“Garantizar la equidad es lo más importante”, y es que así aseguraba ayer el consejero de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, como su departamento está trabajando en la regulación de la actividad sanitaria privada en centros públicos. Esa afirmación fue como respuesta a la pregunta del diputado del SíQueEsPot Albano-Danto Fachin en relación a la actividad privada en centros públicos, en la que Comín se refirió a su decisión de disolver Barnaclínic como empresa privada que actúa en el Hospital Clínic de Barcelona después de un informe de la Sindicatura de Cuentas donde se alertaba que no se adecuaba “de manera suficientemente clara” a la ley.
Como informa Europa Press, Comín reivindica que esta decisión viene a demostrar que la regulación de la actividad privada en todos los centros públicos es una prioridad y, además, defiende que hoy por hoy no se puede hablar que haya actividad privada ilícita en centros públicos ni conflictos de intereses en las listas de espera por motivos económicos, por lo que Fachin le ha instado a desmentir el informe de la Sindicatura de Cuentas. Ante este cruce de “dimes y diretes”, Comín afirmó que “no lo desmentimos y por eso el 24 de marzo anuncié la disolución del Barnaclínic”, al mismo tiempo que ha asegurado que la nueva entidad jurídica garantizará el cumplimiento de la legalidad y evitará posibles malas praxis.
En concreto, la nueva regulación diferenciará bien la actividad privada en centros concertados que no son propiedad de la administración, de la que se lleva a cabo en centros 100% públicos, así como la actividad relacionada con la cartera de servicios financiados públicamente, en la que hay lista de espera, de la que no está incluida en este paquete.
Fachin asegura que los pacientes que “repagan” se priorizan en las listas de espera y pasan por delante de quienes no pueden permitirse sufragarlo, que son relegados a hacerse pruebas en horarios nocturnos y fines de semana. Por ello, ha exigido acabar de inmediato con la actividad privada en los centros públicos y a preservar las instalaciones y las plantillas en beneficio de la actividad pública, concluye Europa Press.
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