La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba ha condenado la agresión sufrida el pasado miércoles 1 de julio por parte de dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, que depende de la Administración autonómica.
A través de un comunicado, la Junta, además de condenar “enérgicamente este incidente” y expresar la “más absoluta repulsa” ante sucesos de este tipo, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, a la vez que ha manifestado su “respeto a la labor profesional de los forenses”, cuyo trabajo considera “fundamental”, ya que son los “encargados de auxiliar a jueces y magistrados”, como peritos al servicio de la Administración de Justicia.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba, ha mostrado su “más firme rechazo” al suceso, y es que el sindicato considera “totalmente injustificadas” este tipo de actitudes que reflejan “la gran desprotección que padecen los trabajadores públicos”. El Sector de Justicia de CSIF en Córdoba pidió a la Consejería de Justicia e Interior “un incremento de las medidas de seguridad para evitar estos episodios”.
Los hechos se remontan al miércoles 1 de julio, cuando el padre de un menor que estaba siendo atendido en las instalaciones de la sede del Instituto de Medicina Legal de la capital cordobesa, agredió a dos médicos forenses, uno que estaba atendiendo al menor, y otro que intento mediar en la disputa.
Un agente de la Guardia Civil que prestaba servicio de seguridad en el IML, dio señal de aviso al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos efectivos al personarse en el escenario del suceso, redujeron y detuvieron al hombre que trasladaron a la comisaría, para ser puesto a disposición judicial.
Los médicos forenses que sufrieron la agresión fueron llamadas a declarar en un juicio rápido en el Juzgado de Guardia al día siguiente de la agresión (2 de julio) por un presunto delito de atentado contra la autoridad, conforme a la reciente reforma del Código Penal, derivándose el asunto al Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba, que dictará sentencia en breve. El presunto agresor podría ser condenado por un delito de atentado conforme a la reforma del Código Penal.
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