A pocas semanas de la próxima cita electoral hay, lamentablemente, una conclusión concreta sobre el grado de preocupación que por los temas de la Sanidad tienen casi todos los partidos políticos que a ellas concurren. En los tediosos programas es más un relleno que una preocupación. Solo en la Comunidad de Navarra parecen habérselo tomado con mayor seriedad.
Castilla-La Mancha acaba de sacar a consulta pública un borrador de proyecto en el que pretende regular los requisitos por los que deben regirse las obligadas sedaciones a los pacientes en determinado tipo de operaciones, para prescindir de los servicios de los especialistas en esta materia, de manera que puedan ser realizados por licenciados en Medicina, internistas o, incluso, por los enfermeros.
Este proyecto que ha hecho saltar los resorte de preocupación a la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, alegando que esta labor no puede ni graduarse en niveles y que, además, solo debe ser realizada por los especialistas en anestesia. El Presidente de SEDOR, Fernando Gilsanz, ha realizado recientemente unas declaraciones en las que rotundamente incide en la imprecisión terminológica del citado borrador, en su confusionismo y en que la sedación no puede graduarse en niveles del grado I, II y III, ni ser realizada por un internista o cualquier licenciado en Medicina, especialmente si se piensa que sus posibles errores tendrían que ser soportados directamente por los pacientes.
En otros aspectos, la ambigüedad es la que sigue presidiendo la mayoría de los enunciados de los proyectos políticos. Por ejemplo, en IU y Podemos, se encuentran ideas que acaban en un rosario de medidas demasiado generalistas que tienen el trasfondo de la universalidad de la Sanidad, la conveniencia de la privatización de algunos de los actuales servicios públicos, o su simple mejora –sin concreción de ningún tipo- de la Atención Primaria y la eliminación de cualquier clase de copago farmacéutico. Unas propuestas sin concretar que no permiten ver un programa de actuación a poco más de veinte días de pasar por las urnas. El programa socialista, en la misma línea, no le dedica más de una página a estas cuestiones.
El PP, que ha sido uno de los últimos partidos en airear sus 22 propuestas, tan amplias como cargadas igualmente de generalidades como las de “continuar impulsando el desarrollo de la Sanidad centrada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad“. Otra de sus metas es asegurar la suficiencia y estabilidad económica del SNS, que debe conseguirse a través de los acuerdos puntuales, marcándose también como meta la realización de unos acuerdos plurianuales de financiación sanitaria, regulando los procedimientos de compensación interterritoriales, regulándolos adecuadamente. En el capítulo de nuevas prestaciones o ampliaciones de cobertura, se encuentran las referidas a la salud bucodental, la corrección visual para mayores, la rehabilitación cardíaca, las mejoras en otoprótesis y otras pocas más.
En líneas generales, los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) inciden en proponer una mejora en el confort hospitalario, que acabaría con una reducción del número de camas por habitación, con objeto de mejorar el contexto en el que trabajan los profesionales sanitarios, para lo cual habría que realizar una regulación definitiva de la carrera profesional y establecer una nueva fórmula que potencie y mejore el sistema de selección de los MIR igual que la de los farmacéuticos, los veterinarios, los biólogos y los químicos. En definitiva, todo un plan estratégico de desarrollo de los recursos humanos, acompañado de otro más integral de formación para incrementar las ofertas públicas de empleo, con objeto de reducir drásticamente los problemas de interinidad. El PP también mantiene el objetivo teórico de revisar el papel del Comité Consultivo del SNS.
Continuando con la misma línea de ambigüedad, el PSOE aspira a poner en marcha un ambicioso proyecto de mejora del sistema sanitario público, “su fortalecimiento es particularmente importante ahora, dado que el actual Gobierno, tal como en su día hiciera la Canciller Margaret Thatcher, al lanzar varias cargas de profundidad contra la sanidad pública, especialmente con la reforma del IRPF, que subvencionaba con un 35% a las empresas que suscribieran seguros sanitarios privados para sus empleados, eximiendo a estos de declararlos como pago en especie”.
El líder de Ciuidadanos, Albert Rivera, no se aparta de la idea de que debe promocionarse una sanidad pública eficiente y saneada, pero solo para los españoles y los inmigrantes legales. Canarias propugna la existencia de menos camas en hospitales, para que redunde en que se puedan realizar más pruebas en Atención Primaria.
Navarra es la única comunidad que parece estar más preocupada por el razonamiento de sus proyectos, y se defiende la idea de “recuperar” antes al médico, a base de levantar su ilusión profesional para mejorar la gestión sanitaria. La directora general del Servicio Navarro de Salud, Cristina Ibarrola, apuesta por un pacto por la Sanidad en el que la Administración, los ciudadanos y las demás fuerzas políticas dibujen un modelo sanitario de consenso, dedicando más fondos a la investigación y a la formación. Todo para tratar de llevar a cabo unos cambios que redunden en una mejora asistencial, empezando por la propia Atención Primaria.
..Lola Granada
