El consejero de Sanidad de Cataluña, Toni Comín, ha asegurado que si Quirón no vende el Hospital General de Cataluña por 50 millones de euros, a pagar en 10 años, la consecuencia sería dejar de concertar en este hospital la actividad de radioterapia y hemodinámica entre otras. Esta es una colaboración que tiene más de 20 años de historia.
Además, la formación política CUP ha animado al consejero a solicitar la cesión gratuita de este centro al sistema público porque entienden que ya se había pagado el Hospital con la concertación de sus servicios.
Sin embargo, desde Quirónsalud ha asegurado que “el Hospital General de Cataluña no está en venta” y ha confirmado que no hay ninguna oferta formal por parte de la Consejería.
Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se ha asegurado lo siguiente:
“A nuestro juicio, este anuncio, además de provocar una gran sorpresa y una profunda sensación de inseguridad entre trabajadores (más de 1.200 empleados), pacientes y en las propias instituciones catalanas, se realiza en un momento en el que la escasez de presupuestos hace que los proveedores privados cobren de una manera muy irregular los servicios prestados al CatSalut.
Una vez más, nos encontramos ante una situación en la que la ideología se pone por encima de la lógica y de la salud de los ciudadanos, un derecho constitucionalmente reconocido que debería protegerse y garantizarse sin interferencias políticas o prejuicios ideológicos. Desde ASPE venimos animando a las administraciones a despolitizar la sanidad y dar prioridad a la estabilidad del sistema y la calidad de la atención, optimizando los recursos existentes y tomando decisiones en función de criterios objetivos de coste-efectividad que permitan proporcionar a los ciudadanos la mejor atención sanitaria posible.
Recordemos que los poderes públicos deben actuar en todo momento guiados por el absoluto respeto a los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad privada, y apoyados en valores consagrados en ordenamientos jurídicos propios de un Estado de Derecho como son la legalidad y la seguridad jurídica.
La Sanidad no se puede ver inmersa en un debate continuo sobre cuestiones distintas a la que realmente importa a los ciudadanos: la calidad de la prestación sanitaria recibida. Nuestros políticos deben ser tan eficaces como inteligentes para saber gestionar todos los recursos de los que disponen, tanto públicos como privados, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad actual y otras cuestiones como la calidad asistencial, la libertad de elección del paciente o la accesibilidad y equidad del sistema, por encima de la titularidad del proveedor de los servicios.
Por otra parte, la Alianza de la Sanidad Privada quiere volver a mostrar su apoyo a las diferentes fórmulas de colaboración público-privada, que contribuyen a aumentar la eficacia del sistema y son esenciales para mantener la accesibilidad de los ciudadanos a la sanidad, reducir las listas de espera y controlar el gasto sanitario.”
