez profesionales por cada 100.000 habitantes. Asimismo, plantea crear un permiso laboral para que familiares y personas del entorno puedan acompañar a pacientes en riesgo de suicidio.

En relación con las demoras asistenciales, el programa propone aprobar un real decreto de listas de espera que regule el registro y el seguimiento de los tiempos de atención. La iniciativa contempla iniciar el cómputo desde la indicación facultativa, con un plazo máximo de cinco días para inscribir al paciente, y prohibir las listas paralelas. La regulación incluiría por primera vez los tiempos de espera de atención primaria (medicina de familia, pediatría y enfermería) y salud mental. También ampliaría a 25 los procedimientos quirúrgicos analizados y establecería la evaluación de 15 pruebas diagnósticas y terapéuticas. Los pacientes derivados a centros concertados permanecerían en el registro oficial hasta recibir asistencia.

Propone integrar Muface, Mugeju e Isfas en el sistema público y garantizar la asistencia sanitaria universal a las personas residentes en España

En política farmacéutica, el Frente Amplio propone crear una industria farmacéutica de titularidad íntegramente pública para reforzar la capacidad de investigación y producción y reducir el riesgo de desabastecimientos. También plantea reformar la Ley de Medicamentos para agilizar el acceso a los fármacos innovadores, establecer precios sostenibles para el SNS y mejorar la coordinación entre las farmacias comunitarias y atención primaria. El documento incluye, además, cláusulas de acceso justo para los medicamentos desarrollados con financiación pública y un fondo específico para tratamientos huérfanos de elevado impacto económico.

Respecto a los profesionales sanitarios, plantea actualizar su clasificación profesional de acuerdo con la formación y las competencias de cada categoría, aumentar las plazas de formación sanitaria especializada y desarrollar nuevas especialidades y áreas de acreditación. Entre las medidas laborales figura garantizar el descanso durante la mañana posterior a una guardia de 24 horas y promover el aumento de las plantillas para implantar turnos de ocho y doce horas.

Ampliación de la cartera de servicios

Por otro lado, el documento recoge varias medidas para ampliar las prestaciones sanitarias públicas. En salud bucodental, propone extender progresivamente la cobertura hasta alcanzar al menos al 50% de la población residente al final de la legislatura. Esta ampliación partiría de los colectivos que ya cuentan con prestaciones específicas, como menores de hasta 14 años, embarazadas, mayores de 65 años y determinados pacientes oncológicos.

En salud visual, plantea universalizar el Plan Veo para facilitar gafas y lentillas gratuitas a todos los grupos de edad. En el ámbito auditivo, propone incorporar los audífonos a la cartera común de servicios con financiación pública para todas las personas que los necesiten, con ayudas prioritarias para mayores de 65 años y personas con discapacidad.

El programa plantea elevar la inversión sanitaria hasta el 8% del PIB y destinar el 25% del presupuesto del SNS a atención primaria

El programa también contempla crear un banco público de prótesis y órtesis para facilitar su reutilización y mejorar el aprovechamiento de estos recursos, mientras que, en salud sexual y reproductiva, propone dispensar preservativos gratuitos a jóvenes a través de las farmacias comunitarias y distribuir copas menstruales sin coste. Por otro lado, plantea mejorar la atención sanitaria en el medio rural mediante la ampliación de especialidades hospitalarias, como Traumatología, Otorrinolaringología, Oncología, Dermatología y Neurología.

Prevención y refuerzo de la salud pública

El programa también incorpora medidas de prevención y promoción de la salud, a través de la ampliación de las restricciones al tabaco, que incluiría la prohibición de fumar en terrazas y playas, el empaquetado genérico y la prohibición de los vapeadores desechables.

En materia de alimentación, propone establecer impuestos específicos sobre bebidas energéticas, refrescos azucarados y productos ultraprocesados, destinando la recaudación a mejoras sanitarias. También plantea limitar la publicidad y el patrocinio de alimentos ultraprocesados y bebidas alcohólicas dirigidos a niños y adolescentes.

En salud pública, apuesta por desplegar la Agencia Estatal de Salud Pública, reforzar los organismos autonómicos y homologar los protocolos de actuación ante emergencias y pandemias. Asimismo, propone fortalecer la red de centros de tratamiento de adicciones, con criterios comunes de actuación y campañas de prevención y detección.

Por último, el documento incluye medidas relacionadas con los derechos de los pacientes, como la aprobación de una Ley de Organizaciones de Pacientes que garantice su participación en los órganos de decisión del SNS, y una ley específica para las personas con enfermedad celíaca, que contemplaría ayudas para adquirir alimentos sin gluten y controles de salud infantiles.

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