Pablo Malo Segura
A las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino, analiza en una entrevista con iSanidad los principales retos de la profesión odontológica y las demandas que trasladan al futuro Ejecutivo. La ampliación de la cobertura bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), el reconocimiento oficial de las especialidades odontológicas, la planificación de las plazas universitarias y la regulación de la publicidad sanitaria figuran entre sus principales reivindicaciones. Asimismo, advierte de la insuficiente financiación pública y reclama mayores garantías legales para proteger a los pacientes ante el cierre de clínicas dentales.
El próximo 29 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales. ¿Cuáles son las principales demandas del Consejo General de Dentistas para el próximo Gobierno en materia de salud bucodental?
Desde el Consejo General de Dentistas consideramos que la próxima legislatura debe servir para abordar una serie de cuestiones fundamentales que llevan demasiado tiempo pendientes. Nuestra principal reivindicación es que la salud bucodental deje de ocupar un lugar secundario en las políticas sanitarias y sea reconocida como una parte inseparable de la salud general.
Para ello, es imprescindible ampliar y consolidar la atención bucodental dentro del Sistema Nacional de Salud, con una financiación suficiente y estable, priorizando a los colectivos más vulnerables. También reclamamos una estrategia nacional de prevención, el refuerzo de los dentistas en la sanidad pública y medidas que reduzcan las desigualdades económicas y territoriales en el acceso a los tratamientos.
«Es imprescindible ampliar y consolidar la atención bucodental dentro del Sistema Nacional de Salud, con una financiación suficiente y estable, priorizando a los colectivos más vulnerable»
En el ámbito profesional, hay cuestiones que llevan demasiado tiempo pendientes, como el reconocimiento oficial de las especialidades odontológicas, la planificación de las plazas universitarias y la aprobación de una regulación estatal de la publicidad sanitaria. Asimismo, consideramos urgente establecer garantías que protejan a los pacientes ante el cierre de clínicas, especialmente cuando han abonado tratamientos por adelantado.
Por último, creemos imprescindible que exista una colaboración estable entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, las sociedades científicas, las universidades y las organizaciones profesionales para desarrollar políticas basadas en la evidencia científica y en las necesidades reales de la población.
En definitiva, pedimos al próximo Gobierno que considere la salud bucodental una verdadera prioridad de salud pública. No podemos seguir permitiendo que el acceso a una atención odontológica adecuada dependa fundamentalmente de la capacidad económica de cada ciudadano.
«Reclamamos una estrategia nacional de prevención, el refuerzo de los dentistas en la sanidad pública y medidas que reduzcan las desigualdades económicas y territoriales en el acceso a los tratamientos»
El pasado julio el Ministerio de Sanidad rechazó las solicitudes para crear seis especialidades odontológicas oficiales, una decisión recurrida por las sociedades científicas con vuestro respaldo. En las últimas horas Sanidad ha estimado los recursos y reabierto la tramitación de las seis especialidades odontológicas.
¿Qué supone que España siga siendo una excepción a nivel europeo al no reconocer las especialidades en odontología?
Resulta especialmente difícil de comprender que España siga sin reconocer oficialmente las especialidades odontológicas cuando todos los países de nuestro entorno europeo ya cuentan con ellas. Esta situación dificulta la movilidad de nuestros profesionales, genera desigualdades en el reconocimiento de sus cualificaciones y limita las posibilidades de establecer itinerarios formativos homogéneos y reglados.
Pero, por encima de todo, hablamos de calidad asistencial y seguridad del paciente. El reconocimiento de las especialidades permitiría regular una formación avanzada, con programas acreditados, competencias definidas y mecanismos de evaluación que garanticen la capacitación de los profesionales. Y quiero dejar claro que reconocer las especialidades no significa limitar las competencias del dentista generalista, sino establecer un marco de formación especializada que beneficie al conjunto de la profesión y, especialmente, a los pacientes.
«Resulta especialmente difícil de comprender que España siga sin reconocer oficialmente las especialidades odontológicas cuando todos los países de nuestro entorno europeo ya cuentan con ellas»
Desde el Consejo General de Dentistas vamos a seguir defendiendo esta reivindicación y trabajando junto a las sociedades científicas y las instituciones académicas para encontrar una solución. La odontología española tiene un nivel científico y asistencial extraordinario y merece contar con un marco regulatorio equiparable al de los países europeos más avanzados. Estamos dispuestos a trabajar con el Ministerio para desarrollar un modelo de formación especializada riguroso, acreditado, supervisado y adaptado a las particularidades de la práctica odontológica. Esperamos que prevalezca el diálogo y que se encuentre una solución que permita avanzar en esta reivindicación histórica.
El Gobierno ha destinado este año 60 millones de euros a ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental, una cantidad que desde el Consejo califican como «insuficiente». ¿Qué dotación presupuestaria sería necesaria para responder a las necesidades reales de la población y garantizar la continuidad de estas prestaciones?
Desde el Consejo General de Dentistas siempre hemos valorado positivamente que se destinen más recursos públicos a mejorar la atención bucodental. Sin embargo, llevamos años advirtiendo de que las cantidades asignadas son claramente insuficientes para abordar las necesidades reales de la población y garantizar una ampliación efectiva de las prestaciones.
No sería riguroso establecer una cifra concreta sin realizar previamente un estudio de las necesidades epidemiológicas, los colectivos beneficiarios, los tratamientos que deberían incluirse y los recursos humanos y materiales necesarios. Lo que sí podemos afirmar es que 60 millones de euros para el conjunto de España constituyen una dotación muy limitada si aspiramos a desarrollar una cobertura pública verdaderamente amplia.
Además, existe una cuestión fundamental: no basta con anunciar nuevas prestaciones. Es necesario garantizar que puedan ofrecerse en condiciones adecuadas, con suficientes dentistas en el sistema público, equipamiento, medios materiales y una financiación estable que permita mantenerlas en el tiempo. También es fundamental asegurar una coordinación adecuada entre el Ministerio y las comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales.
«Las cantidades asignadas son claramente insuficientes para abordar las necesidades reales de la población y garantizar una ampliación efectiva de las prestaciones»
La salud bucodental sigue teniendo una cobertura limitada dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué prestaciones considera prioritario incorporar a la cartera pública y qué colectivos deberían beneficiarse de una mayor cobertura?
Nuestra prioridad es avanzar hacia un modelo que combine la prevención con la atención terapéutica, dando preferencia a los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a los cuidados odontológicos.
Consideramos fundamental consolidar los programas de atención infantil y la asistencia a mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con determinadas patologías complejas. Pero también creemos que es necesario dar un paso adelante en la atención a las personas mayores con escasos recursos económicos, uno de los colectivos que más barreras encuentra para acceder a los tratamientos odontológicos necesarios.
En este sentido, defendemos que la ampliación de la cartera pública no se limite exclusivamente a actuaciones preventivas. Debe contemplar progresivamente tratamientos restauradores, periodontales y rehabilitadores, de acuerdo con criterios clínicos y de necesidad asistencial. No podemos olvidar que la pérdida de dientes, las enfermedades periodontales o las dificultades para masticar tienen consecuencias importantes sobre la alimentación, la calidad de vida y la salud general.
También debemos reforzar la prevención y el diagnóstico precoz de las principales enfermedades bucodentales, incluyendo el cáncer oral, e impulsar programas específicos dirigidos a las personas dependientes, institucionalizadas y en situación de vulnerabilidad social.
«Es necesario dar un paso adelante en la atención a las personas mayores con escasos recursos económicos, uno de los colectivos que más barreras encuentra para acceder a los tratamientos odontológicos necesarios»
España supera los 43.500 dentistas colegiados y cada año se incorporan unos 2.000 nuevos profesionales. ¿Cómo valora la evolución del mercado laboral odontológico y qué medidas considera necesarias para adecuar la formación universitaria a las necesidades reales del sistema sanitario?
La evolución del mercado laboral odontológico en España es una de nuestras principales preocupaciones. Contamos con más de 43.500 dentistas colegiados y cada año se incorporan alrededor de 2.000 nuevos profesionales, lo que está generando un desequilibrio entre el número de dentistas que acceden al mercado y las oportunidades reales de ejercicio profesional.
Llevamos años advirtiendo de las consecuencias de este crecimiento descontrolado. La elevada competencia puede traducirse en precariedad laboral, condiciones contractuales inadecuadas y dificultades para que los profesionales más jóvenes desarrollen su carrera en condiciones dignas.
No podemos seguir aumentando indefinidamente las plazas universitarias sin una planificación que tenga en cuenta las necesidades asistenciales y la capacidad de absorción del mercado laboral. Por eso reclamamos una coordinación efectiva entre los ministerios de Sanidad y Universidades, las comunidades autónomas, las universidades y las organizaciones profesionales para adecuar la oferta formativa a las necesidades reales de la población.
Además, resulta especialmente contradictorio que España tenga una de las mayores densidades de dentistas de nuestro entorno y, al mismo tiempo, su presencia en el Sistema Nacional de Salud siga siendo muy reducida. Es necesario reforzar progresivamente la dotación de profesionales de la odontología en la sanidad pública, especialmente en atención primaria, para hacer posible la ampliación de las prestaciones y mejorar la prevención.
«No podemos seguir aumentando indefinidamente las plazas universitarias sin una planificación que tenga en cuenta las necesidades asistenciales y la capacidad de absorción del mercado laboral»
La publicidad sanitaria y la mercantilización de la asistencia siguen siendo cuestiones que preocupan a la profesión. ¿Qué medidas legislativas considera necesarias para proteger a los pacientes y garantizar la calidad de la atención odontológica?
Desde el Consejo General de Dentistas llevamos años reclamando una regulación estatal específica de la publicidad sanitaria. Consideramos que la salud no puede promocionarse como cualquier otro producto de consumo, porque estamos hablando de decisiones que afectan directamente a la seguridad y al bienestar de las personas.
La publicidad de los centros y tratamientos odontológicos debe ser veraz, rigurosa, comprensible y respetuosa con la ética profesional. Es imprescindible establecer límites claros a los mensajes engañosos, las ofertas comerciales que puedan inducir a tratamientos innecesarios y las prácticas que antepongan los intereses económicos a los criterios clínicos.
También defendemos una revisión del marco normativo que regula los centros odontológicos y las sociedades profesionales, de manera que se garantice que las decisiones asistenciales recaigan siempre en profesionales sanitarios cualificados, con independencia del modelo de propiedad o gestión de la clínica. No estamos en contra de ningún modelo empresarial por el mero hecho de serlo, pero sí de cualquier sistema que comprometa la independencia profesional o favorezca situaciones de precariedad laboral, como la utilización fraudulenta de falsos autónomos.
«Es imprescindible establecer límites claros a los mensajes engañosos, las ofertas comerciales que puedan inducir a tratamientos innecesarios y las prácticas que antepongan los intereses económicos a los criterios clínicos»
Por otra parte, los cierres de cadenas dentales que hemos presenciado en los últimos años, incluido el reciente caso de Vivanta, han vuelto a poner de manifiesto la desprotección que sufren muchos pacientes. No podemos permitir que personas con tratamientos en curso y, en muchos casos, abonados anticipadamente, se encuentren de un día para otro sin asistencia y sin garantías para recuperar su dinero. Es urgente establecer mecanismos legales que aseguren la continuidad asistencial y protejan las cantidades entregadas por adelantado.
A ello debemos sumar un refuerzo de las medidas contra el intrusismo profesional, con un régimen sancionador suficientemente disuasorio. La odontología es una profesión sanitaria, no una actividad puramente comercial. La rentabilidad empresarial nunca puede situarse por encima de la salud de los pacientes, y corresponde a los poderes públicos establecer las garantías legales necesarias para que así sea.




