«El acceso no termina con la autorización o la financiación: el medicamento tiene que llegar al paciente»

Ofelia De Lorenzo Aparici, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario

J.P.R.
Ofelia De Lorenzo Aparici, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), defiende que las decisiones de financiación se traduzcan en un acceso efectivo a los medicamentos con criterios clínicos comunes y sin diferencias territoriales injustificadas. En una entrevista con iSanidad con motivo del XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Europa: salud, innovación y regulación, plantea aprovechar las evaluaciones clínicas conjuntas europeas para evitar duplicidades y reforzar el papel de la farmacia comunitaria y de la distribución farmacéutica para facilitar la disponibilidad de los tratamientos, también en el medio rural.

De Lorenzo defiende también una delimitación clara de las competencias de los profesionales sanitarios y explica por qué la responsabilidad por un daño cuando se utiliza inteligencia artificial en la práctica clínica debe analizarse caso por caso. La presidenta de la AEDS aborda, además, cómo preparar a los centros para el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, qué garantías necesita el paciente en la atención digital y transfronteriza y cómo mejorar la coordinación entre salud pública, asistencia sanitaria, sanidad animal y autoridades ambientales desde el enfoque One Health.

El Congreso Nacional de Derecho Sanitario aborda el futuro de la profesión médica en Europa y los retos jurídicos del ejercicio profesional. ¿Qué cambios considera prioritarios en la ordenación de las profesiones sanitarias para adaptar las competencias a las nuevas necesidades asistenciales y ofrecer seguridad jurídica a los profesionales?
La prioridad es actualizar la ordenación profesional desde la realidad asistencial y no únicamente desde las necesidades organizativas. La cronicidad, el envejecimiento y la transformación digital requieren equipos más coordinados, pero esa colaboración debe asentarse en una delimitación clara de competencias, una formación acreditada y unas responsabilidades bien definidas.

«Cualquier modificación competencial debe responder a necesidades asistenciales y a criterios de capacitación y calidad, no convertirse en una solución improvisada a la falta de profesionales»

No se trata de enfrentar profesiones ni de mantener estructuras inamovibles, sino de garantizar que cada actuación se realiza por quien dispone de la cualificación necesaria. Mi padre, Ricardo De Lorenzo, ha insistido en la importancia de clarificar jurídicamente los ámbitos del ejercicio profesional y en que la protección de las competencias está estrechamente relacionada con la seguridad del paciente. Esa debe seguir siendo la referencia: cualquier modificación competencial debe responder a necesidades asistenciales y a criterios de capacitación y calidad, no convertirse en una solución improvisada a la falta de profesionales.

Personalmente creo que esa actualización debería concretarse en tres planos: reglas claras para el trabajo en equipo y la delegación de actuaciones; formación continuada que incorpore competencias digitales, éticas y jurídicas; y una mayor coherencia entre nuestro sistema de cualificaciones y el marco europeo. Los colegios profesionales y las sociedades científicas deben participar en ese proceso. La seguridad jurídica no consiste en prometer al profesional que nunca habrá un conflicto, sino en permitirle conocer qué puede hacer, en qué condiciones y con qué responsabilidad.

La inteligencia artificial, la robótica y la salud digital plantean nuevos escenarios en la práctica clínica. Cuando un médico utiliza una recomendación algorítmica y se produce un daño, ¿cómo debería distribuirse la responsabilidad entre el profesional, el centro sanitario y el fabricante de la tecnología?
La intersección entre la inteligencia artificial y el derecho sanitario es uno de los escenarios que mayores retos jurídicos y éticos plantea, y por eso nuestro comité científico lo fijó como uno de los bloques del Congreso: responsabilidad profesional sanitaria y salud digital.

«La intersección entre la inteligencia artificial y el derecho sanitario es uno de los escenarios que mayores retos jurídicos y éticos plantea»

Conviene partir de un dato: las reclamaciones por daños a la salud crecen año tras año. ¿Las causas? La evolución del propio concepto de medicina, la transformación de la relación médico-paciente y, ahora, la digitalización de la asistencia. Hoy, un daño derivado de la práctica clínica puede moverse a la vez en lo civil, lo penal, lo patrimonial y lo deontológico, con normativa muy diversa —ensayos clínicos, investigación, reproducción asistida— y mezcla de regímenes de responsabilidad, como ya ocurre en los actos médicos que emplean productos sanitarios.

Dicho esto, quiero despejar dos equívocos opuestos: ni el uso de IA en el acto médico genera por sí solo una responsabilidad exclusiva del médico, ni el hecho de que esa IA esté clasificada como producto sanitario basta para excluir su responsabilidad. La verdad está en medio, y la da el marco que ya tenemos.

Porque aquí está la clave: aunque el escenario sea nuevo, el profesional no puede obviar la normativa sanitaria con la que ya contamos —la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y las normas deontológicas—. De hecho, cuando analizamos una reclamación por daños en un contexto de medicina asistida por IA, el motivo de fondo sigue siendo el mismo que en un acto médico tradicional: falta de información, daño desproporcionado, error diagnóstico o pérdida de oportunidad. Y, como hasta ahora, lo que habrá que valorar es si el médico cumplió con el estándar de diligencia exigible. La lex artis ad hoc no cambia de naturaleza.

«Es cierto que incorporar algoritmos a la decisión clínica plantea nuevos desafíos de seguridad jurídica»

Lo que sí hace la IA es tensar ese estándar en los dos sentidos: si una herramienta validada y disponible forma parte del estándar asistencial, no usarla sin justificación clínica puede ser tan reprochable como usarla mal. Es cierto que incorporar algoritmos a la decisión clínica plantea nuevos desafíos de seguridad jurídica —a veces la interacción entre el médico y el algoritmo dificulta delimitar quién responde, y obliga a redefinir también la responsabilidad de los centros y de los desarrolladores—. Pero no podemos perder de vista la normativa sanitaria de siempre ni los deberes deontológicos: igual que venimos haciendo en la responsabilidad sanitaria sin IA, habrá que analizarlo caso por caso.

Son esenciales la trazabilidad y la conservación de la información necesaria para reconstruir lo ocurrido: qué sistema y versión se utilizaron, con qué datos, qué recomendación ofrecieron y cómo se incorporó a la decisión clínica. Como ya hemos planteado desde la AEDS al abordar estas tecnologías, las preguntas fundamentales siguen siendo quién decide, cómo se informa al paciente y cómo se protegen sus derechos. La tecnología cambia; esas exigencias permanecen.

«No podemos perder de vista la normativa sanitaria de siempre ni los deberes deontológicos: igual que venimos haciendo en la responsabilidad sanitaria sin IA, habrá que analizarlo caso por caso»

El Espacio Europeo de Datos Sanitarios abre nuevas posibilidades para la asistencia y la investigación. ¿Qué retos jurídicos y organizativos plantea su aplicación en España y cómo deben prepararse los centros para facilitar el uso de los datos sin comprometer la confidencialidad ni la ciberseguridad?
El principal reto es construir una verdadera gobernanza del dato sanitario. No basta con que los sistemas informáticos puedan conectarse: necesitamos información de calidad, responsabilidades claras y reglas que permitan utilizarla con confianza. Además, debemos distinguir el uso de los datos para atender al paciente de su utilización secundaria para investigación, innovación o planificación sanitaria, porque responden a finalidades y garantías diferentes. Esa distinción constituye uno de los ejes del Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

Conviene recordar que su aplicación es gradual. Aunque el Reglamento entró en vigor en 2025, buena parte de sus obligaciones principales comenzará a aplicarse en 2029 y otras en 2031. Ese calendario no debería interpretarse como un motivo para esperar, sino como un periodo para preparar a los centros y a las administraciones.

En España, propondría concentrar ese trabajo en cuatro prioridades: coordinar la gobernanza entre administraciones y centros públicos y privados; mejorar la interoperabilidad y la calidad de las historias clínicas; identificar los datos disponibles y las condiciones jurídicas de su utilización; y reforzar la seguridad desde el diseño. Esto exige equipos en los que participen profesionales sanitarios, responsables tecnológicos, expertos en seguridad, delegados de protección de datos y asesorías jurídicas.

«El principal reto es construir una verdadera gobernanza del dato sanitario»

Los centros deberían revisar sus controles de acceso, la trazabilidad de las consultas, sus contratos tecnológicos y sus planes de respuesta y recuperación ante incidentes. La ciberseguridad debe plantearse también como una condición para mantener la asistencia, no solo como una cuestión de protección informática.

Y hay una dimensión que no podemos olvidar: explicar al ciudadano qué se hace con su información y cómo puede ejercer sus derechos. El Comité de Bioética de España ha subrayado precisamente la importancia de la supervisión ética del uso secundario de los datos. Facilitar su utilización no significa convertirlos en información de libre disposición, sino permitir usos legítimos y controlados que generen valor para la salud.

Otro de los grandes debates es el nuevo marco de acceso a los medicamentos y a la innovación en tecnología sanitaria. ¿Qué cambios jurídicos permitirían conciliar la evaluación rigurosa y la sostenibilidad del sistema con un acceso más ágil y equitativo de los pacientes?
La clave está en eliminar demoras y duplicidades que no aportan garantías, no en rebajar la exigencia científica. Debemos distinguir tres decisiones que a menudo se confunden: la autorización de un medicamento, la evaluación de su valor clínico añadido y la decisión sobre su financiación y precio. El nuevo marco europeo de evaluación de tecnologías sanitarias favorece la colaboración en la evaluación clínica, mientras mantiene las competencias nacionales sobre financiación y organización sanitaria.

«Los centros deberían revisar sus controles de acceso, la trazabilidad de las consultas, sus contratos tecnológicos y sus planes de respuesta y recuperación ante incidentes»

Desde esa distinción, considero prioritario reforzar la transparencia de los procedimientos, establecer plazos efectivos y motivar las decisiones de forma comprensible. Las evaluaciones clínicas conjuntas europeas deben aprovecharse para evitar repetir trabajo y concentrar los recursos nacionales en aquello que realmente corresponde decidir en nuestro sistema. También propongo una participación estructurada de profesionales y pacientes, con garantías de independencia y gestión de los conflictos de interés.

Cuando la evidencia inicial sea prometedora, pero exista incertidumbre relevante, deberíamos disponer de instrumentos jurídicos claros para un acceso condicionado, con compromisos verificables de generación de evidencia, seguimiento de resultados y reevaluación. No se trata de financiar cualquier novedad por el hecho de ser nueva, sino de identificar qué innovación aporta un beneficio real y en qué condiciones debe incorporarse.

La equidad requiere, además, que una decisión favorable de financiación se traduzca en un acceso efectivo conforme a criterios clínicos comunes, evitando diferencias territoriales injustificadas y basadas en el código postal de residencia. Pero el acceso no termina con la autorización o la financiación: el medicamento tiene que llegar al paciente. Por eso, el marco jurídico debe reconocer y reforzar el papel de la farmacia comunitaria y de la distribución farmacéutica de gama completa. La contribución de cooperativas como Cofares, que nos acompaña una vez más en nuestro congreso, ilustra la importancia de contar con una red de distribución que apoye a las farmacias y facilite la disponibilidad de los tratamientos, también en el medio rural. Debemos proteger esa capacidad de vertebración territorial y favorecer la continuidad del suministro, la trazabilidad y la seguridad de la cadena del medicamento.

«En tecnología sanitaria, debemos avanzar hacia una contratación que valore no solo el precio de adquisición, sino también los resultados»

Y, en tecnología sanitaria, debemos avanzar hacia una contratación que valore no solo el precio de adquisición, sino también los resultados, la seguridad, el mantenimiento, la interoperabilidad y el coste durante toda la vida útil. La sostenibilidad no debe plantearse como lo contrario del acceso: debe ser la condición que permita mantenerlo para todos.

La mirada del paciente ocupa un espacio propio en el programa. Ante el avance de la atención digital y la asistencia transfronteriza, ¿qué garantías deben reforzarse para que el paciente pueda decidir de forma informada, mantener la continuidad de sus cuidados y ejercer sus derechos?
El punto de partida es que la digitalización debe ampliar las posibilidades del paciente, no reducir sus garantías. La autonomía, la información y la confidencialidad siguen siendo esenciales; lo que debemos hacer es asegurar que se ejercen de manera efectiva en los nuevos canales asistenciales. Como he señalado en otras ocasiones, la transformación digital no es solo un cambio tecnológico: también modifica la relación del ciudadano con la atención sanitaria.

En primer lugar, propondría reforzar una información verdaderamente comprensible. El paciente debe saber quién le atiende, qué puede resolverse a distancia, cuáles son las limitaciones de esa modalidad y cuándo necesita una valoración presencial. Cuando una herramienta de inteligencia artificial tenga una intervención relevante en su atención, la información debe permitirle comprender su función y quién mantiene la responsabilidad clínica. No deberíamos confundir informar con acumular formularios o solicitar aceptaciones que nadie entiende.

«El punto de partida es que la digitalización debe ampliar las posibilidades del paciente, no reducir sus garantías»

En segundo lugar, necesitamos proteger la continuidad asistencial. La movilidad del paciente debe acompañarse de información clínica accesible, segura y útil para el siguiente profesional. En este ámbito, quiero reconocer especialmente la labor de la Fundación IDIS, presente en este Congreso, que, a través de su proyecto miHC, ha impulsado un avance muy valioso en la interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada, facilitando que los pacientes puedan acceder a su información y compartirla con los profesionales que les atienden. Ese es uno de los objetivos del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que prevé ampliar progresivamente el intercambio de resúmenes clínicos, recetas, resultados e informes entre los Estados.

En la asistencia transfronteriza, considero igualmente importante que el paciente conozca antes de desplazarse las condiciones de acceso, los posibles costes, los requisitos administrativos y las vías para reclamar. La interoperabilidad de los datos no debe confundirse con una garantía automática de cobertura económica.

Por último, debemos evitar que el canal digital se convierta en una barrera. La edad, la discapacidad, el idioma o la falta de habilidades tecnológicas no pueden traducirse en una atención de menor calidad. Defendería una asistencia digital accesible y acompañada, con alternativas presenciales cuando sean necesarias. El paciente debe poder participar en las decisiones, no quedar obligado a adaptarse a un sistema que no comprende.

«Necesitamos proteger la continuidad asistencial. La movilidad del paciente debe acompañarse de información clínica accesible, segura y útil»

La perspectiva One Health amplía el foco hacia la relación entre salud humana, animal y medioambiental. ¿Está preparado nuestro marco jurídico para abordar esta interdependencia y qué barreras habría que superar para facilitar la coordinación entre profesionales y administraciones?
Diría que disponemos de piezas normativas y de experiencia profesional para avanzar, pero debemos mejorar su conexión. El enfoque One Health nos obliga a dejar de abordar de forma aislada problemas que relacionan la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente. La OMC ha respaldado esta perspectiva, y desde su entorno profesional se viene insistiendo en que debe traducirse en decisiones y colaboración efectiva, no quedarse en una declaración de principios.

Personalmente creo que la principal barrera es la fragmentación: competencias distribuidas entre administraciones, estructuras sectoriales que trabajan en paralelo y dificultades para compartir información y activar respuestas conjuntas. Por eso, más que comenzar por reclamar una nueva ley omnicomprensiva, propondría identificar dónde fallan los mecanismos de coordinación y dotarlos de obligaciones, recursos y responsables concretos.

«Necesitamos protocolos estables entre salud pública, asistencia sanitaria, sanidad animal y autoridades ambientales»

Necesitamos protocolos estables entre salud pública, asistencia sanitaria, sanidad animal y autoridades ambientales; sistemas de vigilancia capaces de relacionar la información relevante; y reglas claras sobre comunicación de riesgos y actuación ante alertas. También debemos facilitar la formación y el trabajo conjunto de médicos, veterinarios, farmacéuticos y otros profesionales, respetando las competencias de cada uno.

La consecuencia jurídica de One Health es que la prevención no puede quedar encerrada en un único departamento. Hay que incorporar de forma real la protección de la salud a decisiones sobre medio ambiente, alimentación, urbanismo o producción. Esa mirada transversal enlaza con una convicción presente en la trayectoria de nuestra Asociación: el Derecho Sanitario es un espacio de encuentro entre disciplinas y profesiones, porque proteger la salud exige mucho más que regular el acto asistencial.

Podcast

Podcast

Especiales

Atención primaria

Sanidad privada

iSanidadental

Anuario

Accede a iSanidad

Buscar
Síguenos en