La vacunación es una de las mejores armas que tiene la sanidad para evitar enfermedades

¿Se puede o se debe obligar a vacunar a alguien para evitar posibles perjuicios a otros? Este es un debate ético de actualidad y controvertido en el que se entremezclan principios bioéticos de no maleficencia, justicia, beneficencia y autonomía y que hoy jurídicamente sí tiene una respuesta: actualmente no se puede obligar en España a vacunarse, salvo en situaciones especiales muy concretas.

Como se ha puesto de manifiesto en un taller celebrado en el 37º Congreso Nacional de SEMERGEN, recientemente finalizado en Valencia, hay muchos temas que se plantean en torno a la vacunación que implican aspectos éticos y jurídicos. Partiendo de que en España la vacunación es voluntaria, surgen dudas respecto a la responsabilidad individual y colectiva de los perjuicios que se pueden causar a un tercero si no se vacuna una persona, ya sea un niño, un adulto o un profesional de la salud.

La posición de los profesionales
Ante este debate, la posición mayoritaria de los profesionales es la de vacunar desde el convencimiento y no desde la obligación ni la imposición. Como explica el Dr. José Francisco Díaz Ruíz, Jefe de Sección de Ordenación de Recursos Sanitarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, “esto no es fácil, sobre todo porque aún hay muchos profesionales que tampoco están convencidos de la necesidad de vacunarse”. Por ello, aconseja, “hay que realizar un primer proceso de fomento del autoconvencimiento en aquellas personas que no lo estén, de autoresponsabilización de las posibles consecuencias de no hacerlo y llevar a una labor de concienciación a toda la población, paciente a paciente, de las ventajas y beneficios para todos de vacunarse frente a las distintas enfermedades para las que disponemos de vacunas”.

Para garantizar el éxito de esta estrategia, insiste el Dr. Díaz Ruiz, “es crucial dejar muy claros los beneficios de la vacunación, que se vean sus efectos positivos frente a las pocas ocasiones en las que, no hay por qué negarlo, pueden aparecer efectos adversos”. Sin embargo, matiza, “también estos efectos adversos deben ser reales, no falsos e inventados”.

Como defiende SEMERGEN, la vacunación ha evidenciado ser una de las mejores armas que la sanidad tiene para evitar enfermedades, mediante una prevención primaria. Por ello, recomienda a la población general que se informen adecuadamente de los beneficios y riesgos reales de las vacunas y no se dejen llevar por teorías conspirativas o falsos mitos con base supuestamente científica; y a los profesionales sanitarios antivacunas, que también los hay, se les aconseja que revisen la evidencia científica disponible y tengan en cuenta su responsabilidad y el riesgo que supone para sus pacientes su actitud.

Eficacia y seguridad contrastadas
Actualmente, cuando una vacuna se comercializa es porque se ha ensayado durante el tiempo suficiente como para asegurar su eficacia y seguridad. Los efectos secundarios quedan claramente indicados en su ficha técnica y el control en España de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) garantiza las condiciones de utilización. Otra cosa es el debate posterior de si debe ser financiada o no, si debe ser de dispensación libre u hospitalaria, si debe entrar en calendario o no, etc.

Pero también se advierte del riesgo de que “la vacunación muera de éxito”, al permitir que las enfermedades prevenibles mediante las vacunas hayan disminuido tanto que se fomente entre la población y los propios profesionales sanitarios la pérdida de percepción del riesgo que suponen dichas enfermedades.

Propuesta de cambio legislativo
La legislación en España, en términos generales, es “garantista”, es decir, cuida mucho la libertad individual, que prima sobre otros principios. Por eso, actualmente no puede obligarse a vacunar a nadie, salvo en casos muy concretos. En otros paises la vacunación tiene un mayor caracter de obligatoriedad, sobre todo en ámbitos específicos, “sin que al parecer esto plantee problemas legales, éticos o morales”, apunta el Dr. Díaz Ruíz.

En este contexto, propone este experto, “parece razonable plantear en nuestro país un cambio legislativo que obligue a vacunar en situaciones concretas”. A su juicio, “a nadie le extrañaría obligar a vacunarse frente a determinadas enfermades a profesionales sanitarios que desarrollan su labor con pacientes de alto riesgo, como neonatos, quemados o inmunodeprimidos”, pero esto, prosigue, “debe plantearse desde el convencimiento inicial de dichos profesionales: si no es así, no tendría aceptación”.

Aunque el movimiento antivacunas es de menor magnitud en España que en otros países de nuestro entorno, “siguen la misma estrategia de tener una gran capacidad de comunicación y de seducción, sobre todo a nivel de internet y las redes sociales”, indica el Dr. Díaz Ruíz.

En España, las tasas de vacunación infantil son muy altas, con cifras que superan el 90% en líneas generales (la tasa de vacunación depende del tipo de vacuna, edad del niño y comunidad autónoma). En adultos las cifras son bastante más bajas, no llegándose en muchos lugares a los niveles mínimos aconsejados por la OMS del 70 ó 75%. Sin embargo, donde la situación es más preocupante es en los profesionales sanitarios, con unas cifras en muchas ocasiones claramente insuficientes, por debajo del 30%.

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