La Policía Nacional ha detenido a más de una decena de personas en una operación en la Comunidad de Madrid por supuestos delitos económicos relacionados con clínicas dentales de Vitaldent, entre ellos el dueño de la franquicia, el uruguayo Ernesto Colman por supuesto delito fiscal.
Fuentes de la investigación informaron a Efe de que la operación, que desarrolla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, continúa abierta y que es fruto de numerosas denuncias de clientes.
’Operación Topolino’, que así se llama, sus primeras pesquisas contra Vitaldent, señalan al dueño de la empresa, Ernesto Colman, que exigía a sus franquiciados que le pagasen el 10% de lo acordado en metálico, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.
Según las fuentes consultadas, además del dueño, entre los 13 detenidos por la Policía se encuentra también, Vicente Samper, su director comercial desde 2005 hasta hace tan solo unas semanas. Samper se encargó de la expansión de Vitaldent tanto en España como en Portugal, Italia o Estados Unidos. Otro de los arrestados según las mismas fuentes es Bartolo Conte, vicepresidente de la compañía.
‘Modus operandi’, desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España
El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España y se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios.
Siempre según las mismas fuentes, los detenidos cuentan con una empresa de alquiler de aviones o caballos pura sangre. También compraban fincas, varias de ellas en el Valle de Arán (Lérida).
En el marco de la ‘Operación Topolino’ desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor, varios de alta gama, y un avión valorado en un millón de euros.
También está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV por importe de cinco millones de euros, y la prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.
Han precisado que las clínicas siguen funcionando y atendiendo a sus clientes. Mientras, fuentes jurídicas han precisado a Efe que la causa la instruye el juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados.
La juez ha ordenado registros, según las mismas fuentes, que se están practicando
Según las fuentes consultadas, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se dirige contra el dueño de la clínicas Ernesto Colman, Bartolomé Conde y otras personas de la dirección del grupo.
Esta es la segunda operación vinculada a una red de clínicas dentales tras la desarrollada el pasado 29 de enero cuando fue detenido el responsable de Funnydent, Cristóbal López, por un delito de estafa tras el cierre inesperado de los nueve centros que disponía en Madrid y Cataluña.
El Consejo General de Dentistas reclama la implicación del Gobierno
El Colegio de Dentistas, ante los hechos acaecidos, no ha tardado en posicionarse, por ello ha reclamado la implicación del Gobierno para llevar a cabo un cambio normativo que salvaguarde los derechos de los pacientes y profesionales afectados.
Así, en un comunicado, ha pedido que la ley obligue a que la mayoría del patrimonio social y del número de socios en este tipo de sociedades correspondan a profesionales para poder vincular la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética y praxis profesional.
De esta forma, se evitaría que el control de las clínicas dentales estuviera en manos de empresarios ajenos al sector que lo que persiguen, en la mayoría de las ocasiones, es “obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible”.
También solicitan a la Administración que regule la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional para erradicar los casos de publicidad engañosa y “acotar las ofertas en el campo de la salud”, porque “la salud de las personas nunca está de oferta”.
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